Publicado: Prensa Libre/ 19 de septiembre del 2025
¿Falla ciudadana o fracaso estatal? Jorge Jacobs explica cómo la propuesta de restringir la compra de vehículos en la capital no resuelve el caos vial, sino que castiga al ciudadano por adaptarse a la ausencia de seguridad y de transporte colectivo funcional.
El gerente general de Emetra, Héctor Flores, ha sugerido que la solución al caótico tránsito de la ciudad pasa por restringir la compra de vehículos. Es la culminación predecible de un diagnóstico errado: culpar al ciudadano por las consecuencias del fracaso estatal. La propuesta no solo revela una profunda incomprensión del problema, sino que muestra un peligroso instinto autoritario que ve en la restricción de libertades individuales el remedio para su propia incompetencia.
La pregunta fundamental no es por qué tantos guatemaltecos compran carros y motos, sino por qué se ven obligados a hacerlo. La respuesta es sencilla: porque el Estado, y en particular la Municipalidad de Guatemala, ha fracasado rotundamente en su deber de garantizar las dos condiciones mínimas para una movilidad civilizada: seguridad y un transporte colectivo funcional. En la Guatemala de hoy, la compra de un vehículo no es necesariamente un acto de lujo, sino de supervivencia. Es una decisión totalmente racional de una persona que pondera sus riesgos y concluye que es preferible enfrentar los peligros del tránsito a la certeza de ser asaltado, extorsionado o asesinado en el recorrido entre los buses y su trabajo o casa.
El fenómeno no es señal de bonanza, sino de adaptación: hogares que, ante un transporte colectivo insuficiente e inaccesible, decidieron invertir en movilidad propia. El aire de “exceso” que los burócratas proyectan sobre esas decisiones ignora que la Constitución protege la libertad de locomoción y la libertad de industria y comercio, con límites solo por ley y no por ocurrencia administrativa. Castigar al conductor por escapar del fracaso del transporte público invierte la carga de la prueba: el ciudadano se adapta; el que fracasa es el Estado.
Cada nuevo vehículo que sale a las calles es un monumento al fracaso del transporte colectivo. Durante décadas hemos visto cómo el sistema se deterioraba bajo un modelo de gestión centralizado que sofocó la competencia, abrió la puerta a la captura por grupos de interés y culminó en proyectos fallidos como el Transurbano. La visión monopolista de la municipalidad, que impide el surgimiento de soluciones de mercado, es una de las causas del caos que hoy pretende resolver con prohibiciones. La pretensión de conocimiento de los planificadores centrales pasa por alto que son millones de decisiones individuales, coordinadas por el mercado, las que resuelven problemas complejos de forma más eficiente.
¿Realmente creen los funcionarios que restringiendo el derecho a la propiedad y a la libre locomoción aparecerá mágicamente un sistema de transporte digno? La evidencia demuestra lo contrario. En lugar de corregir estas distorsiones, se opta por el camino fácil: castigar al ciudadano. Es como culpar al que compra un generador eléctrico por los apagones del servicio.
La solución no es más control, sino más libertad. Implica eliminar las restricciones que impiden la competencia y la innovación privada en el transporte masivo. Se necesita eliminar las barreras para que operadores privados ofrezcan las alternativas que la burocracia ha sido incapaz de crear. Y pasa, fundamentalmente, por entender que el rol del gobierno es defender los derechos de los individuos, no dictarles cómo deben moverse.
La idea de restringir la compra de vehículos es un atentado contra la libertad y un insulto a la inteligencia. Es una confesión de fracaso disfrazada de política pública. Los ciudadanos movilizándose no son el problema; son la solución que el propio Estado forzó. Defender nuestro derecho a elegir cómo movernos es defender la última línea contra un gobierno que, habiendo creado el caos, ahora pretende usarlo como excusa para arrebatarnos la libertad.