TÓPICO DE ACTUALIDAD
Año: XXV, 1984 No. 569
N. D. La Seguridad Social en los Estados Unidos se comprende dentro del contexto del «Welfare» que fue la política del Presidente F. D. Roosevelt que podría traducirse como del «Estado Benefactor». Dicha política obedece al principio de creciente intervencionismo estatal y de limitación a las libertades individuales de los ciudadanos. La Seguridad Social en los EE. UU. aunque tiene alguna diferencia con la de nuestro país, en el fondo tienen el mismo origen y los mismos resultados. Sobre todo se fundamentan en un pecado original: coarta la libertad de escoger del trabajador.
El Fracaso de la Seguridad Social en los Estados Unidos
Silvia Patricia Ayala(1)
No hay programa más sagrado en el gobierno federal de los Estados Unidos, que el programa de seguridad social. Sin embargo, existe una buena cantidad de norteamericanos que lo califican como el programa doméstico más despilfarrador y, a la vez, el más inefectivo de los servicios públicos.
Es necesario señalar que la seguridad social es una poderosa arma política. Los políticos han aprendido a ignorar las fallas fundamentales del sistema y sus impactos negativos en la economía, empeñándose en protegerlo y agrandarlo. Esta ceguera es la causa de uno de los más grandes dilemas de dicho programa: la repulsa de políticos y burócratas de considerar al menos un modesto reacondicionamiento del sistema. Al contrario, se le considera «uno de los más grandes triunfos de la ingeniería social norteamericana» y «el más grande, amplio y exitoso programa social de la nación».
Las dificultades del sistema pueden calificarse como obvias y, al mismo tiempo, complicadas. Son obvias, pues, a pesar de la gran disponibilidad de datos que existe en Estados Unidos, las estadísticas son débiles y no proporcionan la totalidad de información requerida. Por otra parte, los problemas son complicados ya que el sistema es oscuro y su funcionamiento difícil de entender, pero es también muy popular. Podría decirse que el sistema de seguridad social es una telaraña en la cual están enredados un sinnúmero de burócratas, sin contar a la gran masa de población envuelta en él.
Algunas estadísticas simples que ilustran la gravedad del problema se presentan a continuación:
* En 1940 había aproximadamente 300 contribuyentes por cada beneficiario. Actualmente, la razón es de 3 a 1. Para el año 2000 se calcula que será de 2 a 1.
* Cuando el sistema se inició, en 1935, el promedio de vida de una persona era de 62 años. Ahora es de 74. La tendencia de la expectativa de vida es a aumentar, mientras que la tasa de natalidad ha disminuido. La gravedad del problema salta a la vista: el número de contribuyentes es cada vez más pequeño, en tanto que los beneficiarios aumentan en gran proporción.
* Los desembolsos anuales del programa han aumentado de más o menos $10 millones en 1938 a $175 mil millones en 1981.
*La tala del impuesto patrón/empleado para el seguro social ha incrementado exponencialmente desde un 0.2% en 1940 a un 13.4% en 1982, y la expectativa para 1990 es de 15.3%.
Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que «el más exitoso programa social» de esa nación esté al borde de la bancarrota? La razón primordial es que el programa de ninguna manera fue creado para funcionar como el mayor mecanismo de «redistribución de riqueza», que es en lo que se ha convertido. Es un programa de transferencia, que toma el dinero de los trabajadores y lo pasa a manos de los que no trabajan. Según el Reporte Económico del Presidente, las transferencias del gobierno a las personas crecieron en un 280% en la última década, mientras que los sueldos y salarios crecieron solamente 134%. ¿Por cuánto tiempo podrán las transferencias crecer dos veces más rápido que los salarios, que son los que, al final de cuentas, las mantienen?
El Presidente Franklin D. Roosevelt, emitió el Decreto de Seguridad Social de 1935. El acta original era modesta en su alcance; los pagos de seguro social se limitaban a suplementar, no suplantar, los ahorros privados y planes de seguro. Se suponía, por supuesto, que el sistema era autofinanciable. Se establecieron fondos de depósito para las contribuciones, que serían manejadas por la Administración del Seguro Social. El director ejecutivo del Comité para la Seguridad Económica de la administración Roosevelt, aseguró que para 1980 los gastos totales del programa serían de $1300 millones. Sin embargo, dichos gastos llegaron a $100,000 millones para esa fecha. ¿Cómo fue posible que las proyecciones hayan errado en casi $99,000 millones? La respuesta la encontramos en la naturaleza de la política y los políticos, quienes, en su afán de ser electos embaucan a su país en un amplio programa de seguridad social, ofreciendo a los votantes más beneficios que nunca.
A medida que el sistema se expande, se aleja más de su diseño original, semejante a una póliza de seguro, para degenerarse en un flujo corriente, en el cual los pagos diarios de los contribuyentes se trasladan inmediatamente a manos de los beneficiarios. Así, la reserva tiende a desaparecer.
Complementando el problema de la expansión de beneficios, está el hecho de que hoy en día hay cada vez menos personas contribuyendo al sistema, y cada vez más personas recibiendo beneficios de él. Esta marcha demográfica conduce a un verdadero colapso del sistema.
Un estudio del Consejo de Consultores Económicos del Presidente indica que el programa reduce el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos en un asombroso 19%. Esto se debe a que el sistema de seguridad social implícitamente señala a los contribuyentes (futuros beneficiarios) que no necesitan ahorrar el futuro, pues el sistema se hará cargo de ellos en su vejez. Los individuos basan sus expectativas futuras en la suposición de que gran parte, si no todas sus necesidades serán llenadas por el seguro social. Por lo tanto, están menos inclinados a ahorrar. Este fenómeno individual, tomado en conjunto, reduce drásticamente la formación de capital, y a largo plazo, ayuda al alza de las tasas de interés, estrangulando lentamente a la economía.
Más aún, una gran parte de la población económicamente activa, (más del 90%) está obligada a pertenecer al seguro social por la fuerza, y cada persona debe contribuir con 13.4% de su ingreso. Se niega a estas personas el uso de esa porción de sus ingresos, que de otra forma hubieran gastado o invertido de acuerdo a sus necesidades particulares. Desafortunadamente, el sistema no puede tomar en cuenta los innumerables estilos de vida de todos los beneficiarios, para desarrollar un plan apropiado de beneficios para cada uno de ellos.
Por otra parte, los beneficios se calculan de manera que aquellos que han aportado más al sistema reciben menos al final, mientras que los que han contribuido menos reciben un porcentaje mayor. Así se lleva a cabo la «redistribución de riqueza».
El aspecto más inmoral del programa es su naturaleza coercitiva. A nadie se le pregunta si desea o no ser parte del sistema. Alegando ser un programa de seguro, el sistema de Seguridad Social obliga a aquellos que aún desean trabajar, a escoger entre estas alternativas: Renunciar a la mitad de sus beneficios, o bien, convertirse en un miembro de la economía subterránea. El resultado de esta acción del seguro social sin duda perjudica la productividad del país, forzando a trabajadores competentes y con experiencia a retirarse del mercado laboral.
Los beneficiarios del programa, lejos de ser favorecidos por el masivo gasto público, son más bien las víctimas del sistema. Son continuamente interrogados, espiados, controlados, en una palabra, sus vidas están totalmente dominadas por los burócratas. Un trabajador social de la ciudad de New York se expresó así del sistema: «Pertenecer al seguro social es tener un trabajo de tiempo completo. Si uno hace todos los trámites que los reglamentos demandan, ya no queda ni un minuto libre para buscarse un empleo».
Muchas personas se han dado cuenta ya de la triste situación de la seguridad social, y han intentado dar soluciones a las serias dificultades del programa. Estas propuestas incluyen recortes en los beneficios o aumentos en los impuestos, o ambas. Sin embargo, estas medidas perjudican ya sea a los beneficiarios o a los contribuyentes, y en algunos casos a ambos. Además, son disposiciones temporales que están diseñadas para perpetuar el sistema sin modificarlo de manera definitiva. No se ha enfocado el problema de los beneficios, sujetos continuamente a la manipulación política, la fuga en la formación de capital, y sobre todo, el que se coarta la libertad de escogencia de los norteamericanos.
Analizando el sistema de Seguridad Social, se encuentra que contiene dos componentes claramente identificables, que son: primero, su carácter de seguro para el futuro (como cualquier compañía aseguradora privada), y segundo, su carácter de beneficencia, o aspecto caritativo. Ambos componentes tomados conjuntamente colaboran en el fracaso del programa para alcanzar sus objetivos. En efecto, una póliza de seguro debe pagar beneficios basados en las contribuciones estipuladas en los términos del contrato. En cambio, los pagos puramente caritativos se basan en las necesidades de las personas. El elemento del seguro no es completamente satisfactorio, pues un individuo podría obtener un mejor rendimiento de una aseguradora privada, o de una cuenta bancaria para su retiro.
Una forma efectiva para tratar de resolver el problema del programa de seguridad social en los Estados Unidos, sería intentar separar los elementos de seguro y beneficencia en el sistema. Principalmente, debería permitirse a los individuos invertir ese 13.4% de sus ingresos, (ahora destinados al seguro social), en cualquier alternativa de seguro, plan de retiro, etc. que ellos elijan. Esto proporcionaría a las personas un mayor beneficio para su vejez, y a la vez, inyectaría miles de millones de dólares al sector privado. La economía se fortalecería, sólo por el hecho de ser las propias personas quienes tendrían el control de sus ingresos, y en adición a esto, la burocracia será reducida. Todas saldrían favorecidos del crecimiento económico, resultado de liberar el capital, que de otra forma está destinado a un uso improductivo en los fondos del seguro social.
(1) La autora es estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Francisco Marroquín. Su artículo se basa en un tema tratado en un Seminario de CATO INSTITUTE, en Dartmouth College, al cual asistió.