TÓPICO DE ACTUALIDAD
El cuento de la deuda
Rómulo López
Seguramente ha escuchado en clases de historia de su país acerca de las deudas de la independencia hispanoamericana. Las deudas impagables e impuestas por potencias extranjeras, según este cuento, torpedearon el desarrollo de nuestra región desde que fuimos países independientes hasta los tiempos actuales.
El lamento que escuchaba en las clases de historia era que la famosa deuda de Ecuador con los ingleses, contraída para financiar la independencia, recién se había terminado de pagar con el descubrimiento de importantes pozos petroleros en los años setenta del siglo XX, durante el periodo de las dictaduras militares. Nadie brindaba cifras ni el dato exacto en clase, pero se repetía como parte del currículo educativo, cual dogma de fe, y así la leyenda sobrevivía. A pesar de que, según la leyenda, se pagó en los setenta, Ecuador es, a la fecha, uno de los países más endeudados de la región. Tiene una de las relaciones más altas: 60 % de deuda como porcentaje del producto interno bruto. Para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, este es un problema de orden mundial, como se explica en esta interesante presentación sobre los efectos de la deuda pública en el desarrollo de los países.
En este lamento sobre la deuda obligada y los malvados acreedores, el atraso y el subdesarrollo del país fluyen de aquella fatal y terrible maldición que nos habían impuesto los ingleses —los acreedores—, quienes habrían financiado la independencia para romper el Imperio español y así poder controlarlo y acceder a ese mundo rico y extenso que fueron las joyas americanas de la Corona española.
Un país endeudado más allá de sus posibilidades, es verdad, tiene dificultades para conseguir fondos que le permitan financiar obras o incluso operar. Cuando los montos son exagerados, el presupuesto del gobierno debe destinarse en gran proporción al pago de lo adeudado. A veces, el servicio de la deuda termina siendo un gasto significativo del presupuesto total del gobierno, dejando poco espacio para otras prioridades.
Los acreedores son ciudadanos privados, bonistas o grandes instituciones financieras extranjeras, y tienen poca tolerancia hacia deudores poco serios o morosos que reniegan de la deuda y que, irresponsablemente, se endeudan haciendo promesas de pago que nunca podrán cumplir. Amenazados con no recuperar su dinero, hacen uso de herramientas legítimas como embargos o simplemente dejan de prestar a estos morosos contumaces, causando grandes descalabros económicos en los países cuyos gobiernos actúan irresponsablemente.
En el cuento de la deuda se habla de esto como si el deudor es una indefensa víctima de rapaces acreedores, incapaz de comprender lo que hacía, aprovechándose estos de su proverbial y celestial inocencia para imponerle tan terrible yugo. En nuestros días se sigue echando la culpa a los acreedores y no a los deudores irresponsables. En la crisis económica del 2008, cuando colapsó el mercado hipotecario de Estados Unidos, así como economías enteras como la griega y la española, la narrativa oficial continuó acusando a los malvados acreedores y no a los angelicales deudores.
Es importante distinguir dos problemas en este relato victimista. El primero es que no es malo endeudarse para financiar un proyecto o adquirir un bien. El mundo moderno no podría funcionar sin este instrumento financiero. Es perentorio tener expectativas realistas sobre la capacidad de pago y conocer claramente las condiciones del préstamo: duración, tasa de interés, garantías, etcétera. Si no hay seguridad de poder pagar lo que se debe, es mejor no pedir prestado; es preferible ahorrar, lo cual depende enteramente de la capacidad de sacrificar consumo presente para adquirir algo en el futuro.
No hay recetas mágicas ni atajos al respecto: se ahorra o se es muy cuidadoso con los montos solicitados y las garantías ofrecidas. Si, aun así, sobreviene la calamidad y no se puede pagar lo adeudado, lo correcto es reorganizar las finanzas, gastar menos y cumplir con las obligaciones en el menor tiempo posible. A nivel personal y público no debería ser diferente: pedir solo lo que se puede repagar en tiempo razonable, a tasas de interés apropiadas y, si hay cambios inesperados, no seguir endeudándose ni gastando sin control.
Desafortunadamente, a nivel público el gobierno solo puede generar ingresos de dos formas: aumentando impuestos o devaluando la moneda. Lo segundo constituye un impuesto indirecto mediante la pérdida del valor de los bienes de los ciudadanos. No existe, como sostienen los «keynecios», un estímulo mágico a la demanda agregada que, por arte de magia, genere desarrollo económico mediante la simple emisión de dinero. Siendo así, el gobierno solo debería endeudarse para desarrollar obras de infraestructura pública que no puedan ser razonablemente concesionadas al sector privado. Más allá de eso, cualquier gasto debe financiarse con impuestos y, por lo tanto, el gasto público debe limitarse a lo que puede recaudar de manera consensuada y necesaria, sin expoliar a sus ciudadanos.
Por ejemplo, muchas carreteras pueden concesionarse al sector privado. En cambio, un puente local cuyo cobro de peaje resulte impráctico podría financiarse vía deuda, siempre que dicha deuda sea autorizada por quienes se benefician directamente de la obra y estén dispuestos a cubrir su costo mediante impuestos. Esto debería quedar claro antes de su aprobación.
Otros servicios públicos deben ser pagados y financiados por entidades privadas, en tanto y en cuanto provean un servicio; no tienen por qué ser financiados o pagados por el sector público. Si no hay empresas dispuestas a entrar en estos mercados, es porque no existe el marco regulatorio adecuado para que un empresario pueda lucrar por ofrecer dicho servicio; por lo tanto, no está dispuesto a hacerlo. La solución no radica en que lo haga el gobierno, sino facilitar la entrada a ese mercado de servicios, de modo que pueda lucrar si el servicio es demandado.
El segundo problema es la corrupción política asociada a los préstamos para infraestructura. Lo vimos en el caso Lava Jato en Brasil y la constructora Odebrecht, donde una empresa pagaba coimas a funcionarios para obtener contratos financiados con préstamos públicos o multilaterales. Los gobiernos entraban en colusión con entidades prestamistas públicas o privadas, o gobiernos extranjeros, para conseguir gigantescos préstamos para obras de infraestructura, repartían coimas a todas las partes que tomaban decisiones, y en el mejor de los casos se realizaban obras sobredimensionadas o de baja calidad; en otros, ni siquiera se concluyeron, quedando la deuda sin obra que la respalde. Tal fue el caso de la Refinería del Pacífico, en Ecuador, donde se gastaron 1200 millones de dólares para preparar un terreno sin que se construya la refinería. Los fondos del proyecto, en estos casos, son robados en coimas o usados para cubrir necesidades financieras de gasto corriente del gobierno de turno.
Se viene abajo todo el relato victimista. En estos casos, la deuda no tendría por qué haberse contraído y nadie más que la corrupción del gobierno y los políticos es culpable de este malgasto. No son culpables los tan difamados prestamistas, a menos que estos sean otras entidades que se beneficien de dicha corrupción y que presten a sabiendas de que el gobierno no tiene cómo pagar. En muchos casos la deuda fue tomada para ser robada por quienes la solicitaron pomposamente, para decir que estaban haciendo algo o para inaugurar obras que no tenían ninguna utilidad práctica. Los funcionarios públicos o gobernantes que la contrataron pensaron que, como se pagaría después de que dejaran el poder, no era problema de ellos, sino del siguiente funcionario electo.
No solo Hispanoamérica se endeudó con los ingleses para la independencia; también lo hizo Estados Unidos, con sus ciudadanos, pues precisamente los ingleses los gobernaban y no les iban a prestar el dinero. Las colonias rebeldes emitieron títulos de deuda, los continentales, que terminaron valiendo poco o nada, causando un grave perjuicio para quienes prestaron el dinero. Los franceses fueron otro de los malvados acreedores; hay quien dice que la Revolución francesa estalló por la insolvencia que trajo al Estado francés el prestar al naciente gobierno de Estados Unidos. Como se puede ver, no solo salieron perjudicados los deudores, sino también los acreedores, que prestaron hasta quebrar y abrir las puertas a la cruenta Revolución francesa.
La diferencia clave fue que Estados Unidos, sumamente endeudado, con bonos insolventes —los continentales—, manejó sus finanzas de manera mucho más prudente. En la convención constituyente de 1787 se prohibió que los estados pudieran emitir deuda y, en mi opinión, dicha reforma debería haber sido extendida a toda institución de gobierno; ello les permitió lograr, en poco tiempo, pagar la deuda de los continentales y otras obligaciones pendientes. Hicieron de su moneda una de las más sólidas, que terminó reemplazando al famoso real de a ocho español que circulaba en el siglo XVIII. Tal como el dólar estadounidense en estos tiempos, circulaba por todo el mundo, a lugares tan lejanos como China, a pesar de que hace 300 años este país estaba a seis meses de distancia en barco, a través del famoso Galeón de Manila español, y no como ahora, a solo un vuelo de 12 o 15 horas en promedio.
Hubo otras razones de prudencia fiscal, además de estas prohibiciones a emitir deuda por parte de los estados, entre ellas Alexander Hamilton, primer secretario del tesoro. Este personaje reorganizó las finanzas y enrumbó al país hacia una sólida posición financiera, fruto de manejo prudente; y no, como cuenta la leyenda, de préstamos malvados o de robarse el oro —tema para otro comentario— y quién sabe qué otra excusa fácil de este relato victimista. El manejo financiero prudente de las finanzas públicas le permitió a Estados Unidos entrar a la Revolución Industrial y superar con creces los niveles de desarrollo urbano y económico de Hispanoamérica previos a la Independencia. No hay que olvidar que Hispanoamérica era en aquella época más desarrollada y avanzada en su independencia y con mucha más infraestructura urbana que estas colonias inglesas, que eran pobrísimas en sus comienzos y estaban limitadas a la costa este de aquella región, mientras que al oeste limitaban con colonias francesas o pueblos indígenas. Las colonias de Norteamérica no se hicieron ricas porque explotaron otras colonias ricas ni porque fueran ricas desde un comienzo; al contrario, fueron prudentes y más orientadas al comercio y la industria que los ricos y fabulosos exvirreinatos americanos, que tenían todo para ser el futuro del mundo en aquella época; sin embargo, malgastaron la herencia recibida y se enfrascaron en guerras civiles, caudillismo, cuartelazos y un manejo imprudente y desordenado de las finanzas públicas. ¿Visto así, es posible seguir creyendo en este relato de ser víctimas de nuestros malvados enemigos y no responsables de nuestro subdesarrollo y falta de florecimiento humano?
Rómulo López
Es director general y asesor especial del presidente del Archbridge Institute.
Ha trabajado en think tanks en Ecuador y, hasta hace poco, Rómulo tuvo una larga trayectoria de veintitrés años en diversas funciones dentro de Atlas Network, desempeñándose como senior fellow para América Latina, director de operaciones y, más recientemente, como director de finanzas.
Tiene una licenciatura en Economía de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), en Guatemala, y una maestría en Administración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Rómulo es miembro de la Mont Pelerin Society, desde el 2012.