El desarrollo económico de Guatemala requiere de infraestructura de calidad: caminos, carreteras, puentes, electricidad, telecomunicaciones, puertos y más.
El deplorable estado de la red vial en Guatemala es evidente, como lo es la parálisis exhibida por los responsables de su manutención. Según datos oficiales, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha ejecutado menos del 20% del presupuesto asignado a la cartera. El Presidente Jimmy Morales prometió atender el asunto y anunció que sacará a licitación 714.74 kilómetros por Q1.5 millardos. (elPeriodico) Las consecuencias de la negligencia son nefastas en términos de inversión, productividad y empleos.
Dos causas de la parálisis son el huracán llamado Caso Odebrecht y el recién anunciado caso “Construcción y Corrupción” de la CICIG. No en balde CNN Money se refiere a Odebrecht como el “escándalo de corrupción global más grande en la historia moderna”. El ex presidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, son sus más recientes presas. Se estima que en Guatemala, Odebrecht pagó US$18 millones de dólares a miembros del gobierno de Otto Pérez Molina. En tanto, el viernes 14 de julio, Guatemala amaneció sacudida por cuarenta allanamientos. Permanece prófugo el ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi, acusado de establecer empresas de cartón para lavar dinero de sobornos cobrados a constructores. Con razón, las actuales autoridades y los contratistas tiemblan ante la posibilidad de enlodarse. Aprendamos bien las lecciones de esta tragedia nacional, para tomar medidas correctas.
Primero, los problemas no desaparecen tras acusar a Fulano y Sutano de actos criminales. Al menos que se implanten cambios administrativos para transparentar las licitaciones, de poco sirve desenmascarar cómo operaban los corruptos. ¿Cómo cambiar los incentivos vigentes? Las reglas deberían rendir una asignación de la concesión transparente (¿por subasta?) que atraiga a inversionistas probos, locales y extranjeros, dispuestos a construir, operar, financiar y reparar tramos carreteros a cambio del cobro de peajes, de forma eficiente y segura.
Segundo, la extracción de rentas es claramente el principal veneno. ¡Los pasados funcionarios del CIV literalmente extorsionaban a las empresas: “o soltás, o la burocracia no responde y no te cancelamos lo adeudado”! La extracción de rentas divide a las empresas implicadas en dos tipos: las entidades falsas que jamás tuvieron la capacidad ni la intención de completar los proyectos licitados, creadas específicamente para buscar rentas, y aquellas empresas competentes y formales, que sí ejecutaron obra pero que bajo presión, “pagaron para que les pagaran”.
Tercero, la evidencia local y mundial apunta a la superioridad de la infraestructura construida por el sector privado. Los centros de investigación Cato y Reason, de Estados Unidos, tienen estudios que recomiendan calles privadas (como la VAS en Guatemala) o arrendamientos de muy largo plazo, hasta de 99 años. Las ventajas son: mejor asignación de recursos, decisiones económicas y no políticas, se construye en tiempo, se cuida la calidad, el riesgo corre por cuenta de la empresa, y se emplean estrategias competitivas para atraer clientes. Las constructoras privadas son innovadoras y ahorrativas; piensan creativamente. Además, son menos susceptibles a las presiones políticas.
Mientras los guatemaltecos seguimos la trama judicial de éste y otros casos de corrupción, cual telenovelas con buenos y malos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo tendrían que trabajar velozmente sobre propuesta de reforma para impedir las malas prácticas, y deberían sentar un precedente de cómo hacer las cosas bien hechas. Frenar el motor del desarrollo traerá consecuencias peores.
* Artículo publicado originalmente en Revista Contrapoder el 17 de julio 2017.
Carroll Ríos de Rodríguez
consejo directivo
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