Publicado: Prensa Libre/ 21 de noviembre del 2025
¿Gobernabilidad o compra de voluntades? Jorge Jacobs explica cómo la reciente avalancha de decretos aprobados por el Congreso no refleja eficiencia legislativa, sino una maquinaria de clientelismo diseñada para asegurar los votos del Presupuesto 2026 a costa de la propiedad privada, la transparencia y el bolsillo de los tributarios.
Este martes, el Congreso protagonizó una sesión inusual, aprobando cinco decretos en una sola jornada. Lo que a simple vista parecería una súbita ola de eficiencia parlamentaria, en realidad es la consumación de una transacción política orquestada desde el Ejecutivo. Bajo la dirección de operadores oficialistas, se dispensaron dictámenes y se aprobaron leyes de urgencia nacional, mezclando temas de seguridad, subsidios y cuestiones fiscales. Esta “aplanadora” no es gratuita; es la evidencia palpable de que el oficialismo ha logrado amarrar los votos necesarios —más de 107—, no por convicción ideológica, sino mediante el viejo y nefasto mecanismo de la compra de voluntades.
Lo que vimos, tanto este martes como el pasado, fue un caso de libro de texto de intercambio de favores: el gobierno necesitaba limpiar el camino para el Presupuesto 2026 y, para lograrlo, ofreció a los diputados el control sobre obras en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Estos son los instrumentos perfectos para pagar estos favores con el dinero de los tributarios.
La estrategia fue maquiavélica. Utilizaron “edulcorantes” populares como la Ley de Portabilidad Numérica, la devolución del crédito fiscal —una medida de justicia para los tributarios, aunque con trampas burocráticas— o el TLC con Corea, para que la ciudadanía tragara la píldora amarga del clientelismo. A su sombra, por ejemplo, se aprobó de urgencia nacional el decreto 15-2025, que permite otorgar contratos sin licitación en la compra de equipos supuestamente para combatir a las maras, abriendo las compuertas a la corrupción y destruyendo la transparencia que tanto prometieron defender.
El decreto 12-2025 es otro ataque frontal a los principios de una sociedad libre. Al dar más importancia a tener la posesión en lugar de tener el título de propiedad para las escuelas, se debilita el registro y la seguridad legal, que son esenciales para el crecimiento económico. Sin un respeto estricto por la propiedad privada, el cálculo económico se vuelve imposible y el caos es inevitable. Están legislando excepciones que, a la larga, destruirán la regla general del derecho de propiedad, todo para que el gobierno pueda mostrar una ejecución física veloz que disfrace su ineficiencia administrativa.
Pero no nos engañemos, estos decretos son solo el aperitivo. El plato fuerte es la negociación del Presupuesto 2026. La facilidad con la que se aprobó esta legislación es la prueba de que el oficialismo ya cuenta con los votos para aprobar el presupuesto de urgencia nacional. Este presupuesto es una amenaza para la estabilidad económica de las familias guatemaltecas. Es un plan de gastos desmesurado, con un déficit fiscal irresponsable y enfocado casi en su totalidad en gastos de funcionamiento y pactos colectivos. Sin mencionar el incremento considerable al Ministerio de Desarrollo que será utilizado para tratar de comprar votos para las elecciones de 2027.
Los cambios que seguramente veremos en el dictamen de la Comisión de Finanzas —o peor aún, introducidos como enmiendas de curul de último minuto— reflejarán los montos de esta compra de votos. Asignarán cientos o miles de millones de quetzales adicionales a los Codede, y probablemente algo de los pagos ya vaya incluido en los decretos 13-2025 y 15-2025. El gobierno gastará el dinero de los tributarios actuales y futuros para perpetuarse en el poder y satisfacer a sus socios temporales en el Legislativo.
Estamos ante un momento crítico. Aprobar un presupuesto inflado y deficitario será un clavo más en el ataúd de nuestra economía. Como ciudadanos y tributarios, debemos rechazar esta farsa de “gobernabilidad” que no es más que corrupción de la misma calaña de siempre. ¡No al presupuesto!