Publicado: Prensa Libre/ Guatemala 5 de diciembre del 2025
¿Reforma o confesión? Jorge Jacobs explica cómo la súbita eliminación de trabas comerciales revela algo más profundo y perturbador: que el Estado pudo desmantelar en semanas las barreras que defendió durante décadas.
El martes 2, personeros del Ministerio de Economía explicaron en el Congreso cómo una “fuerza de tarea” presidencial está consiguiendo en semanas lo que el aparato estatal juró durante dos décadas que era imposible: eliminar ocho barreras no arancelarias y simplificar procesos críticos. La razón no fue una epifanía moral sobre la libertad de empresa, sino el pánico ante la amenaza del arancel del 10% impuesto por Estados Unidos. El relato oficial habla de “acuerdo histórico”, pero la noticia es otra: el mismo Estado que defendió estas trabas durante décadas ahora reconoce, por la vía de los hechos, que puede borrarlas sin poner en riesgo la salud ni la seguridad de nadie. ¿No es acaso la prueba irrefutable de que hemos vivido secuestrados por una burocracia parasitaria?
Cada sello, cada ventanilla y cada “tasa” representaba un mecanismo diseñado para extorsionar al productor honesto o para proteger a compadres mercantilistas. La velocidad con la que el gobierno de Bernardo Arévalo está desmantelando estas trabas confirma que su única función era justificar la existencia de plazas innecesarias y alimentar la corrupción en las aduanas y los ministerios.
La narrativa oficialista presenta este acuerdo como un “sacrificio” de soberanía para salvar las exportaciones. Nada podría estar más alejado de la verdad. El Estado no nos está “dando” libertad; simplemente está dejando de violar nuestros derechos de propiedad. Eliminar un obstáculo artificial que encarece la vida de los guatemaltecos y asfixia a los emprendedores no es una concesión diplomática a Washington; es un acto de justicia tardía hacia cada ciudadano que ha pagado sobreprecios por la ineficiencia e intromisión estatal.
El costo de esta farsa ha sido incalculable. Hoy celebran el rescate de USD1,642 millones en exportaciones agrícolas y la salvación de miles de empleos en el sector textil. Pero, ¿quién llora por los miles de empresas que jamás nacieron, las inversiones que huyeron a otros países y la riqueza y los puestos de trabajo que nunca se crearon, porque un funcionario decidió que su sello y, por ende, su empleo, era más importante que la prosperidad de todos los guatemaltecos? La tramitología no solo encarece; aborta empresas en gestación.
Ahora bien, el peligro latente reside en buena parte de la solución propuesta: la digitalización centralizada. Si bien la tecnología puede agilizar procesos, digitalizar un trámite estúpido solo nos permite cometer estupideces a la velocidad de la luz. La meta no debe ser crear una “ventanilla única” digital donde el tributario pida permiso más rápido para ejercer su derecho a comerciar, sino eliminar todo proceso que no sea estrictamente indispensable para proteger derechos de propiedad o prevenir fraude demostrable. Si un trámite pudo eliminarse en tres meses por presión de Trump, significa que nunca debió existir. Si Guatemala hubiera hecho su tarea hace años —abrir mercados unilateralmente, reducir aranceles y eliminar burocracia por convicción propia—, hoy no estaríamos negociando con la pistola en la cabeza. Guatemala no necesita un Estado más eficiente en estorbar; necesita un Estado que deje de estorbar.
Pero todavía no hay que cantar victoria. Si estas reformas se quedan en acuerdos ministeriales, el monstruo burocrático volverá a crecer en cuanto baje la presión externa. La burocracia tiene memoria infinita y paciencia eterna para recuperar sus privilegios. La eliminación de estas barreras debe quedar en ley —ya están en el DR-Cafta y el USTR lo ha reclamado por 20 años, pero eso le vino del norte a los burócratas locales—, blindando la libertad económica contra los caprichos de futuros gobernantes. La lección es clara: la libertad no se negocia, se ejerce.