TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XXVII, 1986 No. 614

N. D. Esta breve nota apareció publicada en la «Revista de Desarrollo Económico», editada trimestralmente en español por la Fundación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en su número 2, de 1986.

Propiedad Privada: El caso de la Reforma Agraria

Desde fines de la segunda guerra mundial, el Gobierno de Estados Unidos, reconociendo lo deseable que es el derecho a la propiedad individual, ha alentado la reforma agraria en una gran cantidad de países con diversas culturas. Pero intentos más recientes de reforma agraria en Filipinas, Vietnam, Irán y El Salvador han sido menos exitosos, y quizás hasta hayan sido dañinos.

Esencialmente, la reforma agraria consiste en quitarle sus tierras a un grupo de individuos para dárselas a otros grupos. Consecuentemente, siempre tiende a ocurrir en aquellos países donde el derecho a la propiedad ya existe (pero donde posiblemente ha sido aprovechado por las clases privilegiadas para su propio beneficio). La reforma agraria no atiende debidamente el mayor problema al cual nos enfrentamos hoy, es decir, el establecimiento del derecho a la propiedad en los países donde éste nunca ha existido.

La mayor dificultad con la reforma agraria, en la forma en la cual ha sido practicada últimamente, es la siguiente: Si el Gobierno tiene el poder de expropiar la propiedad de los ciudadanos en una instancia, entonces, por extensión, no hay razón para creer que no va a ejercer ese poder en el futuro. Por lo tanto, los propietarios no se sienten seguros de sus derechos y no van a hacer planes ni Inversiones a largo plazo. La reforma agraria legitimiza para el Gobierno lo que es ilegal para el individuo: apoderarme de la propiedad de otros. Por más que el objetivo (que el mayor número de personas sean propietarios) es deseable, la manera por la cual se llega a ese fin, no lo es.

Es dudoso que los campesinos que han recibido tierras expropiadas a otros se sientan seguros de sus derechos. Los campesinos iraníes, que habían recibido tierras expropiadas a los mullahs, mencionaron esto a la antropóloga Grace Goodell a principios de los años setenta, diciéndole que, «Si el Shah le puede quitar estas tierras a ellos para dárnoslas a nosotros, ¿cuánto más fácil le será quitárnoslas a nosotros en el futuro? Y eso fue lo que ocurrió al cabo de poco tiempo. Convencido de que los grandes productores agrícolas estadounidenses trabajarían esas tierras de manera mucho más eficiente que sus propios compatriotas, el Shah les expropió las tierras. Y, como ya sabemos, los mullahs lograron vengarse, y retomar posesión de sus tierras.

Ante la insistencia de los técnicos estadounidenses, Fernando Marcos intentó expropiar a la clase media de las Filipinas en 1972. Su plan era redistribuir las propiedades de terratenientes ausentes a los campesinos que las estaban trabajando. Pero en casi todos los casos estas propiedades eran terrenos de menos de 25 acres cuyos dueños eran pequeños empresarios y maestros quienes los habían comprado con los ahorros de toda una vida de trabajo con miras a vivir en ellas al jubilarse. Mientras tanto, alquilaban las tierras a los campesinos que las trabajaban y que, de un día para el otro, resultaron ser los beneficiarios del decreto de expropiación de Marcos. Afortunadamente, el plan fue cancelado antes de que hiciera mayor daño.

El mismo error se repitió en El Salvador donde aquellas tierras cuyos dueños no vivían en ellas iban a ser expropiadas. Pero en la mayoría de los casos, estos terratenientes ausentes resultaron ser profesionales de la clase media residentes en San Salvador, y no millonarios que vivían en Miami. Sorpresivamente, muchos de ellos se encontraron con que en vez de tener un terreno donde vivir luego de jubilarse, eran dueños de bonos del Instituto de Transformación Agrícola. Más tarde, el Departamento de Estado de Estados Unidos llegó a la conclusión de que existía una conexión entre los supuestos «escuadrones de la muerte de extrema derecha» y esta injusticia aquellas personas cuyos terrenos habían sido expropiados buscaban recuperarlos.

Además, en El Salvador, los nuevos propietarios no pueden vender sus tierras por un período de 30 años. Aun cuando esta legislación tenía el propósito de impedir que los nuevos propietarios revendieran sus tierras a los antiguos dueños, su efecto fue debilitar el derecho a la propiedad, por cuanto quienes no pueden obtener el valor de su propiedad no son, en realidad, dueños de ella y no harán nada por mejoraría. Para comprender esto no hay más que pensar en lo que ocurriría con las viviendas en Estados Unidos si nadie pudiera vender su casa por un periodo de 30 años. Por otra parte, los nuevos propietarios en El Salvador tampoco podían arrendar sus tierras. ¡De hacerlo se transformaban en terratenientes ausentes y, por lo tanto, quedaban sujetos a la expropiación!

Consecuentemente, la primera etapa de la reforma agraria salvadoreña no tomó en consideración otra característica clave del derecho a la propiedad, cual es la del derecho a venderla. Durante esa etapa en que se expropiaron todas las tierras mayores de 1,235 acres, los campesinos que las habían trabajado recibieron la tierra en forma colectiva, pero ningún individuo podía vender su derecho dentro de la colectividad. Por tanto, en lugar de extender el derecho a la propiedad, este decreto lo destruyó por completo. También destrozó los incentivos para el trabajo, porque el individuo que multiplica sus esfuerzos sólo puede aumentar su recompensa en forma marginal, ya que la colectividad entera compartirá el incremento en la producción aun cuando una sola persona haya hecho un mayor esfuerzo. Así, las colectividades socializan la recompensa al trabajo e individualizan los costos. Hasta ahora nadie, ha podido solucionar este problema ya que para ello se requería transformar la naturaleza humana en la de hormigas o las abejas.

Vale anotar que la reforma agraria de El Salvador repitió el sistema colectivista impuesto en 1934, por el Gobierno de Cárdenas en México. En ese año un gran porcentaje de las tierras mexicanas fueron «reformadas» y se estableció el sistema del ejido, el cual le negaba campesino el derecho de vender la parte de los terrenos que poseía en forma colectivo. Además, si el campesino decidía mudarse a otra localidad, perdía su participación en el ejido y su propiedad. De esta complicada combinación de lotes e incentivos salió el estereotipo del mexicano holgazán, durmiendo la siesta recostado contra una pared con un sombrero cubriéndole los ojos. Sin embargo, ese comportamiento por parte de un miembro del ejido es totalmente racional. El problema continúa sin corregirse en México, e incluso durante la década de los setenta aún más tierras entraron bajo el sistema del ejido. Esta parece ser la causa principal por la cual la economía mexicana no crea las plazas de trabajo necesarias para ocupar a toda su Población activa.

Surge entonces la pregunta de por qué fue exitosa la reforma agraria en los países del Lejano Oriente a fines de la Segunda Guerra Mundial. En Japón se impuso la reforma agraria, junto con una nueva Constitución y elecciones, en diciembre de 1945 por medio de un decreto del general Douglas MacArthur. Mientras que Marcos en Filipinas, José Napoleón Duarte en El Salvador y el Shah de Irán socavaron el imperio de la justicia en sus respectivos países, MacArthur lo impuso en Japón. Sin duda los japoneses lo aceptaron porque vieron que el nuevo sistema estaba diseñado para evitar, en el futuro, el ejercicio arbitrario del poder.

Lo mismo ocurrió en Corea del Sur, antigua colonia japonesa, donde alrededor de quince por ciento de las tierras eran propiedad de ciudadanos japoneses (quienes realmente eran terratenientes ausentes). Al igual que en Japón, al llegar los americanos impusieron elecciones libres y una nueva Constitución y le devolvieron a los surcoreanos las tierras que habían sido ocupadas por los japoneses.

Todo parece indicar que, si la reforma agraria tiene como resultado reforzar el régimen de propiedad individual, ésta tiene posibilidad de tener éxito. Pero todo intento de utilizar la reforma agraria para colectivizar la tierra, o para menoscabar el derecho a la propiedad, tiene consecuencias funestas. Lo primero resulta casi imposible, y lo segundo no es deseable.

LA REFORMA AGRARIA ¿Conviene o no una REFORMA AGRARIA?

Reformar implica el concepto de hacer cambios para mejorar; en un país como el nuestro. Eminentemente agrícola, hablar de mejorar la situación así, debiera ser la piedra angular de toda política que persiga el desarrollo del país. Sin embargo. cuando se habla de REFORMA AGRARIA como un fin en sí mismo, y no como un medio para mejorar, lo que nos queda es un concepto político, demagógico y sin fundamento teórico.

¿Cuáles son los objetivos de una VERDADERA REFORMA AGRARIA? El principal objetivo es el aumento de la producción. Con ello se alimentaría más y mejor nuestra población y se aumentarían las exportaciones. El aumento de riqueza y bienestar permitiría la capitalización del país sobre una base sólida. generando un desarrollo industrial compatible y competitivo a nivel mundial. Este desarrollo industrial propio del agro crearía estabilidad ante las fluctuaciones de los ciclos agrícolas y generaría la base de un desarrollo urbano inmediato a los centros agrícolas.

Otros modelos de REFORMA AGRARIA parten de premisas previamente definidas, falsas, y que revelan el diseño específico de un modelo social que no corresponde a la aspiración de lograr una sociedad mejor para todos, basada en un sistema de justicia y libertad. Cuando hay justicia y libertad, los factores de la producción, uno de ellos la tierra, se utilizan y distribuyen en la forma más eficiente para lograr el mejor resultado para todos. Esto incluye la manera en que las fuerzas del mercado van transformando los tamaños de las unidades de producción y la forma de su tenencia. Cuando este proceso se altera, las víctimas sacrificadas son la justicia y la libertad. Pero más que eso, las confiscaciones de tierra, las expropiaciones, la limitación al tamaño de las parcelas, o la colectivización del patrimonio agrario, tiene el efecto inmediato y permanente de una disminución en la producción y en la productividad.

Por J. B, Carta Económica No. 16, abril 1984. CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS NACIONALES, CIEN

«El propósito de la justicia es darle a cada quien lo suyo» c 50 a C., Cicerón, «De Legibus»

«Lo justo consiste en no quitarle a nadie lo suyo» 1651, Thomas Hobbes, «Leviatán»

«La razón por la cual los hombres entran en sociedad es la preservación de lo que es propio». 1690, John Locke, «Tratado sobre el Gobierno»