TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XX, Noviembre 1979 No. 449

N. de D.: El Dr. Robert G. Anderson es secretario ejecutivo y director de estudios de la Foundation for Economic Education. El presente artículo fue publicado en abril del presente año en el Diario La Prensa, de Buenos Aires, Argentina.

Trabajo: ¿Productivo o inútil?

Robert G. Anderson

«El consumo es el único objeto y fin de la producción» Con esta afirmación que figura en «La riqueza de las naciones» hace doscientos años Adam Smith definió claramente el problema.

Sin embargo, esta verdad económica fundamental se ignora en el mundo de hoy. Gran parte de la prensa y de la retórica política centran toda su atención en la creación de fuentes de trabajo. El clamor de los desempleados y su presunta imposibilidad de conseguir empleo, se han transformado en una de las preocupaciones más acuciantes de nuestras sociedades.

Esta principal preocupación de crear fuentes de trabajo tiende a ocultar el fin último de cualquier ocupación útil. El pleno empleo se ha convertido en un fin en sí mismo. Y se supone que una sociedad humana alcanza su objetivo supremo si todos sus miembros están empleados, sin importar si las ocupaciones son realmente productivas. La teoría económica predominante sostiene el absurdo de que el objeto de la producción es crear trabajo. Pero la realidad es otra: se produce para disfrutar de los frutos de la producción.

El hecho de que el trabajo sea valioso en cuanto contribuye a modelar el carácter, no invalida la necesidad económica de que debe ser productivo. Tal como lo señaló Adam Smith, en una sociedad libre se produce para consumir. La creación de empleos que genera más producción nace del deseo de consumir más.

El afán de lograr el pleno empleo a cualquier precio como objetivo político, está en conflicto con el ideal de una sociedad de seres humanos libres. El fin político de la «creación de trabajo», no sólo implica el uso de la fuerza para lograrlo, sino que además provoca un derroche de los siempre escasos recursos, a causa de la equivocada asignación masiva de tareas en el mercado laboral.

En una sociedad libre, el deseo de consumir más, generará más y más trabajos productivos. En cambio, la creación de «empleos» públicos improductivos mediante la acción política obstaculiza el esfuerzo para producir, porque transfiere los siempre escasos recursos del mercado productivo hacia el sector público. En una sociedad libre, este último sólo absorbe los recursos indispensables para que el Estado cumpla sus limitadas funciones.

En una sociedad de mercado no intervenido, todos los individuos que buscan empleos productivos encuentran trabajo. Con competencia libre entre los empleadores y con tasas de salarios no interferidas por ninguna compulsión, siempre habrá empleo para todos los que desean emplearse. Cada individuo, guiado por su propio interés, maximiza su trabajo productivo en un esfuerzo por lograr el objetivo de consumir más. Los empleos creados así, naturalmente, son el medio fundamental para que los individuos, actuando voluntaria y pacíficamente, alcancen un nivel de vida y de consumo más elevado.

En general, desgraciadamente, las sociedades actuales no gozan en el ámbito económico de los beneficios de la libertad antes mencionada. Durante muchos años, la intervención del Estado ha provocado distorsiones generalizadas y permanente desempleo en grandes sectores del mercado laboral. Monopolios, como los «cárteles», creados y protegidos por actos de gobierno, impiden la competencia laboral; leyes sobre salario mínimo impiden que consigan ocupación los trabajadores de baja productividad; legislaciones en materia de un supuesto bienestar social, alientan a la gente al ocio; y la inflación generada por los gobiernos en pos del «pleno empleo» provoca las recesiones y crisis económicas. Estos factores, junto con muchos otros, han creado en muchas partes un plantel permanente de desocupados o, peor aún, de los denominados «no empleables».

En vez de analizar las causas políticas del desempleo y la consiguiente pérdida de consumo originada por dicha desocupación, toda la atención está centrada en el desempleo mismo. Los gobiernos, como ocurre también en otros casos, atacan los efectos adversos de sus erradas acciones anteriores, en lugar de suprimir las propias interferencias causantes del problema. Irónicamente, el remedio para el desempleo generado por los gobiernos sigue apuntando al efecto y no a la causa.

Porque la respuesta política parece muy sencilla: el modo de eliminar el desempleo es hacer del Estado un «empleador de última instancia». Al fin y al cabo, las sociedades de tipo socialista no tienen el problema de la desocupación, por cuanto el sistema socialista garantiza trabajo a todos los individuos. Entonces, ¿por qué no tomar prestada otra de las tantas «virtudes» socialistas para «resolver» uno de nuestros problemas más importantes?

Pero este proceder implica perder de vista la realidad del problema. Porque no se busca empleo por el empleo mismo; el fin que se persigue es mejorar y aumentar el consumo. Puesto que, salvo que el trabajo genere más producción de aquellos bienes y servicios que los individuos desean consumir, la labor es un esfuerzo estéril que debe evitarse. El trabajo es un gran consumidor de recursos (nos desgastamos trabajando) y el empleo beneficioso resulta sólo si procura un rendimiento superior al valor de los recursos gastados.

La falta de comprensión de esta verdad económica ha conducido a la adopción de políticas tendientes al empleo de un número mayor de trabajadores del necesario en determinados sectores; a horarios de trabajo reducidos; a reglamentaciones laborales restrictivas; y a llevar ataques contra la mecanización, etcétera. La creencia falaz de que sólo existe una cantidad determinada de trabajo, y de que únicamente pueden crearse más empleos dividiendo ese limitado trabajo existente entre un mayor número de personas, ha inducido a la adopción de los programas mencionados.

Con libertad nunca puede haber escasez o falta de trabajo, porque mientras las personas tengan necesidades, siempre estará presente el deseo de satisfacerlas. El empleo de trabajo es una carrera constante tendiente a satisfacer la mayor cantidad de necesidades humanas. La creación de empleos es una consecuencia natural del deseo del hombre de alcanzar un nivel de bienestar cada vez más alto, y no existe ningún otro medio por el cual se pueda lograr ese objetivo que trabajar más productivamente.

El mejoramiento del bienestar depende del mayor trabajo productivo. La meta de todo empleo es cosechar los mejores frutos en el menor tiempo posible. Este es el único modo que ha permitido al hombre mejorar sus condiciones materiales. En una sociedad con mercado libre, es la combinación del trabajo con el capital (mejores máquinas y herramientas), en un clima de división social del trabajo, lo que produce dicho resultado que con toda razón se anhela. El trabajo, al utilizar un volumen de capital cada vez mayor, genera una productividad en constante aumento y redunda positivamente en un nivel de consumo más alto para el trabajador.

Olvidar estos hechos económicos en favor de la creación artificial de trabajo por parte del Estado, sólo conduce a una declinación de la prosperidad. La creación de trabajo exige recursos económicos. Mientras la productividad del trabajo supere los recursos consumidos en su empleo, el crecimiento de la prosperidad, está asegurado. Un mercado que funciona libremente, guiado por indicadores de pérdidas y ganancias, donde los precios orientan la producción hacia las preferencias de los consumidores, aprovechará los recursos productivos de la manera más eficiente. Sin esa orientación del mercado libre, nunca puede conocerse el rendimiento del trabajo aplicado a una determinada tarea.

El Estado, en calidad de «empleador de última instancia», no tiene recursos propios para crear empleos. Porque, aun cuando por lo general se omite señalarlo, los «fondos de los gobiernos» son un producto de la retórica política, por cuanto los gobiernos no crean los recursos que consumen. Redistribuyen recursos ajenos. Antes de suministrar recursos, los gobiernos primero se incautan de la propiedad y el control privado de esos recursos: los confiscan en forma de impuestos.

La noción de que el Estado puede ser un «empleador de última instancia» niega la verdad citada precedentemente, e implica que los gobiernos poseen en sí mismos recursos para crear trabajo. Lo que en verdad ocurre cuando el Estado es un empleador cada vez mayor, es una intensificación del proceso político de redistribución de tareas en la sociedad. Más víctimas se ven así despojadas de sus recursos con el fin de financiar el creciente número de acólitos del Estado.

La entrega forzosa de recursos de los individuos productivos al Estado para que continúe siendo «empleador de última instancia», empobrece más aún al ciudadano que produce. Esos recursos perdidos, que de otro modo habrían sido canalizados privadamente hacia el mercado, mediante el consumo incrementado o más ahorros productivos, se transfieren en cambio al Estado para beneficiar a los nuevos «empleados».

La transferencia de los recursos mencionados crea, en efecto, empleos en el sector estatal. Lo que no crea es un mejoramiento del bienestar económico de la ciudadanía. Produce precisamente el efecto contrario.

La creciente carga del Estado sobre el sector productivo privado desalienta los esfuerzos de producción. La incautación, por parte de los gobiernos, de recursos privados, impide que el mercado los utílice para crear auténticas fuentes de trabajo productivo. El empobrecimiento adicional de los individuos productivos retarda aún más la capacidad del mercado para aumentar los empleos productivos. La futura productividad y el bienestar se ven afectados adversamente por la pérdida de los recursos redistribuidos por el Estado entre sus nuevos empleados.

Si los nuevos e innecesarios empleados del Estado pudieran generar una productividad mayor que los recursos consumidos, con seguridad el mercado ya lo habría hecho mucho antes en interés de todos. Es decir, utilizar al Estado como «empleador de última instancia», aumentando innecesariamente el número de sus servidores para lograr el «pleno empleo», es admitir que la productividad del trabajo puede ser menor que los recursos consumidos en tales ocupaciones sin dañar a la comunidad.

Cuando la meta del Estado es convertirse en un «empleador de última instancia», cuando el consumo ya no es el único fin de la producción, cuando el trabajo se transforma en un fin en sí mismo, en lugar de un medio para mejorar el consumo; entonces, la prosperidad se ve seriamente afectada. Lo que se consigue no es una mayor abundancia a través de la creación de fuentes de trabajo productivo, sino una cantidad de empleos más costosos de lo que realmente producen.