TÓPICO DE ACTUALIDAD
Año: XXXV, 1994 No. 798
N. D. La causa de la crisis venezolana está en las elevadas exigencias que planteó el enriquecimiento vivido en la década de los años setenta. La bonanza petrolera desembocó en despilfarro y endeudamiento. Se abusó de la democracia utilizándola como pretexto para la corrupción y la ilegalidad. Pero la voluntad de reforma tiene límites: la añoranza por la figura paterna y por el Estado que da sustento sirven ahora como refugio; el liberalismo nunca hecho realidad es ahora el chivo expiatorio.
Fuente: «Neue Zürcher Zeitung»
Traducción: Miguel Méndez.
Permiso de Reproducción de: Perfiles Liberales.
Venezuela o la Maldición del Enriquecimiento Ilícito
Despilfarro, endeudamiento, corrupción, en gran escala. El hecho de que precisamente Venezuela haya caído en una grave crisis en los últimos años parece un chiste flojo de la historia. Visto superficialmente el país daba hasta hace poco la impresión de ser económicamente sano y políticamente estable. Desde la década de los años setenta el Estado venezolano, que actualmente cuenta con 21 millones de habitantes ha recibido casi 250 mil millones de dólares por concepto de las exportaciones petroleras: entre 1947 y 1951 Europa recibió 13 mil millones de dólares dentro del marco del Plan Marshall. Sin embargo, Venezuela se convirtió en un foco de disturbios desde hace cinco años. En 1989 el sofocamiento del llamado «Caracazo», es decir de las violentas protestas estudiantiles y sociales contra las medidas de austeridad económica, produjo por lo menos 300 muertos. Dos intentos golpistas, no carentes de apoyo popular, en 1992, y un caso relativamente inicuo de corrupción, finalmente le costaron el puesto al presidente Carlos Andrés Pérez, en mayo de 1994. El 2 de febrero del año en curso el presidente de transición, Ramón José Velásquez, se encontraba visiblemente aliviado de poder entregar la responsabilidad a su sucesor elegido. ¿Qué sucedió en este país?
BENDICIONES PETROLERAS DERROCHADAS
La pregunta obligada es: ¿Qué pasó con la riqueza petrolera de Venezuela? Dos cosas: por un lado, gran parte se invirtió proyectes improductivos y, por otro, la corrupción a gran escala absorbió el resto. Haciendo uso de los miles de millones de dólares que aparentemente brotarían por siempre, los gobiernos de los años del boom Pérez durante su primer mandato (1974-79) y Luis Herrera Campíns (1979-84)-financiaron proyectos faraónicos como el complejo de industria pesada en la desembocadura del Orinoco, en la región oriental del país, escasamente desarrollada, y mantuvieron contentos a los electores con subvenciones y servicios sociales gratuitos. El precio era secundario; las cosas tenían que hacerse rápido y debían impresionar por su magnitud. Hubo muchísimo menos interés por inversiones más productivas con vista hacia el futuro por ejemplo enseñanza primaria, formación profesional, pequeña y mediana industria, desarrollo regional o por la creación de una estructura de precios y salarios más equilibrada y más justa. El Estado no solamente despilfarró, sino que gracias a las enormes reservas petroleras también se endeudó pródigamente. Hoy en día la deuda externa venezolana llega casi a los 35 mil millones de dólares; la deuda interna no es menor.
Al despilfarro y al endeudamiento se agregó la corrupción en todos los niveles del aparato estatal. Paradójicamente el sistema bipartidista de Acción Democrática y Democracia Cristiana, COPEI, el cual desde 1958 garantiza la estabilidad del gobierno civil venezolano, creó el marco apropiado para el abuso de autoridad y el nepotismo. En medio del enriquecimiento rápido producido por el petróleo, el sistema bipartidista se convirtió en un impenetrable cartel del poder; la democracia sirvió como pretexto para la corrupción. No solamente se corrompió el político y el funcionario, el colaborador electoral, el copartidario y el socio; en sentido amplio, también se corrompió el ciudadano normal, como receptor de subvenciones, que en este sistema fueron degenerando hasta llegar a ser una especie de pago por guardar silencio.
A la manera auténticamente venezolana, también en la corrupción se pusieron en juego sumas enormes; gracias a las devaluaciones y a las diferencias en el curso cambiario, durante el gobierno del presidente Lusinchi (1984-89) las personas que ocupaban posiciones privilegiadas «ganaron» millones de dólares. La fuga de capitales, que en parte es un indicador del enriquecimiento ilícito, alcanza un grado particularmente elevado en el caso de Venezuela: se calcula que actualmente ella asciende al doble de la deuda externa, entre 60 y 80 mil millones de dólares de procedencia venezolana están depositados en cuentas bancarias en el extranjero. Obviamente, en este país de autoservicio, tanto ricos como pobres apenas si pagan impuestos. Los ingresos fiscales cubren un irrisorio 3% del gasto público. Pero incluso así, se calcula que la cuota de defraudación es del 70%
FUGA HACIA LA NOSTALGIA
Es fácil imaginar que el país, los políticos y el pueblo estaban mal preparados para una crisis. Esta se inició con la caída del precio del petróleo durante el gobierno de Lusinchi. Como su sucesor, el pueblo eligió a Carlos Andrés Pérez, pues lo recordaba muy bien como el creador de la «Venezuela Saudita». Se hablan olvidado los cargos por corrupción hechos contra el presidente, ya a finales de la década de los años setenta. Pérez dio comienzo a su segundo mandato con dos golpes de bombo: una ostentosa posesión del cargo con estrellas y estadistas de 88 países, posesión de la cual en adelante en Caracas se habló como de la «coronación» y dos semanas después el anuncio de severas medidas de austeridad y de liberación. Las medidas parecieron apropiadas para la situación que se vivía; casi todos aquellos que posteriormente serían sus críticos, le dieron su bienvenida por aquel entonces. Sin embargo, como personificación de los años del boom, Pérez no era el hombre indicado para hacer que el pueblo venezolano recibiera con agrado tales medidas. Los resultados fueron tensiones sociales permanentes, y a punto de estallar en cualquier momento después del «Caracazo».
La justicia venezolana que al igual que en toda Latinoamérica no es un poder autónomo nunca se había destacado particularmente por su lucha contra la corrupción, sino que con su lentitud y su misma corruptibilidad más bien constituía un miembro digno del «sistema». Ella empezó a ser más activa bajo el gobierno de Pérez una segunda paradoja después del Shock económico. De acuerdo con el último informe del procurador general Ramón Escobar, quien ahora es ministro de gobierno, en los últimos cinco años se realizaron 700 detenciones por corrupción. El hecho de que la justicia se haya esforzado más no se debió a que el presidente así lo hubiera ordenado, sino debido a que poco a poco las riendas se le estaban saliendo de las manos. Pérez siempre tuvo una respuesta lista para todas las preguntas que se le hacían acerca de la corrupción: él no quería hacer plata, quería hacer historia. Y ahora ha pasado a los anales como el primer presidente de su país que ha sido destituido de su cargo por la vía constitucional a causa de una denuncia por prevaricato. La manipulación del fondo secreto que produjo una caída es una circunstancia que relativamente tiene poca importancia. Mucho más graves son las acusaciones hechas por lo menos en la prensa contra él y Cecilia Matos, su exsecretaria privada, amante con cargo semioficial y madre de dos hijas suyas, y contra su círculo de allegados.
Pérez fue elegido hace cinco años por nostalgia. Los electores venezolanos ..más exactamente una mayoría relativamente pequeña pero decisiva de algo más del 30% reaccionaron ante el caso de Pérez recurriendo nuevamente al pasado. Esta vez eligieron a Rafael Caldera, quien fue presidente por primera vez antes de Pérez y de la bonanza petrolera (1969-74) y quien durante 78 años ha vivido irreprochablemente como particular y como político. Caldera logró su elección con una retórica electoral populista, presumiblemente contraria a sus propias convicciones, y ahora se verá en dificultades para sostener la austeridad que propuso al tomar posesión del cargo sin perder su popularidad y sin tener que enfrentar, como su antecesor, los estallidos de ira del pueblo.
EL «NEOLIBERALISMO» COMO CHIVO EXPIATORIO
La mala memoria del pueblo y la superficialidad o la ceguera política de muchos analistas no llegan hasta las mencionadas causas más profundas de la crisis venezolana. A ellos les sirven como chivos expiatorios baratos: Pérez (ciertamente con justa razón), el «neoliberalismo», que según ellos es el responsable del empeoramiento de la situación social, así como también las organizaciones crediticias internacionales, las cuales supuestamente atrajeron a Venezuela hacia el endeudamiento, arrebatándole así su soberanía al país, y ahora le exigen dolorosas reformas estructurales.
Esto no podría ser más erróneo. Si hay un país latinoamericano en el que la crisis haya sido hecha en casa, ese es Venezuela, que como ningún otro tuvo los medios para dar un salto enorme hacia el desarrollo económico y social y los perdió en su mayor parte. Las reformas estructurales liberales y las medidas económicas no son en modo alguno la causa de la crisis, más bien lo que pasó fue que el remedio eficaz se recetó tan tardíamente que su ingestión necesariamente tuvo que ser dolorosa. Fuera de eso, la tolerancia de la clase baja y de la clase media al dolor es particularmente exigua porque éstas saben exactamente en qué medida y durante cuánto tiempo ha estado cometiendo abusos impunemente la pandilla gobernante; de ahí la simpatía generalizada en favor de la protesta violenta y de los oficiales golpistas.
LA IMPRESCINDIBLE REFORMA POLITICA
Venezuela al igual que Latinoamérica entera no ha conocido nunca el liberalismo auténtico y socialmente recto ya que la «élite» política ha interpretado la libertad como la autorización para el abuso sin límites. Sólo así se explica el hecho de que con el término «neoliberalismo» se calumnie a que a toda una corriente política que en otras partes es una garantía del estado de derecho, de la autorrealización del individuo y de la política del orden, y que la izquierda pueda celebrar su retorno con argumentos populistas. Las causas de la crisis venezolana son de naturaleza moral y política y tienen que ser combatidas con reformas políticas.
Moralidad e Intervención Estatal
Por Giancarlo Ibargüen
Mañana, tarde y noche, la historia de las noticias se repite: asaltos, violaciones, asesinatos, secuestros…. Nos quejamos del grado de inmoralidad de la sociedad en que vivimos. Reprochamos lo que oímos en el radio periódico, nos disgusta lo que vemos en el noticiero de la TV. En fin, el mar de malas noticias nos deja el alma vacía. Los hechos son lamentables y condenables. Así y todo, lo que yo encuentro significativo es que la mayoría de nosotros percibe estos hechos como malos, perjudiciales, insoportables, inhumanos…
Personalmente no conozco quién defienda el clima de violencia que vive el país. La indiferencia de algunos puede ser seña que sus valores se encuentran agotados y agobiados por el mismo ambiente negativo, y que su posición es más bien un escape psicológico.
De ahí nace mi esperanza. Pienso en todas las relaciones comunitarias, familiares y comerciales que, día a día, concluimos pacífica y voluntariamente millones de ciudadanos. La cooperación social que revivimos a diario depende de los valores morales que la mayoría de las personas respeta. Si los valores se olvidan, el renacimiento diario de la cooperación se obstruye y la sociedad se destruye. Pero, mientras el proceso de cooperación social permanezca vivo, con todo y las trampas y cacerías de la minoría violenta, en el país hay esperanza.
No soy conformista. Estoy convencido que podemos mejorar con creces. La pregunta es cómo. ¿Cómo se hace efectiva una acción moralizante? ¿Qué papel juega el Estado? Para responder estas preguntas propongo el siguiente principio. Las funciones básicas del Estado son la protección del derecho de propiedad, el mantenimiento de la paz y la aplicación de justicia pronta y eficaz, todo en un ámbito de libertad.
Cualquier otra función adicional no es prioritaria e incluso resulta contraproducente para el buen funcionamiento del Estado y de la sociedad misma. Si bien algunos lectores puede que sostengan que «el Estado debe hacer algo más» que esas funciones, cuando menos creo que estarán de acuerdo que es importante que cumpla bien las primeras, y no que cumpla las adicionales a expensas de éstas. El mantenimiento del orden público es antes que el patrocinio de las artes y la cultura.
La situación de violencia actual demuestra el fracaso del Estado en cumplir las funciones que justifican su existencia. Ahora bien, no obstante, el clima de violencia, se mantiene la cooperación social, aunque debilitada. Ello refuerza la noción que no es necesario el Estado para que surja espontáneamente un orden moral en la sociedad. Si, por ejemplo, a partir del 15 de octubre dejara de existir el gobierno, no habría rompimiento abrupto del orden moral al día siguiente. El ritmo de cooperación social continuaría, aunque quizás con el agravante de un eventual incremento en la violencia por la falta de autoridad policial y judicial.
Esa base de moralidad, por así llamarla, es la mínima existente en ausencia del Estado. Partiendo de esta base e implantando un gobierno basado en leyes generales y abstractas de justicia, sin privilegios, puede suponerse que el grado de moralidad aumentaría hasta un punto óptimo. Un verdadero Estado de Derecho mejoraría las condiciones en las cuales se desenvuelve la cooperación social. La justicia pronta y eficaz tendería a reducir el clima de violencia. Una policía dedicada a sus funciones de proteger a los ciudadanos mantendría el orden público.
El máximo grado de moralidad y el mínimo de violencia se lograrían si tan sólo el Estado cumpliera sus funciones esenciales. Esto resulta difícil de alcanzar por el problema que emerge cuando, ante la realidad de recursos limitados, y las demandas para que el Estado se encargue de esto y lo otro, desatiende su razón de ser. Cada nueva función estatal tiende a disminuir el grado de moralidad y a permitir el aumento de violencia. La curva de la paz y la prosperidad asciende en tanto el Estado cumple bien sus funciones esenciales, y declina con pendiente negativa al comenzar a financiar sus nuevas actividades con recursos que son a expensas de sus funciones básicas.
CURVA DE LA PAZ Y LA PROSPERIDAD
En tiempos de austeridad fiscal ésta es una gran lección, pues señala con claridad que los recortes en el gasto público no pueden ser parejos en todas las actividades. Si esto no se atiende, la austeridad necesariamente va acompañada de incremento en la inmoralidad y en la violencia.
Esta curva de la paz y la prosperidad es una especie de Curva Laffer, en que la coordenada vertical del ingreso tributario es la de la moralidad, y la horizontal de la tasa tributaria es la de las funciones estatales.
Es evidente que el país se encuentra hoy muy por debajo del óptimo de la curva de la paz y la prosperidad. Lo que nos queda por hacer es optimizar los recursos disponibles del Estado y concentrarles en lograr su asignación a las funciones esenciales que le corresponden. Cuando hayamos logrado esto podremos reiniciar el debate sobre qué otras funciones podría tener.