TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XIX, Diciembre 1978 No. 428

NOTA DE LA DIRECCIÓN: El Dr. Joaquín Sánchez-Covisa, persona a la cual se le debe enormemente la defensa y difusión de los principios de la Economía Racional, nació en Madrid, España, el 12 de Enero de 1915, y se graduó en la carrera de derecho en Caracas, Venezuela, en el año 1941. Próximamente se cumplirán cuatro años de su fallecimiento, pero el mensaje de sus innumerables publicaciones, es captado con mayor percepción a medida que transcurren los años. El Dr. Sánchez-Covisa fue catalogado como el más completo jurisconsulto, por su profundo conocimiento de las ramas de Derecho Internacional y de Economía Política, de las cuales fue catedrático Universitario en Venezuela. La ausencia de la revista «ORIENTACIÓN ECONÓMICA», publicación de la cual fue su Director, no dejaremos de lamentarla, por la valiosa fuente de sustentación científica que se vio interrumpida súbitamente. Por ser una de las personas que más conocieron la realidad Latinoamericana, sus artículos son de muchísimo interés para nosotros. El artículo que a continuación reproducimos fue publicado en «Orientación Económica» No. 9 de Julio de 1963. Aunque en dicho artículo se refiere a la situación venezolana, sabemos que los principios económicos son siempre aplicables en cualquier país. El problema de la pobreza nos es común.

LA ELIMINACIÓN DE LA POBREZA

Joaquín Sánchez-Covisa

Eliminar la pobreza y el hambre de la superficie del planeta es el primer deber de las sociedades humanas. Y es también la última y radical motivación de la ciencia económica. El espectáculo de niños desnutridos, de familias hacinadas en viviendas insalubres y de vidas frustradas por la miseria y la escasez, constituye, en efecto, una acusación y un desafío para la conciencia del hombre contemporáneo.

Lo primero que se requiere para afrontar debidamente el problema es tener conciencia de sus características objetivas. Es preciso, en tal sentido, partir de un hecho elemental. Ese hecho, simple y trágico a la vez, es la pobreza del género humano. Los tres mil millones de personas que pueblan el planeta son hoy, en conjunto, pobres. Inmensamente pobres. Pese a los grandes progresos de la tecnología y a la gran dotación de capital real del mundo de nuestros días, la capacidad de producción de la humanidad es todavía extremadamente reducida en comparación a las necesidades de los pueblos. La existencia ostensible de exiguas minorías ricas deforma fácilmente el juicio del observador superficial. Pero no afecta en nada el carácter manifiesto de ese hecho económico primario.

Si suponemos, a modo de ejemplo representativo, que el producto o ingreso nacional venezolano esto es, la suma neta total de los bienes y servicios que se producen en Venezuela o la suma neta total de los ingresos percibidos por las personas que residen en el país se distribuyese en partes iguales entre toda la población, cada habitante dispondría de un valor aproximado de doscientos bolívares mensuales. Si tenemos en cuenta, además, que una parte de ese ingreso tiene que ser destinado al sostenimiento de los servicios públicos y a la formación de nuevo capital real aunque sólo fuera con el objeto de mantener el mismo nivel de vida para una población creciente, los bienes y servicios que corresponderían a cada individuo equivaldrían apenas a ciento cincuenta bolívares mensuales; a pesar de que Venezuela disfruta del ingreso per cápita más alto de todo el mundo latinoamericano, superior al de algunos países europeos e incomparablemente más elevado que el ingreso medio de los pueblos subdesarrollados, que comprenden aproximadamente las dos terceras partes de la población mundial.

Si queremos, en consecuencia, mejorar la suerte efectiva de los pueblos, no podemos embarcarnos en el engañoso juego infantil de repartir la riqueza de un país de Jauja imaginario. Hemos de incrementar el volumen de la producción de bienes y servicios. Esto es, hemos de organizar con eficiencia y racionalidad los recursos limitados disponibles la fuerza de trabajo, el capital y los recursos naturales a los efectos de incrementar la cantidad de bienes y servicios que han de satisfacer las necesidades de todos.

El pensamiento científico y la experiencia histórica indican que el único sistema que asegura, en una sociedad basada en los complejos mecanismos de la división del trabajo, el óptimo aprovechamiento de los recursos productivos es el que se funda en la libertad de trabajo, de producción y de consumo y en los mecanismos ordenadores del mercado, de la competencia y de los precios. La experiencia del último siglo nos muestra que los países que han logrado un nivel más alto de producto y de ingreso y que han eliminado prácticamente las formas más inhumanas de pobreza son aquellos que se han desarrollado bajo la vigencia de esos principios. Así lo comprueban países tan distantes y diversos como Suiza, Inglaterra y Estados Unidos, como Australia y Canadá. La experiencia de nuestros días muestra asimismo que la barrera que separa, a través del corazón de Alemania y de Europa, la economía libre de mercado de la economía colectivista de planificación central es también la que separa la prosperidad de la penuria de las masas. Y es igualmente la que ha sido erizada de armas ofensivas para impedir que esas masas huyan de una vida de limitaciones y servidumbre a una vida que, pese a todas sus imperfecciones, está abierta a los más amplios horizontes de bienestar y libertad.

Es paradójico que, no obstante esos hechos manifiestos, se ataque todos los días, en nombre del supuesto interés de esas masas, al orden económico que es indispensable para su mejoramiento progresivo. Se le hace responsable de la pobreza, a pesar de que es el orden que ha contribuido y puede contribuir efectivamente a su eliminación. Se le hace responsable de la injusticia, sin percibir que su desaparición implica las adicionales y gravísimas injusticias que origina la penuria económica y la permanente intromisión de los funcionarios estatales en la vida y en el destino de los individuos. Se le critica, en general, comparando el mundo real imperfecto en que vivimos con un mundo utópico ideal, en vez de compararlo con los mundos reales alternativos que pueden efectivamente reemplazarlo. Como ha señalado el Profesor Röpke, la gente, con sus pasiones, pretensiones y opiniones de masa, socava las condiciones de existencia de un mecanismo económico de cuyo ordenado funcionamiento depende su propia existencia y bienestar.

Cabe solamente formular una objeción aparentemente razonable. Y es ésta: ¿Cuál ha de ser, en una economía libre, la situación de aquellos hombres que, por causas que no le son imputables, son incapaces de producir lo suficiente para alcanzar una remuneración y, por lo tanto, una vida decorosa? ¿Cuál ha de ser la suerte de esos hombres y de sus hijos? ¿Es preciso condenarles a la miserable situación que aparentemente les imponen las leyes del mercado?

Es obvio que si todos o la mayor parte de los miembros de la sociedad tuvieran esa condición, la expresada situación sería, en breve plazo, prácticamente irremediable. No porque lo impongan las leyes del mercado. Sino porque lo imponen las leyes inexorables de la existencia humana, las cuales es el mercado la simple expresión económica. De acuerdo con ellas es evidente que una sociedad no puede consumir más bienes que aquellos que ha sido capaz de producir.

Sin embargo, en la medida que esa situación afecta solamente a una porción de la población, es posible, y aún ineludible por razones de orden económico y de orden moral, que los demás miembros de la población consuman menos de lo que producen para que esa porción consuma aquello que es incapaz de producir. Mas eso debe hacerse explícitamente, como se hace en el caso de los enfermos o de los inválidos, con plena conciencia del sentido y del costo de lo que se hace y sin perturbar los mecanismos del mercado, que aseguran el racional aprovechamiento de los recursos productivos y son por lo tanto la base del bienestar de todos. Si resultan insuficientes para esos fines los recursos que son voluntariamente aportados por razones de solidaridad humana o de caridad cristiana el único camino es hacer que el Estado destine a ese objeto una parte de los impuestos que se recaudan del conjunto general de los ciudadanos.

El eminente economista norteamericano Milton Friedman ha sugerido recientemente, con referencia específica a la economía de los Estados Unidos, que, para el logro de esos fines podrían estar sometidos los sectores de menores ingresos a un «impuesto negativo». Ello quiere decir que esos sectores, en lugar de pagar impuestos, recibirían un subsidio que complementaría sus reducidos ingresos y que provendría de una parte del impuesto positivo pagado por los demás sectores de la población. Ese subsidio sustituiría a la multitud de medidas desarticuladas, dispersas y costosas que inundan actualmente la vida económica y fiscal norteamericana, que favorecen muchas veces a quien no deben favorecer y que perturban generalmente, en perjuicio de todos, la eficiencia del sistema productivo. Ha calculado el Profesor Friedman que con un gasto inferior a la mitad de lo que hoy se dedica a esa infinita multitud de programas dispersos, y sin distorsionar como hacen ellos la eficiencia y la flexibilidad del sistema económico norteamericano, podrían elevarse los ingresos del veinte por ciento de las familias de más bajos ingresos, que son las que se aproximan a límites cercanos a la pobreza, hasta el nivel que separa a ese veinte por ciento del resto de la población.

Es evidente que ese sistema plantearía problemas administrativos y prácticos hoy insolubles en los países que se encuentran en etapas de desarrollo similares o inferiores al nuestro.

Sin embargo, un país como Venezuela, que dispone, en razón de su riqueza petrolera, de ingresos fiscales per cápita excepcionalmente altos, puede realizar una política en cierto modo equivalente a través de una adecuada distribución de sus gastos fiscales. Los gastos fiscales dirigidos al mejoramiento físico, a la asistencia sanitaria, a la capacitación intelectual y técnica y a la transformación del medio material de vida de los sectores desposeídos de la población, constituyen un modo de poner bienes y servicios adicionales a disposición de estos sectores, de aumentar por lo tanto su consumo real y de efectuar a la vez una inversión en capital humano de incalculable significación para el desarrollo económico nacional. Parte de esas finalidades se realizan hoy en algunos sectores. Lo único que se requiere es una adecuada ampliación y sistematización de los mismos y una adecuada evaluación de los costos y de los rendimientos económicos y humanos de ese gasto social.

Esa política no está abierta, al menos en similares proporciones, a todos los pue­blos subdesarrollados. Muy pocos, tienen, en efecto, un volumen de recursos fiscales similar a aquel de que puede disponer Venezuela. Los recursos fiscales no pueden elevarse mediante el simple expediente de la tributación sin perturbar los mecanismos de la formación de capital que condicionan, a la larga, decisivamente, el incremento del producto social y la elevación del nivel de vida de la colectividad. Incluso en Venezuela, los recursos fiscales disponibles sin perturbar ese proceso son muy reducidos en comparación con las ingentes necesidades de los sectores desposeídos de la población. Mas entre nosotros se abre, con esas limitaciones, una envidiable posibilidad a una política en la que se conjuguen, como objetivos congruentes y complementarios, la eliminación paulatina de la pobreza y el desarrollo económico nacional.

Lo importante es percibir que la eliminación de la pobreza no puede en absoluto perseguirse a través de medidas que perturben los mecanismos del mercado y, por lo tanto, el incremento progresivo del producto nacional. No puede tampoco perseguirse a través de una política tributaria que disminuya la tasa de ahorro e inversión y, en consecuencia, el ritmo de incremento de ese producto. Mas sí puede y debe realizarse a través de una racional planificación de los gastos fiscales. De ahí la grave responsabilidad en que incurren quienes, olvidando las necesidades efectivas de nuestro desarrollo económico y los deberes más elementales de justicia y solidaridad social, desvían hacia gastos o inversiones de dudoso rendimiento recursos fiscales que hubieran debido dedicarse al mejoramiento físico y espiritual del hombre y a la progresiva eliminación de la miseria que azota a sectores importantes de la colectividad nacional.