TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XXVI, 1985 No. 594

N. D. Este artículo fue publicado por el Diario LA NACION de Buenos Aires, Argentina, el 21 de octubre de 1985. El Dr. Alberto Venegas Lynch (h) es un fundador y director de ESEADE – Escuela Superior de Estudios de Administración de Empresas – de Buenos Aires, Argentina.

El Peso del Leviathan

Alberto Benegas Lynch [h.]

«El más urgente de los problemas de nuestra época (ya denunciado con profética lucidez por el casi olvidado Spencer) es la gradual intromisión del Estado en los actos del individuo».

Jorge Luis Borges

Es, sin duda, una tautología afirmar que el objeto de una sociedad libre consiste en que los individuos que la componen disfrutan de libertad. Como los individuos somos distintos con inclinaciones, valorizaciones, preferencias y vocaciones diferentes, el permitir que se actúe libremente abre las puertas a la energía creadora de cada cual para seguir sus respectivos caminos.

En una sociedad libre, el aparato de compulsión y coerción que llamamos gobierno recurre a la fuerza exclusivamente con carácter defensivo, es decir, para prevenir y reprimir las acciones que atentan contra la libertad de las personas.

En el caso argentino, hace ya décadas que vivimos en una sociedad estatizada donde los gobiernos amparados en la fuerza física que los respalda en gran medida deciden las formas en que ha de conducirse el ciudadano en aspectos importantes de su vida, así como también los destinos que han de dar a sus recursos.

De este modo, recurren a la fuerza para imponer programas y bibliografías en todas las instituciones educativas con la pretensión por otra parte ridícula como señala Vargas Llosa de definir qué es la cultura. Recurren a la fuerza para instalar medios de comunicación estatales, o cual implica una burda caricatura de la libertad de prensa y el periodismo independiente. Recurren a la fuerza para imponer un sistema monopólico de jubilación estatal que afecta severamente el nivel de vida de los supuestos beneficiarios. Recurren a la fuerza para imponer obras sociales sobre la base de descuentos coactivos a los ingresos de personas a quienes no se les permite elegir el servicio de su agrado. Recurren a la fuerza para imponer la figura fascista de la «personería gremial» con lo que se imposibilita que los trabajadores cuenten con sindicatos libres. Recurren a la fuerza para invalidar e imposibilitar contratos libres y voluntarios a través de la imposición de controles de precios, salarios, tipos de cambio y tasas de interés.

En fin, los gobiernos recurren a la fuerza para disponer del fruto del trabajo ajeno encarando actividades bancarias, agrícolas, industriales y comerciales del todo incompatibles con una sociedad libre.

Reiteramos que el actual presidente ha abandonado la costumbre de los últimos tiempos de señalar a las multinacionales, «la sinarquía» o algún otro chivo expiatorio como causas de la inflación y ha reconocido con franqueza que dicho mal esté relacionado con la emisión gubernamental de dinero.

Así, desde que se produjo aquel reconocimiento el Gobierno está emitiendo a un ritmo menor y con destinos distintos, pero como el gasto público no se redujo se incrementaron los empréstitos y los impuestos para enjugar la diferencia.

Ahora bien, si se ha comprendido que en una sociedad libre se respeta la libertad del individuo, se comprenderá también que, en esta materia, no se trata de modificar las proporciones del impuesto inflacionario respecto del impuesto propiamente dicho.

De lo que en verdad se trata es de que el ciudadano disponga del fruto de su trabajo de la forma que considere lo satisface mejor. El fenómeno apuntado no puede disimularse denominado «ahorro forzoso» a lo que son préstamos compulsivos al Gobierno, que pueden tornarse en gravámenes si no se obtiene el reembolso respectivo en términos reales equivalentes incluyendo intereses de mercado.

Privatizar la privatización

Cuando hablamos de reducir el gasto público no nos referimos a privatizaciones denominadas «periféricas» de las cuales tenemos sobrada experiencia; aludimos a la necesidad de transferir al sector privado todas las empresas estatales y aquellas funciones que no competen a un gobierno republicano

Para llevar a cabo esta transferencia hemos sugerido, en otras oportunidades, un programa de indemnizaciones para el personal involucrado a los efectos de facilitar las ventas correspondientes sin condición alguna, ya sea que las realicen los propios gobernantes o el sector privado a través de lo que hemos denominado «la privatización del proceso de privatización».

La referida transferencia al sector privado, al liberar recursos antes esterilizados en actividades estatales improductivas, se traduce en el único medio para reactivar la economía. Simultáneamente, con la transferencia a que nos venimos refiriendo, deben eliminarse las reglamentaciones que traban las operaciones de mercado y las posibilidades de competencia.

No debe pensarse, sin embargo, que las modificaciones se agotan en la abrogación de dichas trabas puesto que mientras existan empresas estatales éstas, naturalmente, recurrirán a los privilegios que inexorablemente emanan del hecho de operar en la órbita política, con lo cual la competencia se convierte en pura simulación.

Confiemos en que no se siga repitiendo la falacia de que los capitales del sector público se ven obligados a mantener estructuras estatistas puesto que no habría capitales privados dispuestos a adquirir aquellos activos. En verdad no hay tal cosa como «capitales del sector público», los capitales son siempre del sector privado; unas veces se asignan voluntariamente y otras compulsivamente.

Los ingresos que obtiene el Gobierno los detrae siempre de la comunidad.

Lenguaje de resentidos

Por último, resulta indispensable que los representantes gubernamentales modifiquen su lenguaje en los foros internacionales. Lamentablemente continuamos con la tradición de las últimas décadas de plegarnos a la absurda y resentida actitud del llamado Tercer Mundo al reclamar y demandar ayuda financiera de aquellos países que han tenido la sabiduría de adoptar marcos institucionales inherentes a una sociedad civilizada, mientras que los demandantes adoptan sistemas estatizantes que los empobrecen notablemente.

Como es sabido, el problema del Tercer Mundo no radica en su falta de recursos naturales ya que muchos de los países que integran esta agrupación disponen de ellos en cantidades superiores a muchos de los más avanzados, como es el caso de la India respecto de Alemania.

Tampoco es un problema de sobrepoblación ya que países como Etiopía tienen la misma densidad de población que los Estados Unidos. En el primer país se habla de hacinamiento mientras que no sucede lo mismo en el segundo debido a la pobreza existente en el primer caso, lo cual, a su turno, es consecuencia del sistema colectivista adoptado.

A esta altura de los acontecimientos es importante dejar de lado subterfugios de diversa índole y centrar nuestra atención en las causas de nuestros problemas con miras a restablecer un sistema como el que soñó Alberdi, el padre de nuestra Constitución.

Ganaríamos tiempo y reportarla ventajas llevar esto a la práctica ahora y aquí sin más dilaciones.

Cuando las fuerzas armadas estadounidenses estaban apostadas en Japón bajo las órdenes de MacArthur, algunos de sus oficiales se casaron con japonesas por lo que recibían cartas de sus exnovias norteamericanas quienes preguntaban «¿qué tienen las japonesas que no tengamos nosotras», a lo que se les respondía «tienen lo mismo que ustedes, pero aquí».

«Todos sabemos que cuando los negocios van bien se exige que el Estado no intervenga, mientras que cuando van mal se reclama su ayuda en operaciones urgentes del salvamento; y que consecuente con su predominio del interés privado, el hombre de negocios reclama que ha de dejársele solo cuando se trata de repartir dividendos, pero que la participación del Estado es indispensable cuando se trata de distribuir pérdidas».

(1886-1979) 1958, Salvador de Madariaga, «Anarquía y Jerarquía».