Artículos de prensa

Hambre de progreso

Marta Yolanda Diaz Durán

25 de agosto, 2017

No es el hambre de los burócratas, nacionales e internacionales, que utilizan el hambre de los demás, en particular el hambre de los más pobres, para saciar su apetito. Que se llenan la boca de las penas de los otros, jurando y perjurando que ellos tienen la solución a la lamentable situación en la que viven muchos. Esa original solución es hacer más de lo mismo que ha sido un fracaso para combatir la pobreza: aprobar más legislación estatista e intervencionista que otorgue a los gobernantes, y a los funcionarios estatales, más poder arbitrario del que ya tienen para quitarles una mayor tajada de sus ingresos a la gente productiva.

 Por supuesto, venden su idea repitiendo la mentira que todavía muchos se tragan para alimentar su resentimiento: aseguran que serán los más ricos los sacrificados. ¿Cuál es la realidad? Que todos pagaremos, independientemente del patrimonio con el cual contemos, por la ingenuidad de quienes caen presas del engaño de estos bien pagados personajes que viven la buena vida a costa del hambre de los más pobres. Sí, porque esos pobres no van a lograr superar la pobreza con más despilfarro del dinero que le sea expoliado al legítimo creador de esa riqueza. Ese dinero que pudo ser parte del capital que hubiera servido para crear fuentes de trabajo productivo para aquellos que más lo necesitan: los que a duras penas juntan lo necesario para mal comer cada día.

 

 Estos burócratas, que los hay de varias especies que comparten el gusto por la vida parasitaria, no sólo proponen más programas y legislación con la excusa de ayudar a los más pobres con el peculio de otros, sino que también obstaculizan la creación de riqueza por medio de regulaciones absurdas y contradictorias. Tal es el caso de la ley anticompetencia que tanto les interesa que se apruebe en Guatemala.

 

 Es obvio, como lo han señalado muchos antes que yo, que una política de intervención del gobierno en un sistema comercial de libre mercado es una contradicción de términos. Los intercambios de propiedad privada, pues al fin eso hacemos al adquirir bienes y servicios, son por naturaleza voluntarios. No se puede legislar el libre mercado o crear competencia por medio de legislación. Para tener un mercado, libre por definición, los gobernantes deben respetar la voluntad de las personas que deciden qué, cómo, cuándo, cuánto… y a quién le compran todo aquello que necesitan para cubrir sus necesidades y alcanzar sus objetivos PERSONALES. Que los gobernantes pretendan controlar por medio de regulaciones la competencia y/o el mercado es una contradicción.

 

 En pleno siglo veintiuno de la era compartida, ya debería ser entendido que las propuestas de más intervención estatal no resuelven los problemas, los agravan. No entiendo como todavía hoy tantos se alimentan del cuento de que un abstracto Estado les va a resolver la vida, cuando lo único que los gobernantes, en nombre de ese Estado deben hacer para proteger el bienestar y el progreso de la humanidad, es velar porque haya seguridad y justicia para todos.

 

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