TÓPICO DE ACTUALIDAD
Año: XI, Noviembre 1970 No. 234
LEY DE GARANTÍAS
N D. Por considerarlo de interés histórico, reproducimos a continuación la Ley No. 13, del Libro II, Título VI de Guatemala.
Llamada generalmente de garantías, expedida en forma de constitución, por la Asamblea Constituyente, en 5 de diciembre de 1839, firmada por todos los diputados concurrentes a su emisión(1).
Nosotros los representantes del estado de Guatemala, reunidos en asamblea constituyente en virtud del decreto de convocatoria expedido en 25 de julio de 1838; y en uso de los poderes que nos han conferido los pueblos.
Habiendo tomado en consideración que, disuelto el pacto social del estado por causas y motivos que se expresan en el citado decreto de convocatoria, es necesario establecer las bases inalterables de justicia, sobre las cuales debe fundarse el gobierno, y que éstas sean conocidas y respetadas por los pueblos, como el fundamento de su bienestar, hemos venido en hacer y hacemos lo siguiente
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL ESTADO Y SUS HABITANTES (2)
Sección 1a.
Artículo 1o. El estado de Guatemala es soberano, libre é independiente.
Art. 2o. Forman el estado todas las poblaciones situadas entre los límites de su territorio, las cuales componen un solo cuerpo político; y ningún individuo ni ninguna reunión parcial de ciudadanos puede atribuirse la soberanía, que únicamente reside en la universalidad.
Art. 3o. La religión católica, apostólica romana es la del estado: será protegida por las leyes, y respetados sus establecimientos y sus ministros. Más los que sean de otra creencia no serán molestados por ella.
Art. 4o. El gobierno del estado es instituido para asegurar á todos sus habitantes el goce de sus derechos, entre los cuales se enumeran principalmente la vida, el honor, la propiedad, y la facultad de procurarse por medios honestos su bienestar; pero de ningún modo se establece para el interés privado, provecho personal ó bien exclusivo de ningún individuo, familia o clase particular. Por tanto el derecho de instituir el gobierno pertenece á todo el pueblo, así como el designar aquella forma que estime más adecuada á sus peculiares circunstancias; y también la facultad de modificarla y alterarla en todo ó en parte, según crea que conviene mejor á la felicidad común.
Art. 5o. Todo poder reside originalmente en el pueblo: los funcionarios públicos no son dueños, sino meros depositarios de la autoridad; sujetos, y jamás superiores á las leyes legítimamente establecidas: siempre responsables por su conducta, y obligados al cargo de residencia sobre el cumplimiento de sus deberes conforme á las leyes.
Art. 6o. El poder del pueblo tiene por límites naturales los principios derivados de la recta razón; y por objeto la conservación de la vida, honor, libertad, propiedades y derechos legítimamente adquiridos, ó que en adelante puedan adquirir los individuos de la sociedad; así también, como el bienestar común, por la conservación de las buenas costumbres, la represión de los vicios, el castigo de los crímenes, el mantenimiento y decoro del culto heredado de nuestros padres, la educación de la juventud, el premio del mérito, y el fomento de las ciencias, artes, agricultura, industria, comercio y navegación.
Art. 7o. El pueblo del estado, en toda la plenitud de su soberanía, solo tiene poder para hacer lo que es justo y conveniente para el bien de todos, y de ningún modo para obrar contra los fines sociales; menos pueden hacerlo los representantes que autoriza para establecer las leyes, ni los funcionarios ó magistrados creados para ejecutarlas.
Art. 8o. Ni el poder constituyente, ni ninguna otra autoridad constituida, tiene facultad para anular en la sustancia, ni en sus efectos, los actos públicos o privados ejecutados en conformidad de una ley preceptiva ó permisiva, vigente al tiempo de su verificación, ó sin la prohibición de una ley preexistente; y cualquiera ley, decreto, sentencia, orden ó providencia en contravención de este principio, es, ipso jure, nula y de ningún valor, como destructora de la estabilidad social, y atentatoria á los derechos de la comunidad y á los individuales.
Art. 9o. La constitución establecerá la forma administrativa por la cual debe ser regido el estado; designará las atribuciones que corresponden á cada uno de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y fijará las reglas necesarias para que ordenada y legalmente puedan hacer en ella las modificaciones ó alteraciones que la experiencia indique como convenientes para mejorar el régimen social.
Art. 10. El pacto de unión que el estado celebre con los demás de Centro-América, ratificado que sea por su asamblea constituyente o su legislatura constitucional, será religiosamente cumplido, como parte de su ley fundamental.
Art. 11. Toda ley ex post facto, ó con fuerza retroactiva, es esencialmente tiránica e injusta, y debe considerarse nula y de ningún valor, por tanto, no debe tenerse por tal ley en ningún tribunal; y el magistrado ó juez que la aplique, será en todo tiempo personalmente responsable de los daños y perjuicios, é incurrirá en la pena de perdimiento de empleo, y de perpetua inhabilidad para obtener otro.
Art. 12. Las autoridades constituidas no pueden ejercer otras atribuciones que las que en su respectiva esfera les designa la constitución.
Art. 13. El ejercicio del poder legislativo no puede delegarse en ningún caso por los representantes del pueblo, y cualesquiera disposiciones que con infracción de este principio se dictáren serán ipso jure, nulas, y harán responsables á sus autores.
Sección 2a.
Art. 1o. Son guatemaltecos todos los nacidos en el estado, ó naturalizados en él según las reglas establecidas ó que se establezcan por la constitución.
Art. 2o. La ciudadanía no es un título vano ni un tratamiento, sino un derecho al cual son anexas prerrogativas y obligaciones, y del que solo pueden gozar los que tienen las cualidades que exige la constitución.
Art. 3o. – Aunque todos los hombres tienen por naturaleza iguales derechos, su condición en la sociedad no es la misma, lo que depende de circunstancias que no es dado nivelar á ningún poder humano.
-Para fundar y mantener el equilibrio social, las leyes amparan al débil contra el fuerte, y por esta necesidad en todas las naciones, aun las menos cultas, son particularmente protegidas aquellas personas que por su sexo, edad ó falta de capacidad actual, carecen de ilustración suficiente para conocer y defender sus propios derechos.
Por tanto, hallándose la generalidad de los indígenas en este último caso, las leyes deben protegerlos á fin de que se mejore su educación, de evitar que sean defraudados de lo que les pertenece en común ó en particular, y que no sean molestados en aquellos usos y habitudes aprendidos de sus mayores, y que no sean contrarios á las buenas costumbres.
Art. 4o. Todos los habitantes del estado están obligados á ser fieles á su patria, y á defenderla, cumpliendo las leyes que determinen los casos y el modo de llenar estos deberes.
Art. 5o. Todos igualmente están obligados á contribuir para los gastos públicos, más las contribuciones deben ser generales, y calculadas de modo que cada cual concurra al sostén de la administración según su respectiva posibilidad.
Art. 6o. La esclavitud está abolida en el estado.
Art. 7o. Todos los ciudadanos del estado son admisibles á los destinos públicos, teniendo las cualidades que la ley exija para el desempeño de cada empleo.
Art. 8o. Todos los habitantes del estado tienen el derecho de publicar y hacer imprimir sus opiniones, conformándose á las leyes que deben reprimir los abusos de esta libertad.
Art. 9o. Ninguna persona puede ser perseguida ni arrestada, sino en los casos previstos por la ley y con las formalidades que ella prescriba.
Art. 10. La pena de confiscación total ó parcial de bienes queda perpetuamente abolida; más podrán establecerse penas pecuniarias en ciertos casos, designando numéricamente la suma, y verificarse comisos cuando haya defraudación.
Art. 11. Toda propiedad, ya pertenezca a alguna población, corporacion ó persona, es inviolable; más el estado, por causa de interés público, legalmente comprobada, puede exigir el sacrificio de alguna; y en este caso el dueño, antes de que le sea tomada, deberá recibir en oro ó plata acuñada, ó en bienes equivalentes, á su propia satisfacción, su justo valor, según el juicio de peritos, uno nombrado por él mismo, y otro por la autoridad, los que, bajo juramento, darán su opinión. Los servicios personales que no estén exigidos por la ley como carga concejil, serán igualmente indemnizados.
Art. 12. Ningún hombre puede ser inquietado ni perseguido por sus opiniones de cualquier clase y naturaleza que sean, con tal que por un acto positivo no infrinja alguna ley, pues en este caso queda sujeto á la pena por ella establecida.
Art. 13. A ningún hombre puede impedírselo el que pueda dejar el todo de sus bienes, si no tiene herederos forzosos, ó la parte de que aun teniéndolos puede disponer libremente, para perpetuar la solemnidad y mantenimiento del culto, ó para que se hagan sufragios perpetuos por su alma, ó para que se destinen a cualquier objeto de piedad, beneficencia, utilidad ó comodidad del público; y el gobierno jamás podrá apropiarse estos bienes.
Art. 14. El tormento está perpetuamente abolido: nadie puede ser apremiado á declarar contra sí mismo, en ninguna causa criminal, ni condenado á sufrir otra pena por delito, que la designada con anterioridad por la ley.
Art. 15. En todo proceso criminal, el acusado no podrá ser privado del derecho sagrado de ser oído por sí ó su defensor; de ser informado de la naturaleza y causa de la acusación intentada contra él; de que se le presenten los testigos cara á cara; de sacar testimonio de documentos ó de declaraciones de testigos ausentes que puedan probar su inocencia, y de ser juzgado por el tribunal ó juez propio de su territorio, establecido por ley con anterioridad á la perpetración del crimen, y observándose todos los trámites y formalidades legalmente establecidas.
Art. 16. Nadie puede ser puesto fuera de la ley por el poder legislativo ni por el ejecutivo.
Tampoco podrá serlo por el poder judicial, sino en los casos y con las formalidades expresas en las leyes.
Art. 17. Todos los habitantes del estado pueden dirigir sus peticiones á las autoridades, en la forma que las leyes arreglen el uso de este derecho.
Art. 18. Pueden todos los habitantes tener armas propias para su defensa y la del estado, y no deben ser privados de su uso, sino en los casos prevenidos por la ley.
Art. 19. Ningun habitante del estado puede ser ilegalmente detenido en prisión, y todos tienen derecho á ser presentados ante juez competente, quien en el caso deberá dictar el auto de exhibicion de la persona.
Art. 20. En lo sucesivo, los jueces y tribunales, así civiles como militares, sólo podrán imponer la pena capital por aquellos delitos determinados por las leyes vigentes, después de promulgada la constitución del estado de 1825; y por la ordenanza del ejército, á los delitos puramente militares, mientras ésta y aquellas leyes no fueren alteradas ñ derogadas.
Mas esta pena no podrá establecerse para otros casos que los designados en dichas disposiciones.
Art. 21. Todo habitante del estado, libre de responsabilidad, puede trasladarse a donde le parezca dentro ó fuera de la república y volver cuando le convenga.
Art. 22. Solo en los delitos de traición á la patria, pueden ocuparse por autoridad competente, los papeles de alguna persona; y únicamente podrá practicarse su examen, cuando sea indispensable á la averiguación de la verdad, y á presencia del interesado; devolviéndole, en el acto, cuantos no tengan relación con lo que se indaga.
Art. 23. Las cartas sustraídas y abiertas sin las formalidades que exige el artículo precedente, no harán ninguna fé en juicio, ni podrán presentarse en testimonio contra ninguno.
Art. 24. La casa de cualquier habitante del estado es un asilo que no puede allanarse, sino en los casos, y con las formalidades prevenidas en la constitución.
Art. 25. Los artículos contenidos en la precedente declaración, no podrán alterarse ni modificarse en parte alguna, sino por un cuerpo constituyente del estado, debiendo considerarse como principios y bases fundamentales del mismo estado.
Dado en el salón de sesiones. Guatemala, á cinco de diciembre de mil ochocientos treinta y nueve. Fernando Antonio Dávila, presidente. J. Mariano Vidaurre, vice-presidente. José Venancio López, vicepresidente. José Buenaventura Quiroz. Pedro Pablo Aguilar. Mariano Lopez. Juan José de Aycinena. Mateo Palacios. José Mariano Herrarte. J. Basilio Porras. J. Antonio Martinez. Manuel Maria de Castro. Marcos Dardón. Francisco de Vidaurre. Miguel Larreynaga. Francisco Benites. Bernardino Lemus. Jorge de Viteri. Manuel Gonzalez. Francisco Xavier Aguirre. Mariano de Aycinena. Santiago Solórzano. Vicente Solis. Calixto J. Arévalo. Pablo Pivaral. José Orantes. Sebastian Aceña. Pablo Hernandez. Manuel Francisco Pavon, Secretario. José Domingo Estrada , Secretario. Manuel José de Salazar, Secretario. Andres Andreu, Secretario.
(1) Véase la ley 11a., de este propio título; y en el ramo de Justicia, título 5o., libro 5o., la de 31 de julio de 1838, que mandó observar el capítulo 6o., título 2o., libro 1o. del código de procedimientos criminales.
(2) Esta ley está mandada observar y considerar como parte integrante del Acta constitutiva de la república, en el artículo 3o. de ella misma, decretada por la asamblea constituyente á 19 de octubre de 1851. (Notas del com. para la recopilación)