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01 de junio, 2016

Propuesta de reforma constitucional del CEES

304

CEES

 

Índice

1. Consideraciones generales. 3

2. Textos comparados. 6

3. Descripción detallada de las modificaciones propuestas. 18

4. Texto final

 PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

1. Consideraciones generales

Esta propuesta responde a la idea, instalada fuertemente en muchos sectores de la sociedad guatemalteca, en el sentido de que es necesaria una reforma constitucional limitada, que tienda a mejorar la estructura, funcionamiento y eficiencia del servicio de justicia.

En tal sentido, el proyecto se enfoca en la reforma de tres instituciones: el Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, y tiene por objeto introducir algunas modificaciones al texto actual que contribuyan al fortalecimiento, independencia y eficiencia del sistema de administración de justicia en Guatemala.

Para la confección de este proyecto, se tuvieron en consideración varios otros que se han preparado en los últimos años:

 

1.     El texto constitucional vigente.

2.     El proyecto de reforma constitucional presentado en el marco de los Acuerdos de Paz en 1998 (MINUGUA).

3.     El proyecto de PROREFORMA.

4.     El proyecto presentado por la Universidad de San Carlos – Universidad Landívar y Fundación Asies en 2011.

5.     El proyecto presentado por el magistrado Molina Barreto en 2011.

6.     El proyecto presentado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

 

Sobre la base de estos proyectos, y teniendo en cuenta también las últimas reformas constitucionales y legales en el área de la administración de justicia producidas en Latinoamérica, se ha preparado este texto que intenta mantener en lo esencial la Constitución vigente e introduce varias de las propuestas de los distintos proyectos mencionados.

Los presupuestos básicos de esta propuesta se vinculan con la importancia de que exista un sistema de administración de justicia independiente, profesional y eficiente. Las consecuencias de un servicio de justicia adecuado, tanto para la protección de los derechos individuales de los habitantes de Guatemala, como para el crecimiento económico y el desarrollo de la comunidad en general son exponenciales; y del mismo modo las deficiencias que actualmente se advierten en dicho sistema, producen efectos altamente negativos.

 

Los puntos salientes de la reforma propuesta se vinculan con:

A.     Fortalecimiento de la independencia del organismo judicial.

Los cambios principales que se propondrán al respecto tienen que ver con los mecanismos de designación y remoción de jueces y magistrados, la mayor estabilidad durante el desempeño de su cargo, yel fortalecimiento de ciertas garantías inherentes a la función judicial.

B.      Incentivos para una mejor formación profesional de los jueces. El concepto de “carrera judicial”.

En el espíritu del proyecto propuesto, se pretende que se generen incentivos para atraer a los mejores juristas a su ingreso a la judicatura desde sus primeros escalones, comenzando con la jerarquización de los jueces de primera instancia.

Se abandona entonces la idea de que la “carrera judicial” se desarrolla a través de organismos administrativos y burocráticos que promuevan la formación de los jueces y magistrados, y se propician las condiciones para que sólo accedan a esos cargos quienes ya se encuentran suficientemente capacitados.

Debe mostrarse a la magistratura como una carrera profesional de excelencia, de modo que ya desde los cargos de jueces de primera instancia la competencia por el acceso a la justicia atraiga a los mejores prospectos.

En este sentido, de acuerdo con la reforma propuesta, los jueces y magistrados están en un pie de igualdad en lo que respecta a sus inmunidades, mecanismo de designación y remoción. Además, se hacen un poco más estrictos los requisitos para aspirar a los distintos niveles de la judicatura, y se extiende al doble el período de su designación.

Por su parte, la ley reglamentaria que organice la designación y remoción de jueces y magistrados deberá garantizar la objetividad y calidad de los concursos para acceder a esos cargos.

Si se logra elevar, de acuerdo con estos incentivos, la calidad profesional de los jueces de primera instancia, será de esperar que los concursos para magistrados de cámara o de Corte incrementen aún más dicha calidad.

De este modo, y no a través de un mecanismo burocrático y que puede dar lugar a abusos o discrecionalidad, es como se entiende que se podrá producir una auténtica carrera judicial en el proyecto propuesto.

C.     Financiamiento del Organismo Judicial.

Este proyecto se hace cargo de que no es posible ofrecer un servicio de justicia de calidad, con jueces bien preparados e instalaciones adecuadas, sin contar con los recursos necesarios.

Por tal motivo se propone elevar el porcentaje mínimo del presupuesto del organismo judicial, del 2% del presupuesto nacional que actualmente prevé la Constitución, al 5%. Ello es así, en el entendimiento de que existen otras áreas de la actividad del gobierno que deberían ceder su prioridad presupuestaria, frente a la importancia de una adecuada administración de justicia.

 

 

D.     Gobierno y administración del Organismo Judicial.

La propuesta pretende lograr una descentralización de funciones vinculadas con el Organismo Judicial. Por una parte, con la creación del Consejo de Designación Judicial, se independiza el proceso de designación de jueces y magistrados. Lo propio se busca con la constitución de un tribunal ad-hoc para evaluar el antejuicio de jueces y magistrados.

La Corte Suprema, en el nuevo esquema, no tendrá más la función de crear tribunales (atribución conferida exclusivamente al Congreso, a través de la legislación ordinaria). Tampoco tendrá la facultad de designar jueces, conferida al Consejo de Designación Judicial. Respecto del personal administrativo, su designación, remoción y control estarán a cargo de la Oficina de Administración Judicial.

Las tareas de administración de los recursos económicos y humanos del Organismo Judicial, estará a cargo de un Administrador Judicial, que funcionará dentro de la esfera de la Corte Suprema, y deberá rendir cuentas ante ésta. De este modo se trata de concentrar en la Corte las funciones esencialmente jurisdiccionales, y designar a un funcionario especializado en la administración, para que realice las tareas administrativas que hasta hoy consumen buena parte del tiempo de los jueces del más alto tribunal del país. Se sigue en este sentido la tendencia de las últimas reformas legislativas en varios países.

No obstante ello, a la Corte Suprema se le atribuye el rol fundamental de ser la cabeza del Poder Judicial, y en este sentido, más allá de sus funciones estrictamente jurisdiccionales, deberá: establecer su presupuesto y controlar su ejecución, a través del control de las actividades del Administrador Judicial.

E.      Independencia del Ministerio Público y creación de la Defensoría Pública Oficial.

La reforma propuesta intenta fortalecer la independencia del Ministerio Público, tanto respecto del organismo judicial como de los demás poderes del Estado.

También se propone darle entidad constitucional, en el ámbito del Ministerio Público, a la Defensoría Pública Oficial, organismo encargado de la defensa penal y de otras funciones que en el futuro pueda asignarle la ley orgánica respectiva.

F.      Integración de la Corte de Constitucionalidad al ámbito judicial.

Por su actual conformación corporativa y renovación periódica, la Corte de Constitucionalidad no satisface los requerimientos de una corte de justicia propiamente dicha y es más bien un tribunal de naturaleza política.

Por ello, independientemente de que mantenga su independencia frente a la Corte Suprema y el resto del organismo judicial en lo que hace a su funcionamiento, resulta adecuado equiparar ambas cortes en lo que tiene que ver con los requisitos para ser magistrado, el mecanismo de designación y remoción y las inmunidades y garantías de las que gozan. 

2. Textos comparados

Texto original

Texto propuesto

ARTÍCULO 1. Sustitución parcial del artículo 203, por el texto siguiente:

ARTÍCULO 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar.

ARTÍCULO 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar.

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del

Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.

Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.

Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

La ley dispondrá en qué condiciones tendrán fuerza de cosa juzgada las decisiones y acuerdos privados alcanzados a través de mediación, arbitraje, conciliación y otros mecanismos privados de solución de conflictos. Del mismo modo reglamentará la aplicación del derecho consuetudinario indígena, en la medida en que no altere derechos y garantías fundamentales definidos por esta Constitución, por el sistema jurídico y por los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala; ni se afecten intereses de terceros.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.

ARTÍCULO 2. Agregado al artículo 204.

 

ARTICULO 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia.

ARTÍCULO 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia.

Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la

República prevalece sobre cualquier ley o tratado.

Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.

La administración de justicia deberá organizarse sobre la base del respeto a los principios de independencia e imparcialidad del juzgador, inmediación y concentración procesal, prevalencia de la oralidad en los procesos, y publicidad, salvo casos excepcionales previstos en la ley.

Las normas procesales deben ser claras, sencillas y desprovistas de formalismos innecesarios. Las sentencias y resoluciones judiciales que no sean de trámite, deberán ser debidamente razonadas y motivadas.

Las leyes deberán regular el derecho a la asistencia profesional gratuita a quienes carezcan de medios para sufragarla.

ARTÍCULO 3.Sustitución total del artículo 206, por el texto siguiente.

ARTÍCULO 206. Remoción de Jueces y Magistrados.

ARTICULO 206. Derecho de antejuicio para magistrados y jueces.

Los magistrados y jueces gozarán del derecho de antejuicio en la forma que lo determine la ley. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente del Organismo Judicial y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Corresponde a esta última la competencia en relación a los otros magistrados y jueces.

 

Los jueces y magistrados gozarán del derecho de antejuicio durante el ejercicio de su cargo y después del cese de éste, siempre que se trate de acciones sucedidas durante el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. La Ley de Antejuicio regulará la materia.

El antejuicio se llevará a cabo por un tribunal integrado proporcionalmente por magistrados, abogados colegiados activos y catedráticos de derecho de las universidades del país, elegidos en cada caso según el procedimiento establecido por la ley.

Los jueces y magistrados no podrán ser detenidos ni procesados, sin previamente no se declara que ha lugar a formación de causa en su contra. No gozarán del derecho de antejuicio en el caso de que se les sindique de haber cometido delitos no relacionados con las funciones inherentes a su cargo.

En el caso de delito flagrante, el juez o magistrado sindicado deberá ser detenido y puesto inmediatamente a disposición del tribunal que deba conocer el antejuicio, para los efectos correspondientes.

La acusación calumniosa en contra de un juez o magistrado será castigada con el doble de la pena señalada en el Código Penal.

ARTÍCULO 4.Sustitución del artículo 207, por el texto siguiente.

ARTICULO 207. Requisitos para ser magistrado o juez.

ARTÍCULO 207. Requisitos para ser Juez o Magistrado.

Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores.

La ley fijará el número de magistrados, así como la organización y funcionamiento de los tribunales y los procedimientos que deban observarse, según la materia de que se trate.

La función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos y partidos políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia prestarán ante el Congreso de la República, la protesta de administrar pronta y cumplida justicia. Los demás magistrados y jueces, la prestarán ante la Corte Suprema de Justicia.

 

 

Los jueces y magistrados deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad conforme lo defina la ley, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la Ley establece respecto de este último requisito, en relación con determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores.

La ley fijará el número de jueces y magistrados, así como la organización y funcionamiento de los tribunales y los procedimientos que deban observarse según la materia de que se trate.

La función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos, en partidos políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión, así como con cualquier otro cargo o empleo, salvo el ejercicio de la docencia universitaria, siempre que no sea incompatible con sus horarios de trabajo.

Los jueces y magistrados presentarán ante la Corte Suprema de Justicia la protesta de administrar justicia de manera pronta y cumplida.

Para ser juez de primera instancia, será requisito indispensable detentar la calidad de abogado con una antigedad no inferior a los cinco años.

Para ser magistrado de la Corte de apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se creen con la misma categoría, será requisito indispensable ser mayor de cuarenta años, haber sido juez de primera instancia durante al menos cinco años o detentar la calidad de abogado con una antigedad no inferior a los doce años.

Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad, será requisito indispensable ser mayor de cuarenta y cinco años y haber fungido durante al menos un período como magistrado de corte de apelaciones u otro tribunal colegiado que tenga el mismo rango, o detentar la calidad de abogado con una antigüedad no inferior a diecisiete años.

ARTÍCULO 5.Sustitución del artículo 208, por el texto siguiente.

ARTÍCULO 208. Período de funciones de magistrados y jueces.

ARTÍCULO 208. Carrera judicial.

Los magistrados cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese período no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley.

 

Los jueces y magistrados de todas las instancias permanecerán en sus cargos en tanto no incurran en alguna de las causales de remoción previstas por la ley. Serán designados según el procedimiento establecido en los artículos 213 bis y 213 ter.

Durante el ejercicio de sus funciones no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley, y recibirán por sus servicios una compensación que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permanezcan en sus cargos.

La ley que regule la carrera judicial garantizará la estabilidad, idoneidad, independencia, eficacia y eficiencia de los jueces y magistrados, y regulará especialmente lo relativo a:

a)     El procedimiento de integración y reglas de funcionamiento del Consejo de Selección Judicial.

b)     El procedimiento de selección, que incluya los criterios objetivos de evaluación de antecedentes y concursos de oposición de los postulantes.

c)      Los derechos, obligaciones y responsabilidades de jueces y magistrados, la dignidad de su función y su adecuada remuneración.

d)     Las causas para traslados, retiro obligatorio y sistema jubilatorio de jueces y magistrados.

e)      Los procedimientos de antejuicio contra jueces y magistrados y medidas disciplinarias, incluyendo causales de destitución, con garantías, procedimientos y sanciones preestablecidas.

ARTÍCULO 6.Sustitución del artículo 209, por el texto siguiente.

ARTICULO 209. Nombramiento de jueces y personal auxiliar.

ARTÍCULO 209. Administración del Organismo Judicial.

Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Se establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y ascensos se harán mediante oposición. Una ley regulará esta materia.

 

La administración de los recursos económicos y humanos del Organismo Judicial estará a cargo de la Oficina de Administración Judicial, que funcionará en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia.

Dicha Oficina estará a cargo de un Administrador Judicial, elegido por un período de cuatro años, según el mecanismo que establezca una ley especial, que garantice su idoneidad e independencia.

La ley regulará su organización, estructura y funciones. La Corte Suprema de Justicia ejercerá contralor sobre la labor de la Oficina.

ARTÍCULO 7.Sustitución del artículo 210, por el texto siguiente.

ARTÍCULO 210. Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial.

ARTÍCULO 210. Del personal auxiliar administrativo.

Las relaciones laborales de los funcionarios y empleados del Organismo Judicial, se normarán por su Ley de Servicio Civil.

Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

 

El personal auxiliar y administrativo del Organismo Judicial será nombrado por la Oficina de Administración Judicial.

Las relaciones de régimen laboral del personal auxiliar, serán reguladas por la Ley de Personal Auxiliar; y las del personal administrativo, por la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial.

ARTÍCULO 8. Sustitución del artículo 213, por el texto siguiente.

ARTICULO 213. * Presupuesto del Organismo Judicial.

ARTÍCULO 213. Presupuesto del Organismo Judicial.

Es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular el presupuesto del Ramo; para el efecto, se le asigna una cantidad no menor del dos por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado, que deberá entregarse a la Tesorería del Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano correspondiente.

Son fondos privativos del Organismo Judicial los derivados de la administración de justicia y su inversión corresponde a la Corte Suprema de Justicia. El Organismo Judicial deberá publicar anualmente su presupuesto programático e informará al Congreso de la República cada cuatro meses acerca de los alcances y de la ejecución analítica del mismo.

* Reformado el segundo párrafo por el Artículo 21 del Acuerdo Legislativo Número 18-93 el 24-11-1993.

Es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular el presupuesto del ramo; para el efecto, se asignará una cantidad no menor del cinco por ciento del Presupuesto de ingresos ordinarios del Estado, que deberá entregarse a la tesorería del Organismo en cuotas mensuales por el órgano correspondiente, en forma proporcional a la recaudación.

Son fondos privativos del Organismo Judicial los derivados de la administración de justicia y los caídos en comiso. La inversión de los mismos corresponde a la Corte Suprema de Justicia, a través de la oficina de Administración Judicial. El Organismo Judicial deberá publicar anualmente su presupuesto programático e informar al Congreso de la República cada cuatro meses sobre los alcances y la ejecución analítica del mismo.

La formulación, administración y ejecución del presupuesto, así como la inversión de sus fondos privativos, se hará a través de la Oficina de Administración Judicial.

ARTÍCULO 9.Se adiciona el artículo 213bis, conforme al texto siguiente.

 

ARTÍCULO 213bis.

 

La designación de Magistrados y jueces se efectuará a partir de una preselección de postulantes efectuada por el Consejo de Selección Judicial, en las condiciones establecidas por la ley que regule la carrera judicial.

Dicho Consejo estará integrado por nueve miembros: el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuatro magistrados, dos abogados colegiados activos y dos catedráticos de derecho. Con excepción del Presidente de la Corte Suprema, los miembros del Consejo durarán en sus cargos un período de cuatro años, y serán reemplazados por mitades cada dos años.

También serán elegidos miembros suplentes, para el caso de imposibilidad o inhabilidad temporal o permanente para desempeñar el cargo. En caso de imposibilidad temporal, el suplente sustituirá al titular mientras dure dicha imposibilidad de actuar. En el caso de que fuese permanente, ocupará su cargo hasta cumplir el mandato que resta al titular.

La ley establecerá el mecanismo de designación de los miembros del Consejo, así como el procedimiento para llevar a cabo sus sesiones, y los criterios objetivos de evaluación de los postulantes.

 

ARTÍCULO10.Se adiciona el artículo 213ter, conforme al texto siguiente.

 

ARTÍCULO 213ter.

 

Los Magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces, serán designados por la Corte Suprema de Justicia, mediante sorteo que se efectuará entre aquellos que resulten nominados por el Consejo de Selección Judicial.

Producida una vacante, el Consejo hará una convocatoria abierta y pública a todos los abogados que se postulen y cumplan con los requisitos establecidos por esta Constitución para el cargo de que se trate. Una vez evaluados los antecedentes de los candidatos y producido el examen de oposición, según el mecanismo que establezca la ley de la carrera judicial, el Consejo efectuará una preselección de aquellos que obtengan las mejores calificaciones. La ley podrá prever que se otorgue cierta cantidad de puntos adicionales, al juez o magistrado que se postula para permanecer en su mismo cargo una vez vencido el período fijado por el artículo 208.

La preselección de candidatos se decidirá por mayoría absoluta de votos de los miembros del Consejo. En las votaciones, tanto para integrar el Consejo, como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.

En acto público, en presencia del Consejo y de los postulantes que así lo deseen, el Presidente de la Corte Suprema procederá a efectuar un sorteo entre los tres primeros preseleccionados, para determinar quién será designado para el cargo.

La ley podrá disponer que, en el caso en que el primer postulante aventaje al segundo por una diferencia superior al tercio de sus puntos, se lo designe en forma directa, sin proceder al sorteo.

ARTÍCULO 11. Sustitución del artículo 215, por el texto siguiente:

ARTICULO 215. * Elección de la Corte Suprema de Justicia.

ARTÍCULO 215. Presidencia de la Corte Suprema.

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un período de cinco años, de una nómina de veintiséis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los Rectores de las Universidades del país, quién la preside, los Decanos de las Facultades de Derechos o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución.

La elección de candidatos requiere del voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.

En las votaciones tanto para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nomina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán, entre sus miembros, con el voto favorable de las dos terceras partes, al presidente de la misma, el que durará en sus funciones un año y no podrá ser reelecto durante ese período de la Corte.

* Reformado por el Artículo 23 del Acuerdo Legislativo Número 18-93 el 24-11-1993.

 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros, con el voto favorable de las dos terceras partes, al Presidente de la misma, quien durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelecto.

 

ARTÍCULO12.Se suprime el artículo 216.

ARTICULO 216. Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de cuarenta años y haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.

 

 

ARTÍCULO 13. Se suprime el artículo 217.

ARTICULO 217.* Magistrados.

Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor de treinta y cinco años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de cinco años la profesión de abogado.

Los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República, de una nómina que contenga el doble del número a elegir, propuesta por una comisión de postulación integrada por un representante de los Rectores de las Universidades del país, quien la preside, los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.

En las votaciones, tanto para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.

* Reformado el segundo párrafo por el Artículo 24 del Acuerdo Legislativo Número 18-93 el 24-11-1993.

 

 

ARTÍCULO 14. Sustitución del artículo 218, por el texto siguiente:

ARTICULO 218. Integración de la Corte de Apelaciones.

ARTÍCULO 218.

La Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la que también fijará su sede y jurisdicción.

La Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que determine la Ley, que también fijará su sede y jurisdicción.

ARTÍCULO 16. Sustitución del artículo 251, por el texto siguiente:

ARTICULO 251. * Ministerio Público.

 

ARTÍCULO 251. Ministerio Público.

 

El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica.

El Jefe del Ministerio Público será el Fiscal General de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será nombrado por el Presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el Presidente de la Corte Suprema de justicia, quien la preside, los Decanos de las Facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del país, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Presidente del Tribunal de Honor de dicho Colegio.

Para la elección de candidatos se requiere del voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.

En las votaciones, tanto para integrar la Comisión de Postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.

El Fiscal General de la Nación durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada, debidamente establecida.

* Reformado por el Artículo 33 del Acuerdo Legislativo Número 18-93 el 24-11-1993.

El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de la legalidad y el ejercicio de la acción penal pública. Su organización y funciones se regirán por su Ley Orgánica.

El Ministerio Público será dirigido por un Fiscal General, e integrado con los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de las mismas inmunidades que los magistrados judiciales.

Para ser Fiscal General se requerirán las mismas condiciones que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y permanecerá en sus funciones por un período de diez años, siempre que no incurra en las causas de remoción establecidas en la ley.

El Fiscal General será designado por el Congreso de la República, con intervención del Consejo de Selección Judicial, siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 213 ter para la designación de jueces y magistrados. Gozará del derecho de antejuicio, en las condiciones establecidas por el artículo 206.

La ley orgánica del Ministerio Público regulará los requisitos y la forma de ingreso a la carrera fiscal, ascensos, traslados, sanciones disciplinarias, causales y procedimiento de destitución y demás cuestiones inherentes a su organización y funcionamiento.

ARTÍCULO 17. Se adiciona el artículo 251bis, conforme al texto siguiente.

 

ARTÍCULO 251bis

 

 

Asistencia legal gratuita. Una ley especial regulará el modo en que se proveerá asistencia legal gratuita a quienes carezcan de medios para sufragarla. Dicha ley establecerá los requisitos y la forma de ingreso a la carrera de defensor público, ascensos, traslados, sanciones disciplinarias y demás cuestiones inherentes a su organización y funcionamiento.

En materia penal, la defensa legal se prestará obligatoriamente a quienes determine la ley en la materia

ARTÍCULO 18.Sustitución del artículo 269, por el texto siguiente:

ARTÍCULO 269. Integración de la Corte de Constitucionalidad.

ARTÍCULO 269. Integración de la Corte de Constitucionalidad.

La Corte de Constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente o el Vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a siete, escogiéndose los otros dos magistrados por sorteo de entre los suplentes.

Los magistrados durarán en sus funciones cinco años y serán designados en la siguiente forma:

a) Un magistrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia;

b) Un magistrado por el pleno del Congreso de la República;

c) Un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros;

d) Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y

e) Un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados.

Simultáneamente con la designación del titular, se hará la del respectivo suplente, ante el Congreso de la República.

La instalación de la Corte de Constitucionalidad se hará efectiva noventa días después que la del Congreso de la República.

 

La Corte de Constitucionalidad se integra con diez magistrados. La Corte estará integrada por tres Cámaras de tres magistrados cada una. Dichas Cámaras tendrán igual competencia. Anualmente, uno de los magistrados no integrará ninguna de las Cámaras y ejercerá las funciones de Presidente de la Corte.

En los casos de los incisos a), c) segunda parte, e) y h) del artículo 272, o cuando conozca en asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente o el Vicepresidente de la República, la Corte se integrará con la totalidad de sus miembros. También podrá auto-convocarse a reunión plenaria de sus miembros, según el procedimiento que establezca la ley, en los casos de que existan criterios jurisprudenciales opuestos entre las tres Cámaras.

En caso de que una Cámara o el Tribunal en Pleno no puedan integrarse por motivo de excusación, recusación, ausencia temporal de alguno de sus miembros, o en caso de vacancia, serán sustituidos por magistrados de la Corte Suprema elegidos por sorteo.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad serán designados por el Congreso de la República, con intervención del Consejo de Designación Judicial, siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 213 ter.

 

ARTÍCULO 19. Sustitución del artículo 270, por el texto siguiente:

ARTICULO 270. Requisitos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

ARTÍCULO 270 Requisitos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, se requiere llenar los siguientes requisitos:

a) Ser guatemalteco de origen;

b) Ser abogado colegiado;

c) Ser de reconocida honorabilidad; y

d) Tener por lo menos quince años de graduación profesional.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Para ser Magistrado de la Corte de Constitucionalidad, los candidatos deberán cumplir los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los restantes magistrados y jueces.

ARTÍCULO 20. Sustitución del artículo 271, por el texto siguiente:

ARTICULO 271. Presidencia de la Corte de Constitucionalidad.

ARTÍCULO 271.

La Presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran, en forma rotativa, en período de un año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades.

La Presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados que la integran, en forma rotativa, en período de un año, comenzando por el de mayor antigedad, siguiendo en orden descendente. En caso de igual antigedad, se escogerá al de mayor edad.

Vigencia

ARTÍCULO 21.Adición de los siguientes artículos transitorios:

 

ARTÍCULO 1. Vigencia. Las reformas referidas en el presente decreto legislativo entrarán en vigencia un año después de que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta popular que las ratifique.

 


3. Descripción detallada de las modificaciones propuestas.

Con base en las consideraciones generales descriptas en el punto anterior, las propuestas concretas de modificación a la Constitución vigente son las siguientes:

1.     Artículo 203

Se propone efectuar una modificación parcial a este artículo. El texto actual señala que la función jurisdiccional se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca, con “exclusividad absoluta”. Esta fórmula contundente pareciera excluir los modos alternativos de resolución de conflictos, que en un sistema que busque la eficiencia en su funcionamiento, son no sólo adecuados, sino indispensables.

Por ello, se propone eliminar esa expresión “exclusividad absoluta”, e incorporar un párrafo que remita a una ley especial la definición de las condiciones para que los distintos mecanismos de solución privada de conflictos tengan fuerza de cosa juzgada. Si bien la mediación, arbitraje y otras formas alternativas ya se han regulado legalmente y su constitucionalidad no ha sido puesta en duda, parece oportuno aclarar el punto y darle jerarquía constitucional a las soluciones extra-judiciales, que en un sistema que funciona eficientemente constituyen el modo más utilizado para resolver conflictos.

También se recoge la propuesta de MINUGUA y CICIG, en el sentido de incorporar la aplicación del derecho consuetudinario indígena en las comunidades rurales, en la medida en que no se afecten garantías constitucionales, el debido proceso o la defensa en juicio.

2.     Artículo 204.

Se incorporan en este artículo los principios constitucionales procesales que propuso el proyecto de MINUGUA. También se incorpora el principio constitucional de la asistencia jurídica gratuita a quienes no pueden afrontarla, que trae los proyectos de MINUGUA, SC-L-A y el Magistrado Molina Barreto.

3.     Artículo 206.

Este artículo se refiere al derecho de antejuicio vinculado con la posible destitución de los jueces y magistrados. Se propone que este procedimiento, en lugar de llevarse a cabo por el Congreso, sea tramitado ante un tribunal especial constituido por magistrados, abogados colegiados activos y catedráticos titulares de derecho de las universidades del país.

El mecanismo de elección de este tribunal de antejuicio, deberá garantizar su imparcialidad y establecer condiciones muy concretas para la selección de los miembros. El sorteo entre quienes reúnan estas condiciones puede ser un mecanismo adecuado, que puede ser previsto por la ley reglamentaria.

Se ajusta la redacción del artículo en el sentido propuesto en el proyecto del magistrado Molina Barreto.

4.     Artículo 207.

Se refiere a los requisitos para ser juez o magistrado. Se ha preferido concentrar en un único artículo lo referente a todos los niveles de la judicatura, desde juez de primera instancia hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, como una forma de señalar la jerarquización de los primeros niveles de la magistratura.

En términos generales, se ha incorporado la posibilidad de que guatemaltecos naturalizados puedan acceder a la judicatura, que la “reconocida honorabilidad” de la que habla la Constitución sea definida de acuerdo con parámetros objetivos establecidos en una ley reglamentaria, tal como se propone en el proyecto del magistrado Molina Barreto.

Se deriva a una ley especial la organización del poder judicial en todo el país, de modo que la cantidad de jueces y magistrados, así como la ubicación de juzgados y tribunales se realice en forma objetiva, por ley del Congreso. En este sentido se toman propuestas de MINUGUA y PRORREFORMA.

Esto no impide que la propia ley pueda establecer algún tipo de organización judicial itinerante, para cubrir ciertas deficiencias en la prestación del servicio en algunas regiones del país. Pero tanto la conformación como el modo de funcionamiento de estos juzgados o tribunales itinerantes o provisorios, deberán estar previstos en la ley respectiva.

Se hace la salvedad (aceptada en los hechos hoy en día), de que el impedimento de los jueces y magistrados para realizar otros trabajos, no incluyen a la docencia universitaria. Se siguen en este punto las propuestas de CICIG, MINUGUA, Molina Barreto y PRORREFORMA.

Se hacen más estrictos los requisitos objetivos para acceder a cada uno de los niveles de la magistratura: a) para los jueces de primera instancia, se requerirá detentar la calidad de abogado con una antigedad no inferior a los cinco años; b) para los magistrados de cortes de apelaciones, tribunales colegiados y afines, se requerirá una edad mínima de 40 años y haber sido juez de primera instancia durante al menos tres años o detentar la calidad de abogado con una antigedad no inferior a los diez años; c) para ser magistrado de la Corte Suprema, se requerirá una edad mínima de cuarenta y cinco años, y haber fungido durante más de cinco años como magistrado de corte de apelaciones o similar, o detentar la calidad de abogado con una antigedad no inferior a los veinte años.

Las mayores exigencias para acceder a la magistratura se encuentran en todos los proyectos examinados.

5.     Artículo 208.

Existe cierto consenso en que resulta conveniente elevar los plazos de ejercicio de las funciones tanto para los jueces como para los magistrados. El proyecto de PRORREFORMA y CICIG propone que la designación de jueces y magistrados tenga carácter permanente mientras no incurran en causales de remoción establecidas por la ley, tal como sucede en muchos países. Ello tiene varias ventajas desde el punto de vista de la formación de la jurisprudencia y la consecuente certeza jurídica. Este proyecto también propicia esa solución.

Sin embargo, esta solución no es pacíficamente aceptada, aunque sí se ha propuesto extender el período del mandato por el cual son designados jueces y magistrados. En este sentido, el proyecto de SC-L-A prevé un período de diez años para magistrados, y el proyecto del magistrado Molina Barreto, uno de ocho años tanto para jueces como para magistrados.

Para el caso en que no se lograse consenso respecto de la conveniencia de que la designación de jueces y magistrados tenga carácter de permanente, se recomienda extender el plazo de funciones a diez o quince años, y establecer algún puntaje adicional en el caso de jueces o magistrados que compitan por retener sus puestos.

Por otra parte, se incorporan en este artículo ciertos principios dentro de los cuáles debe entenderse la idea de “carrera judicial”, que coinciden en general con varios de los postulados por los proyectos de MINUGUA, SC-L-A y CICIG.

Se establece también la garantía de intangibilidad de sus remuneraciones.

6.     Artículo 209.

Se elimina la función de la Corte como administradora directa de recursos materiales y humanos, y se crea la Oficina de Administración Judicial, que funcionará en el ámbito de la Corte Suprema, pero estará a cargo de un Administrador Judicial.

El Administrador Judicial deberá ser designado de acuerdo con lo que establezca una ley especial, por un período de cuatro años, y deberá rendir cuentas periódicamente de sus funciones ante la Corte Suprema.

La ley reglamentaria debería prever que el Administrador Judicial reúna las condiciones de idoneidad propias de un administrador de recursos, y establecer con precisión sus obligaciones, facultades y responsabilidades.

7.     Artículo 210

Se ajusta la redacción de este artículo a la propuesta de MINUGUA.

8.     Artículo 213.

Se prevé elevar el presupuesto del Organismo Judicial, de un mínimo equivalente al 2% del presupuesto nacional, como actualmente está previsto, a un 5%. En este sentido, se mantiene un porcentaje mínimo para la administración de justicia, a diferencia del proyecto de PRORREFORMA.

Solución similar proponen los proyectos de MINUGUA, CICIG y el magistrado Molina Barreto, aunque con porcentajes superiores (6% en los dos primeros casos y 9% en el último). El proyecto de SC-L-A propone mantener el artículo en su redacción actual.

Se prevé también que integren el presupuesto del Organismo Judicial los bienes caídos en comiso (con excepción de lo dispuesto en leyes especiales), tal como propone el proyecto de PRORREFORMA.

9.     Artículo 213 bis.

Este artículo adicionado establece el mecanismo de designación de jueces y magistrados con intervención del Consejo de Selección Judicial.

Este Consejo estará integrado por dos representantes institucionales: el presidente de la Corte Suprema, el Presidente de la Corte de Constitucionalidad y por dos magistrados, dos abogados colegiados activos y dos catedráticos de derecho.

La ley especial que reglamente la integración y funcionamiento del Consejo, deberá garantizar que el mecanismo de su elección sea objetivo y transparente, de preferencia utilizando el sorteo entre quienes reúnan las cualidades requeridas. El empleo del sorteo se toma del proyecto de

PRORREFORMA. De todos modos, quedará para definir por la ley reglamentaria, si en el caso de que exista una gran diferencia en la evaluación del primer postulante respecto del segundo, se lo pueda designar directamente.

 

 

10.  Artículo 213 ter.

Este artículo agregado, se refiere al mecanismo de designación de jueces y magistrados. La ley reglamentaria mencionada en el artículo anterior, deberá ser muy precisa respecto del modo en que se evaluarán los antecedentes de los candidatos, y cómo se llevarán a cabo los concursos de oposición.

La tarea del Consejo de Selección Judicial deberá ser, fundamentalmente, la de velar por que ese mecanismo objetivo y preciso de evaluación se cumpla en forma correcta.

Para cubrir cada vacante, luego de la evaluación de los antecedentes y los concursos de oposición, el Consejo determinará cuáles son los tres postulantes que han obtenido los mejores puntajes. Entre esos tres se efectuará un sorteo para determinar al que finalmente resultará designado. Se entiende que el sorteo, en estos casos donde los tres finalistas deberían ofrecer cualidades similares, resulta más razonable que dejar la decisión en forma discrecional, en manos de alguna autoridad, sea el Presidente de la República, la Corte Suprema o el Congreso.

11.  Artículo 215

Respecto del mecanismo de elección del Presidente de la Corte Suprema, se sigue las propuestas de MINUGUA, el magistrado Molina Barreto y SC-L-A. El período de duración del mandato del presidente se ha fijado siguiendo la propuesta de MINUGUA.

12.  Artículos 218 y 222.

Se propone que lo referente al número de salas que tendrán las cortes de apelaciones, su sede y jurisdicción, así como el mecanismo para sustituir a los magistrados, sea establecido en leyes especiales.

13.  Artículo 251

Se propone dotar de mayor independencia, autonomía y autarquía financiera al Ministerio público. La ley orgánica respectiva deberá contener los lineamientos generales de su funcionamiento, así como el mecanismo de designación de los fiscales inferiores.

En cuanto al Fiscal General, se propone que deba tener los mismos requisitos que los establecidos para ser magistrado de la Corte Suprema, que su función sea de carácter permanente mientras no incurra en causales de remoción, y que se lo designe con intervención del Consejo de Selección Judicial, por el mismo mecanismo que para la designación de jueces y magistrados.

Se siguen en lo general las propuestas de MINUGUA, CICIG, PRORREFORMA y SC-L-A.

14.  Artículo 251 bis

Se propone que se sancione constitucionalmente la existencia de la Defensoría General, que deberá funcionar en la órbita del Ministerio Público de acuerdo con la organización que establezca su ley orgánica.

Se sigue la propuesta de todos los proyectos al respecto, y en la redacción fundamentalmente los de MINUGUA y SC-L-A.

15.  Artículo 269.

Se propone modificar la integración de la Corte de Constitucionalidad, de la actual de cinco miembros titulares y cinco suplentes, a diez miembros. Ello permitirá organizar tres cámaras de tres magistrados cada una, y anualmente uno de los magistrados tendrá las funciones de presidente sin integrar cámara. De este modo, se podrá triplicar la operatividad de la Corte en la resolución de buena parte de los recursos que se interpongan.

En ciertos casos de importancia especial, se prevé que la Corte deba integrarse por sus siete miembros titulares.

Los magistrados de la Corte de constitucionalidad deberán ser designados por el mismo mecanismo que la designación de los demás jueces y magistrados.

En casos de vacancia o impedimento temporal de alguno de los magistrados para integrar el Tribunal, será reemplazado por un magistrado de la Corte Suprema elegido por sorteo.

16.  Artículo 270.

Se establece que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema, y que permanecerán en sus cargos mientras no incurran en ninguna causal de remoción. Gozarán además de las mismas prerrogativas e inmunidades que los restantes jueces y magistrados.

17.  Artículo 271.

Se incluye, en el mecanismo de selección del presidente de la Corte de Constitucionalidad, a la antigüedad en el cargo como criterio de elección.

 


 

 

4. Texto final

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONSIDERANDO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

POR TANTO,

Con fundamento en los artículos 277, 280 y 173 de la Constitución Política de la República,

DECRETA

Para su posterior ratificación en consulta popular la siguiente:

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICADE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

ARTÍCULO 1. Sustitución parcial del artículo 203, por el texto siguiente:

ARTÍCULO 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.

Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

La ley dispondrá en qué condiciones tendrán fuerza de cosa juzgada las decisiones y acuerdos privados alcanzados a través de mediación, arbitraje, conciliación y otros mecanismos privados de solución de conflictos. Del mismo modo reglamentará la aplicación del derecho consuetudinario indígena, en la medida en que no altere derechos y garantías fundamentales definidos por esta Constitución, por el sistema jurídico y por los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala; ni se afecten intereses de terceros.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.

ARTÍCULO 2. Agregado al artículo 204.

ARTÍCULO 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.

La administración de justicia deberá organizarse sobre la base del respeto a los principios de independencia e imparcialidad del juzgador, inmediación y concentración procesal, prevalencia de la oralidad en los procesos, y publicidad, salvo casos excepcionales previstos en la ley.

Las normas procesales deben ser claras, sencillas y desprovistas de formalismos innecesarios. Las sentencias y resoluciones judiciales que no sean de trámite, deberán ser debidamente razonadas y motivadas.

Las leyes deberán regular el derecho a la asistencia profesional gratuita a quienes carezcan de medios para sufragarla.

ARTÍCULO 3.Sustitución total del artículo 206, por el texto siguiente.

ARTICULO 206. Derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Los jueces y magistrados gozarán del derecho de antejuicio durante el ejercicio de su cargo y después del cese de éste, siempre que se trate de acciones sucedidas durante el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. La Ley de Antejuicio regulará la materia.

El antejuicio se llevará a cabo por un tribunal integrado proporcionalmente por magistrados, abogados colegiados activos y catedráticos de derecho de las universidades del país, elegidos en cada caso según el procedimiento establecido por la ley.

Los jueces y magistrados no podrán ser detenidos ni procesados, sin previamente no se declara que ha lugar a formación de causa en su contra. No gozarán del derecho de antejuicio en el caso de que se les sindique de haber cometido delitos no relacionados con las funciones inherentes a su cargo.

En el caso de delito flagrante, el juez o magistrado sindicado deberá ser detenido y puesto inmediatamente a disposición del tribunal que deba conocer el antejuicio, para los efectos correspondientes.

La acusación calumniosa en contra de un juez o magistrado será castigada con el doble de la pena señalada en el Código Penal.

ARTÍCULO 4.Sustitución del artículo 207, por el texto siguiente.

ARTÍCULO 207. Requisitos para ser Juez o Magistrado. Los jueces y magistrados deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad conforme lo defina la ley, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la Ley establece respecto de este último requisito, en relación con determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores.

La ley fijará el número de jueces y magistrados, así como la organización y funcionamiento de los tribunales y los procedimientos que deban observarse según la materia de que se trate.

La función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos, en partidos políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión, así como con cualquier otro cargo o empleo, salvo el ejercicio de la docencia universitaria, siempre que no sea incompatible con sus horarios de trabajo.

Los jueces y magistrados presentarán ante la Corte Suprema de Justicia la protesta de administrar justicia de manera pronta y cumplida.

Para ser juez de primera instancia, será requisito indispensable detentar la calidad de abogado con una antigedad no inferior a los cinco años.

Para ser magistrado de la Corte de apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se creen con la misma categoría, será requisito indispensable ser mayor de cuarenta años, haber sido juez de primera instancia durante al menos cinco años o detentar la calidad de abogado con una antigedad no inferior a los doce años.

Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad, será requisito indispensable ser mayor de cuarenta y cinco años y haber fungido durante al menos un período como magistrado de corte de apelaciones u otro tribunal colegiado que tenga el mismo rango, o detentar la calidad de abogado con una antigüedad no inferior a diecisiete años.

ARTÍCULO 5.Sustitución del artículo 208, por el texto siguiente.

ARTÍCULO 208. Carrera judicial. Los jueces y magistrados de todas las instancias permanecerán en sus cargos en tanto no incurran en alguna de las causales de remoción previstas por la ley. Serán designados según el procedimiento establecido en los artículos 213 bis y 213 ter.

Durante el ejercicio de sus funciones no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley, y recibirán por sus servicios una compensación que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permanezcan en sus cargos.

La ley que regule la carrera judicial garantizará la estabilidad, idoneidad, independencia, eficacia y eficiencia de los jueces y magistrados, y regulará especialmente lo relativo a:

a)              El procedimiento de integración y reglas de funcionamiento del Consejo de Selección Judicial.

b)              El procedimiento de selección, que incluya los criterios objetivos de evaluación de antecedentes y concursos de oposición de los postulantes.

c)              Los derechos, obligaciones y responsabilidades de jueces y magistrados, la dignidad de su función y su adecuada remuneración.

d)              Las causas para traslados, retiro obligatorio y sistema jubilatorio de jueces y magistrados.

e)              Los procedimientos de antejuicio contra jueces y magistrados y medidas disciplinarias, incluyendo causales de destitución, con garantías, procedimientos y sanciones preestablecidas.

ARTÍCULO 6. Sustitución del artículo 209, por el texto siguiente.

ARTÍCULO 209. Administración del Organismo Judicial. La administración de los recursos económicos y humanos del Organismo Judicial estará a cargo de la Oficina de Administración Judicial, que funcionará en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia.

Dicha Oficina estará a cargo de un Administrador Judicial, elegido por un período de cuatro años, según el mecanismo que establezca una ley especial, que garantice su idoneidad e independencia.

La ley regulará su organización, estructura y funciones. La Corte Suprema de Justicia ejercerá contralor sobre la labor de la Oficina.

ARTÍCULO 7.Sustitución del artículo 210, por el texto siguiente.

ARTÍCULO 210. Del personal auxiliar administrativo. El personal auxiliar y administrativo del Organismo Judicial será nombrado por la Oficina de Administración Judicial.

Las relaciones de régimen laboral del personal auxiliar, serán reguladas por la Ley de Personal Auxiliar; y las del personal administrativo, por la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial.

ARTÍCULO 8. Sustitución del artículo 213, por el texto siguiente.

ARTÍCULO 213. Presupuesto del Organismo Judicial. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular el presupuesto del ramo; para el efecto, se asignará una cantidad no menor del cinco por ciento del Presupuesto de ingresos ordinarios del Estado, que deberá entregarse a la tesorería del Organismo en cuotas mensuales por el órgano correspondiente, en forma proporcional a la recaudación.

Son fondos privativos del Organismo Judicial los derivados de la administración de justicia y los caídos en comiso. La inversión de los mismos corresponde a la Corte Suprema de Justicia, a través de la oficina de Administración Judicial. El Organismo Judicial deberá publicar anualmente su presupuesto programático e informar al Congreso de la República cada cuatro meses sobre los alcances y la ejecución analítica del mismo.

La formulación, administración y ejecución del presupuesto, así como la inversión de sus fondos privativos, se hará a través de la Oficina de Administración Judicial.

ARTÍCULO 9.Se adiciona el artículo 213bis, conforme al texto siguiente.

ARTÍCULO 213bis. La designación de Magistrados y jueces se efectuará a partir de una preselección de postulantes efectuada por el Consejo de Selección Judicial, en las condiciones establecidas por la ley que regule la carrera judicial.

Dicho Consejo estará integrado por nueve miembros: el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuatro magistrados, dos abogados colegiados activos y dos catedráticos de derecho. Con excepción del Presidente de la Corte Suprema, los miembros del Consejo durarán en sus cargos un período de cuatro años, y serán reemplazados por mitades cada dos años.

También serán elegidos miembros suplentes, para el caso de imposibilidad o inhabilidad temporal o permanente para desempeñar el cargo. En caso de imposibilidad temporal, el suplente sustituirá al titular mientras dure dicha imposibilidad de actuar. En el caso de que fuese permanente, ocupará su cargo hasta cumplir el mandato que resta al titular.

La ley establecerá el mecanismo de designación de los miembros del Consejo, así como el procedimiento para llevar a cabo sus sesiones, y los criterios objetivos de evaluación de los postulantes.

ARTÍCULO10.Se adiciona el artículo 213ter, conforme al texto siguiente.

ARTÍCULO 213ter. Los Magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces, serán designados por la Corte Suprema de Justicia, mediante sorteo que se efectuará entre aquellos que resulten nominados por el Consejo de Selección Judicial.

Producida una vacante, el Consejo hará una convocatoria abierta y pública a todos los abogados que se postulen y cumplan con los requisitos establecidos por esta Constitución para el cargo de que se trate. Una vez evaluados los antecedentes de los candidatos y producido el examen de oposición, según el mecanismo que establezca la ley de la carrera judicial, el Consejo efectuará una preselección de aquellos que obtengan las mejores calificaciones. La ley podrá prever que se otorgue cierta cantidad de puntos adicionales, al juez o magistrado que se postula para permanecer en su mismo cargo una vez vencido el período fijado por el artículo 208.

La preselección de candidatos se decidirá por mayoría absoluta de votos de los miembros del Consejo. En las votaciones, tanto para integrar el Consejo, como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.

En acto público, en presencia del Consejo y de los postulantes que así lo deseen, el Presidente de la Corte Suprema procederá a efectuar un sorteo entre los tres primeros preseleccionados, para determinar quién será designado para el cargo.

La ley podrá disponer que, en el caso en que el primer postulante aventaje al segundo por una diferencia superior al tercio de sus puntos, se lo designe en forma directa, sin proceder al sorteo.

ARTÍCULO 11. Sustitución del artículo 215, por el texto siguiente:

ARTÍCULO 215. Presidencia de la Corte Suprema. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros, con el voto favorable de las dos terceras partes, al Presidente de la misma, quien durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelecto.

ARTÍCULO12.Se suprime el artículo 216.

ARTÍCULO 13. Se suprime el artículo 217.

ARTÍCULO 14. Sustitución del artículo 218, por el texto siguiente:

ARTÍCULO 218. La Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que determine la Ley, que también fijará su sede y jurisdicción.

ARTÍCULO 15. Sustitución del artículo 222, por el texto siguiente:

ARTÍCULO 222. Los magistrados de cualquier jerarquía serán suplidos según lo disponga la Ley del Organismo Judicial.

ARTÍCULO 16. Sustitución del artículo 251, por el texto siguiente:

ARTÍCULO 251. Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de la legalidad y el ejercicio de la acción penal pública. Su organización y funciones se regirán por su Ley Orgánica.

El Ministerio Público será dirigido por un Fiscal General, e integrado con los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de las mismas inmunidades que los magistrados judiciales.

Para ser Fiscal General se requerirán las mismas condiciones que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y permanecerá en sus funciones por un período de diez años, siempre que no incurra en las causas de remoción establecidas en la ley.

El Fiscal General será designado por el Congreso de la República, con intervención del Consejo de Selección Judicial, siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 213 ter para la designación de jueces y magistrados. Gozará del derecho de antejuicio, en las condiciones establecidas por el artículo 206.

La ley orgánica del Ministerio Público regulará los requisitos y la forma de ingreso a la carrera fiscal, ascensos, traslados, sanciones disciplinarias, causales y procedimiento de destitución y demás cuestiones inherentes a su organización y funcionamiento.

ARTÍCULO 17. Se adiciona el artículo 251bis, conforme al texto siguiente.

ARTÍCULO 251bis. Asistencia legal gratuita. Una ley especial regulará el modo en que se proveerá asistencia legal gratuita a quienes carezcan de medios para sufragarla. Dicha ley establecerá los requisitos y la forma de ingreso a la carrera de defensor público, ascensos, traslados, sanciones disciplinarias y demás cuestiones inherentes a su organización y funcionamiento.

En materia penal, la defensa legal se prestará obligatoriamente a quienes determine la ley en la materia.

 

ARTÍCULO 18.Sustitución del artículo 269, por el texto siguiente:

ARTÍCULO 269. Integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con diez magistrados. La Corte estará integrada por tres Cámaras de tres magistrados cada una. Dichas Cámaras tendrán igual competencia. Anualmente, uno de los magistrados no integrará ninguna de las Cámaras y ejercerá las funciones de Presidente de la Corte.

En los casos de los incisos a), c) segunda parte, e) y h) del artículo 272, o cuando conozca en asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente o el Vicepresidente de la República, la Corte se integrará con la totalidad de sus miembros. También podrá auto-convocarse a reunión plenaria de sus miembros, según el procedimiento que establezca la ley, en los casos de que existan criterios jurisprudenciales opuestos entre las tres Cámaras.

En caso de que una Cámara o el Tribunal en Pleno no puedan integrarse por motivo de excusación, recusación, ausencia temporal de alguno de sus miembros, o en caso de vacancia, serán sustituidos por magistrados de la Corte Suprema elegidos por sorteo.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad serán designados por el Congreso de la República, con intervención del Consejo de Designación Judicial, siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 213 ter.

ARTÍCULO 19. Sustitución del artículo 270, por el texto siguiente:

ARTÍCULO 270 Requisitos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Para ser Magistrado de la Corte de Constitucionalidad, los candidatos deberán cumplir los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los restantes magistrados y jueces.

ARTÍCULO 20. Sustitución del artículo 271, por el texto siguiente:

ARTÍCULO 271 La Presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados que la integran, en forma rotativa, en período de un año, comenzando por el de mayor antigüedad, siguiendo en orden descendente. En caso de igual antigüedad, se escogerá al de mayor edad.

ARTÍCULO 21.Adición de los siguientes artículos transitorios:

ARTÍCULO 1. Vigencia. Las reformas referidas en el presente decreto legislativo entrarán en vigencia un año después de que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta popular que las ratifique.

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