TÓPICO DE ACTUALIDAD
Año: XXXVIII, 1997 No. 889
Nota del editor: Alejandro Gómez es egresado de la Universidad de Chicago. Actualmente es Profesor de Historia Económica en la Universidad del CEMA en Argentina y Profesor Visitante de la Universidad Francisco Marroquín.
La crisis económica argentina: Es consecuencia de la debilidad institucional
Alejandro Gómez
Desde diciembre del 2001, Argentina ocupa las primeras planas de los diarios de todo el mundo como consecuencia de la crisis económica que llevó a la caída del gobierno del Dr. De la Rúa. La mayoría de los que se han encargado de estudiar y analizar el tema se han centrado en la faceta económica de la misma, tratando de explicar las causas y consecuencias de dicha crisis desde la teoría macroeconómica. Mi objetivo en el presente informe es ir más allá, analizando algunas de las falencias institucionales que permitieron a nuestros gobernantes llevarnos hasta esta situación límite. Por este motivo sostengo que la crisis económica argentina es consecuencia de la debilidad institucional. Las preguntas que todos se hacen son: ¿Cómo puede ser que Argentina esté en la presente situación de caos político, social y económico? ¿Cómo puede ser que un país que estuvo entre los que mejores perspectivas de crecimiento tenían en las primeras décadas del siglo veinte, ahora sea noticia en todo el mundo por el descalabro económico en el que se encuentra? Mi respuesta, más allá de las consideraciones del análisis económico, se basa en que Argentina comenzó su camino descendente al alejarse de las premisas filosóficas de la Constitución Nacional de 1853.
Un poco de historia
Si hacemos un poco de historia y nos situamos a mediados del siglo diecinueve, nos encontraremos con un país que recién se estaba formando y que venía de más de cuatro décadas de luchas externas (las guerras de independencia) e internas (la lucha entre Buenos Aires y las provincias). Argentina era una Nación en formación con escasez de población, de capitales, de infraestructura, y la ausencia de un marco jurídico aplicable a todo el territorio. Pues bien, ¿cómo pudo ser que este país marginado desde la época de la conquista y poco desarrollado desde su independencia pudiera al cabo de pocas décadas convertirse en una de las mecas de la inmigración y la inversión europea?
La respuesta está en la Constitución de 1853. El inspirador de la misma fue el publicista argentino Juan Bautista Alberdi, quien en su libro Las bases sugirió un esquema constitucional a los diputados constituyentes. La filosofía liberal de nuestra Carta Magna fue una de las principales herramientas que permitió el espectacular crecimiento que tuvo Argentina entre 1880 y 1930.
Bajo su vigencia, el gobierno se convirtió en el garante de los derechos individuales, liberando las fuerzas creativas de los ciudadanos para realizar cualquier tipo de actividad, al tiempo que el derecho de propiedad se respetó como nunca antes en la historia nacional.
Bajo este marco jurídico el país crece a ritmos mayores que los de la mayoría de los países desarrollados. Las inversiones extranjeras se multiplicaron, la inmigración enriqueció al país con su aporte de trabajo y sacrificio (llegando a ser la nación con mayor porcentaje de extranjeros con respecto a los nativos), las exportaciones crecieron convirtiendo Argentina en el granero del mundo. Paralelamente, la población mejoraba su calidad de vida gracias a la ley de educación laica y a la reforma universitaria (lo que nos convirtió en uno de los países con menor tasa de analfabetismo en ese momento). [1]
La filosofía liberal de nuestra Carta Magna fue una de las principales herramientas que permitió el espectacular crecimiento que tuvo Argentina.
Lamentablemente, esta tendencia se revertiría a partir de la década del treinta. Las políticas populistas y nacionalistas llevarían a todos los gobiernos posteriores a abandonar los postulados liberales de nuestra Constitución. El keynesianismo llegó al país de la mano del populismo.
En poco más de 20 años, se dilapidó el ahorro y el sacrificio de las generaciones precedentes. Las ideas distribucioncitas estuvieron a la orden del día. Juan Domingo Perón (presidente entre 1946 y 1955) encarnó el ideario intervencionista en el país: nacionalización y estatización de la banca, de las empresas de servicios públicos, barreras aduaneras, créditos subsidiados, control de la política monetaria; todo lo cual significó el inicio de la decadencia nacional.
El Estado Benefactor ocupó el rol de empresario y protector de los ciudadanos. Los derechos y libertades consagradas por la Constitución de 1853 quedaron anuladas por la sanción de una nueva constitución en 1949, en la cual se incluía la doctrina peronista. Si bien esta constitución sólo tuvo vigencia hasta 1955, el ejército de burócratas y el espíritu intervencionista del estado en la economía se fue incrementando hasta el presente. El principio de justicia social sería la excusa ideal para coartar la libertad económica y ampliar la esfera de acción del Estado.
No importa el color y ni la orientación de los sucesivos gobiernos. No importa si fueron militares o civiles. TODOS se encargaron de aumentar el gasto público para financiar sus ambiciones paternalistas e intervencionistas.
El principio de justicia social sería la excusa ideal para coartar la libertad económica y ampliar la esfera de acción del Estado.
Desde fines de los años sesenta las crisis económicas cada vez fueron más frecuentes y profundas, ya que los medios utilizados para solventar el creciente e ineficiente gasto público deterioraron la capacidad productiva del ciudadano común: la emisión monetaria (que desembocaría en la hiperinflación de 1989, licuando el ahorro de millones de argentinos), el incremento de la presión impositiva (que desalentó la inversión productiva y llevó sistemáticamente a una caída de la recaudación), y la creciente deuda externa (que de 4.500 millones de dólares en 1975 pasó a más 140.000 millones en 2001).
Todas estas medidas destruyeron lo poco que quedaba del aparato productivo nacional. Más allá de algunas privatizaciones, que se hicieron con un criterio fiscalista, con el único objetivo de financiar el creciente gasto público, el país siguió viviendo bajo un sistema intervencionista aún durante la década del gobierno de Menem. Como se puede apreciar, durante los últimos cincuenta años se hizo todo lo posible para llegar a la profunda crisis que se vive en estos días.
El problema institucional
¿Quiénes se han beneficiado con todo este desastre? La clase política y sus allegados (sindicalistas, empresarios contratistas del gobierno, etc.). A finales de 1983, Argentina recuperó la democracia. Se suponía que ese era el camino para lograr crecimiento.
Como decía el entonces presidente Alfonsín con la democracia se come, se cura y se educa (una muestra más del voluntarismo dirigista de los políticos argentinos).
Desde 1984 en adelante la clase política y su corte de burócratas sólo han sabido aumentar el gasto público improductivo y la corrupción; y lo han hecho de una forma perversamente magistral, es decir, confundiendo libertad con democracia, y democracia con elecciones. El círculo les cerraba perfecto, cualquiera que se atreviera a criticar a los políticos pasaría a engrosar la lista de los golpistas, algo que por aquellos primeros años era un cargo muy pesado de sobrellevar.
Por el contrario, todo lo que se hiciera en nombre de la democracia era bienvenido. Una vez que esta perversa maquinaria se puso en marcha no hubo nada que la detuviera.
Como señala muy bien el director de la Fundación Atlas del Sud, Gabriel Salvia, el gasto dedicado al sostenimiento de los políticos y sus asesores creció en forma exponencial en los últimos 20 años, un ejemplo de ello es el siguiente párrafo:
Al finalizar la dictadura militar en 1983, el personal del Senado era de 774 empleados. En noviembre de 1984, el personal de la cámara alta ya ascendía a 2420 personas, llegando en 1988 a 2983. Al finalizar su mandato a cargo de la Vicepresidencia de la Nación (junio de 1989) el radical Víctor Hipólito Martínez, los empleados del Senado llegaban a la cifra récord de 3450. Los empleados del Senado se redujeron a 2856 en 1993 y a 2713 en 1999, cifra esta última que se repite en el presupuesto nacional del corriente año, aunque el gasto de la cámara alta en 1993 fue de U$S 109.658.000, en 1999 de U$S 139.193.200 y para el año 2001 llegó a U$S 161.898.541.
El mismo informe señala que ante el menor intento por parte de alguno de los políticos de reducir este gasto o establecer algún tipo de control a la Cámara, la reacción no se hace esperar. Tanto radicales como peronistas o representantes de partidos menores, unen sus fuerzas para evitar que se pongan límites a sus gastos. Este mismo panorama se puede observar a lo largo de todo el país.
Legisladores nacionales, provinciales y municipales se multiplican como hormigas gracias a un sistema político cerrado por el cual se aseguran su permanencia y la de sus familiares en cargos públicos con sueldos en dólares que serían la envidia de los legisladores de países desarrollados. Un cálculo muy conservador estima que el gasto total de la política en Argentina asciende a unos 10.000 millones de dólares al año por todo concepto.
Si se tiene en cuenta que a nivel nacional hay 257 diputados y 72 senadores,1.223 legisladores provinciales y poco más de 8.100 concejales, y si se multiplican estos números por 20 (que es el promedio de gente que depende de cada legislador) veremos que la cuenta no es muy exagerada. Desde el municipio más pequeño hasta el gobierno nacional, TODOS respetan una sola consigna: mantener sus privilegios.
Para ello el mecanismo electoral de las listas sábanas es ideal. Cada vez que hay una elección para legisladores el ciudadano se encuentra frente a una lista que en el mejor de los casos sólo incluye a 20 candidatos.
De manera tal que uno no sabe a quién elige (con la excepción del primero o el segundo de la lista), por este motivo luego es casi imposible conocer a quiénes nos representan y qué intereses persiguen. Como ellos mismos son los que se fijan su dieta y la cantidad de dinero que pueden manejar, no hay límites al gasto que realizan en beneficio propio.
Un ejemplo de ello son las jubilaciones de privilegio (todo funcionario público puede jubilarse con el sueldo que percibe en su cargo aunque sólo haya trabajado un mes, cuando un ciudadano común tiene que aportar por lo menos durante 30 años para acceder a dicho beneficio) o los denominados gastos reservados de que dispone cada uno de los legisladores nacionales (hasta el 2001 cada uno de ellos podía disponer de 10.000 dólares por mes para entregar a su entera discreción, lógicamente que en el 90% de los casos este dinero cae en sus propios bolsillos). Cómo podemos apreciar con este pequeño ejemplo, las instituciones en Argentina no funcionan como deberían hacerlo.
Los representantes elegidos por el pueblo, en lugar de respetar y proteger los derechos de los habitantes, sólo se dedican a conservar sus privilegios y el de los seguidores que garantizan su permanencia dentro del círculo virtuoso. Quienes deberían a su vez controlar al Poder Ejecutivo y Legislativo, también están involucrados en casos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Muchos miembros del Poder Judicial (tanto a nivel provincial como federal) han sido nombrados por los políticos a los que ellos deberían controlar y juzgar, en consecuencia, unos se cubren con otros y todos se mantienen en sus cargos indefinidamente.
¿A dónde fue a parar el dinero del creciente gasto público que se experimentó en los últimos 20 años? Yo diría que a mantener una casta de privilegiados que se hace denominar representantes del pueblo. Ellos y sus seguidores han instrumentado este sistema nefasto para la sociedad. Ellos han incrementado la deuda pública argentina hasta hacerla insostenible e impagable.
La solución a la crisis Argentina comienza por una reforma política que implica una reducción sustancial de los cargos electivos a la mitad, fin de las listas sábanas [2] , fin del monopolio de la representatividad de los partidos políticos, declaración patrimonial al iniciar y finalizar en los cargos públicos, fin de las jubilaciones de privilegio, fin del nepotismo y de los asesores familiares. Si no se hacen estas reformas que permitan transparentar y controlar mejor a nuestros gobernantes, no se podrá implementar la reforma del Estado que permita resolver el déficit fiscal estructural, con una modernización de la administración pública y una mejora en su eficiencia.
La vigencia de instituciones que garanticen los derechos individuales de libertad y propiedad son requisitos indispensables para el funcionamiento de cualquier sociedad que pretenda crecer y esto vale tanto para Argentina como para cualquier otro país.
Cuanto más limitado sea el poder del gobierno para gastar y violar los derechos de propiedad tanto mayores serán nuestras posibilidades de crecer. Hay que retornar al gobierno de las leyes, de la ley natural que garantiza a cada individuo su libertad, y terminar con el gobierno de los políticos corruptos que piensan que la ley es todo aquel proyecto que ellos logran votar en el parlamento.
Cuanto más limitado sea el poder del gobierno para gastar y violar los derechos de propiedad tanto mayores serán nuestras posibilidades de crecer.
1 La ley de educación primaria, obligatoria, gratuita y laica de 1884, incorporó a la mayoría de los niños de todo el país al proceso de alfabetización. El hecho de hacerla laica permitió que no sólo aquellos que profesaban la religión católica tuvieran acceso a la misma. Esto último es muy importante ya que era la época en la que Argentina recibía una gran cantidad de inmigrantes de todas las religiones (lo que no implica que la ley por sí sola haya eliminado el analfabetismo). En cuanto a la reforma universitaria de 1918, permitió una apertura de los claustros docentes (que hasta ese momento se otorgaban por influencias y eran casi hereditarios), lo que posibilitó una mejor calidad académica y más posibilidades de acceder a la educación superior por parte de las clases medias en gran crecimiento por aquel entonces.
2 En las elecciones de legisladores en las que hay que elegir a más de un candidato (por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires son alrededor de 140 diputados que se eligen al Congreso Nacional cuando se renueva la mitad de la Cámara de Diputados), cada partido presenta una lista con sus candidatos, obviamente que habiendo 140 nombres en la lista uno sólo puede conocer a los 5 primeros a lo máximo. Es decir, que el resto de los legisladores uno ni los conoces, ni sabe a qué intereses representa. Por el tamaño de semejante lista se la denomina lista sábana, en la que uno vota por todos juntos.
Los designios monetarios contemporáneos carecen de solidez, y con el tiempo todos resultaran fútiles. La verdad es que ninguna solución del problema monetario, nacional o internacional, será posible hasta que se pare la inflación. Y a la inflación nadie la parará mientras tengamos el estado-beneficencia.
Henry Hazlitt (1962)