TÓPICO DE ACTUALIDAD

Etanol obligatorio: Una ley coercitiva y mercantilista

Por Ramón Parellada

Los gobiernos populistas —con sus ministros, diputados y burócratas en general— suelen ver siempre en una nueva ley la solución de cualquier problema. Para ellos, la respuesta siempre es más regulación, más privilegios y más burocracia. Tanto la Ley de Alcohol Carburante como el Acuerdo Gubernativo 159-2023 son, desafortunadamente, un ejemplo de eso, ya que obligan a mezclar etanol en la gasolina, a partir del segundo semestre del 2026. Desde que entre en vigor, todos los consumidores deberán usar gasolina con un 10 % de etanol. Esto significa que lo que podría ofrecerse como alternativa se impone como obligatoriedad.

Si el etanol es tan bueno, ¿por qué obligar a consumirlo? ¿Por qué no dejar que los productores lo ofrezcan libremente en estaciones de servicio, con diferentes mezclas, campañas de publicidad y precios competitivos? El consumidor decidiría si quiere usarlo o no. En lugar de esto, se opta por la coerción, limitando la libertad individual y cargando el costo a todos los guatemaltecos.

Ni el agua a la fuerza es buena.

El costo oculto para el consumidor

La ley traslada los costos de implementación, que deberían recaer sobre los promotores del etanol, a la población. Se estima que los distribuidores de combustibles deberán gastar unos 50 millones de dólares en adecuaciones; cada gasolinera, alrededor de 40 mil dólares; y los dueños de vehículos, especialmente los de motos de baja cilindrada —la mayoría en Guatemala—, tendrán que gastar entre Q1000 y Q2000 para adaptar sus motores. Según estudios hechos, más de 2.7 millones1 de motociclistas deberán cambiar carburadores, reparar tanques o pagar un sobreprecio de hasta 50 % respecto a las motos nuevas que ya vengan adaptadas.

El etanol rinde menos que la gasolina. Para recorrer la misma distancia, se necesitará más combustible. El resultado de esta ley es nefasto: precios más altos, menor eficiencia, gastos adicionales respecto a los vehículos y un fuerte golpe al bolsillo del consumidor.

Beneficios dudosos, privilegios claros

El argumento ambiental tampoco resiste un análisis serio. Si bien el etanol produce menos CO₂ en la combustión, su ciclo de vida completo —desde la siembra de caña hasta la producción y transporte— genera más contaminación debido a la deforestación, el uso intensivo del agua, pesticidas, emisiones de óxidos nitrosos y ozono. Por razones de salud y medioambiente, una ley similar fue rechazada en México.

Lo que sí es claro es el privilegio: la ley garantiza a los productores locales de etanol un mercado cautivo, donde al menos 60 % debe ser producido nacionalmente. Se restringen importaciones de etanol con diferentes calidades —por ejemplo, de maíz desde Estados Unidos— y se monopoliza el negocio en manos de unos pocos. Se crean nuevas licencias, más burocracia, más discrecionalidad y nuevas barreras a la competencia. Todo con el argumento de «proteger al consumidor» o de «cuidar el ambiente».

El verdadero costo

Los más afectados serán, una vez más, los más vulnerables. El motorista que depende de su vehículo para trabajar y mantener a su familia ahora tendrá que pagar más por un combustible que rinde menos, invertir en reparaciones forzadas y ver reducido su ingreso, que de por sí ya era bajo. Es una injusticia: precisamente quienes menos tienen son los que más necesitan la libertad de elegir, no la imposición de un decreto: la ley los castiga quitándoles la libertad de decidir.

Otro efecto grave es el precedente que sienta esta política: hoy se nos obliga a usar etanol, mañana quizá se nos imponga conducir vehículos eléctricos o consumir solo ciertos productos «aprobados» por el Estado. La libertad se pierde poco a poco, por decreto y por indiferencia.

Otra ruta posible: la libertad

Las sociedades más civilizadas utilizan la persuasión, no la coerción. Si el etanol es tan ventajoso, que sus promotores inviertan en estaciones, adapten sus cadenas logísticas, convenzan a los consumidores y compitan con calidad y precio. Lo que no deben hacer es obligar, por ley, a todos a financiar sus negocios. Defender la libertad significa resistir estas imposiciones disfrazadas de buenas intenciones y exigir que toda innovación compita en el mercado por mérito propio, no por coerción legal.

La teoría económica demuestra que solamente el individuo sabe realmente qué le conviene. Ningún ministerio ni reglamento puede sustituir ese conocimiento, porque las preferencias y circunstancias personales son únicas y dispersas. Cuando el Gobierno obliga a todos a usar un mismo producto, ignora esa diversidad y el resultado inevitable es la ineficiencia.

La prórroga anunciada por el Ministerio de Energía y Minas solo confirma un problema más profundo: la falta de voluntad política para revertir los privilegios y confiar en la libertad. En lugar de corregir el error de origen —la imposición misma—, el Gobierno elige aplazarlo, como si el tiempo pudiera volver razonable una medida irracional. Así se perpetúa la idea de que todo debe decidirse desde los escritorios ministeriales y no desde las preferencias libres de los ciudadanos.

El problema de fondo es el mismo que observamos en tantas regulaciones: en vez de abrir la competencia, se cierran los mercados con privilegios mercantilistas. El resultado es siempre más caro, más ineficiente y, por supuesto, más corrupto. Lo que corresponde no es seguir prorrogando esta norma, sino derogarla de una vez por todas: urge derogar el Decreto 17-85 y el Acuerdo 159-2023.

Con libertad, los consumidores decidirán si compran gasolina con etanol o no. Con libertad, nuevos oxigenantes podrían aparecer en el mercado, quizá más eficientes y menos dañinos para el ambiente. Con libertad, las inversiones serían voluntarias, los precios bajarían, y el verdadero rey —el consumidor— recuperaría su poder de elegir.

En una sociedad libre, el consumidor elige, el empresario arriesga y el Gobierno se limita a garantizar el marco de derechos. Cuando la ley se convierte en un instrumento de coerción, la libertad se evapora tan rápido como el etanol.


  1. Pepo Toledo, El etanol es ecológicamente indefendible (Guatemala: www.pepotoledo.com

    , 6 de abril de 2025, actualizado el 2 de julio de 2025).

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