Publicado: Prensa Libre/ 7 de noviembre del 2025
¿Cambiaron las caras o el sistema? Jorge Jacobs revela cómo el gobierno de Bernardo Arévalo repite los mismos esquemas de corrupción que prometió erradicar.
La 4a. calle 8-26, zona 2. Un local modesto. Olor a chocolate y banano. A simple vista, un pequeño emprendimiento. En los registros del Gobierno, es la sede de un imperio contractual emergente. Al menos nueve sociedades comparten este domicilio fiscal. Estas compañías, constituidas con un capital de Q2 mil, han facturado más de Q140 millones al gobierno de Bernardo Arévalo. La “nueva primavera” huele exactamente igual al pantano que prometió drenar. El cinismo es absoluto. Y ni siquiera pudieron ser originales. Este esquema no es innovador; es un plagio. Es el modus operandi casi exacto del caso B410, que operó bajo Alejandro Giammattei.
El gobierno actual y sus aliados pasaron años denunciando —con toda razón— ese modelo: compañías de cartón, capitales mínimos, un mismo notario y domicilios compartidos para simular competencia. Ahora, la evidencia sugiere que están usando el mismo mecanismo. La única variable que cambió fue el partido en el poder, que además se las lleva de virginal.
La pregunta es inevitable: ¿cómo una administración que llegó al poder con el mandato de combatir la corrupción replica con precisión los métodos del caso B410? ¿Por qué un gobierno que se autoproclama “impoluto” recurre a la misma corrupción que denuesta? La respuesta está en los incentivos. El sistema guatemalteco está perfectamente diseñado y lubricado para lo que hace: facilitar la corrupción.
La corrupción estructural necesita un facilitador institucional. En este escándalo, el facilitador clave es el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), una dependencia del Ministerio de Finanzas. Por lo que se ve en este caso, el RGAE no es tanto un filtro técnico como una herramienta de poder discrecional. ¿Con qué criterio objetivo puede el RGAE, hoy bajo la administración del ministro Jonathan Menkos, elevar el techo de contratación de una compañía de cartón, de la noche a la mañana, de Q44 millones a Q174 millones? Esto es un salto de casi 300%. Esa firma discrecional es la verdadera corrupción. Es el poder solapado del Gobierno de elegir ganadores y perdedores.
Toda esta discrecionalidad alimenta un sistema donde el éxito no depende de la eficiencia o el precio, sino de la conexión política. El caso de Empornac es el ejemplo perfecto. IPG, una de las compañías parte de la red, ganó una licitación ofertando un precio de Q45.3 millones. Se descalificaron ofertas más bajas, como una de Q37.9 millones, por cuestiones “de forma”. Cuando se supo el caso, tuvieron que dar marcha atrás por vergüenza, pero no sin la férrea oposición del presidente de la portuaria.
La reacción del gobierno o de sus achichincles ante la denuncia de la “Casa de los Chocobananos” es la confesión. Un gobierno comprometido con la transparencia habría iniciado una investigación interna inmediata. Habría separado del cargo a los funcionarios del RGAE. Habría publicado las auditorías de Empornac. ¿Qué hicieron en su lugar? Guardaron silencio. Peor aún, como denunció República, hubo intentos coordinados “espontáneos” de acallar la noticia, logrando que YouTube bajara el video. Cuando un gobierno prefiere la opacidad y el apañamiento a la verdad, revela su complicidad.
Afortunadamente, ya se empieza a descubrir que esto nunca fue una lucha de ángeles contra demonios. Es la eterna batalla entre el poder estatal concentrado y la libertad individual. El caso de la “Casa de Chocobananos” prueba que el problema no son solo las personas, es el sistema que les da poder discrecional. La solución no es confiar en la “integridad” de Arévalo o Menkos. La solución es desmantelar ese poder. La solución es eliminar la discrecionalidad. La República no se salva cambiando de capataz. Se salva demoliendo el sistema de incentivos perversos. ¡Exijamos cuentas!