Tópico de Actualidad mayo 2009
De CEES
Año L. Mayo de 2009. No. 976
Nota de la editora:
Este mes de mayo de 2009 Guatemala está en el ojo del huracán de las noticias internacionales. Los casos de la Gripe A (H1N1) y el desarrollo de medicinas –en el mundo– y los ataques a la libertad de expresión en Internet –en Guatemala– son claros ejemplos del creciente intervensionismo estatal, con el que se pretende coartar en las personas su libertad para elegir.
Por ello hemos seleccionado dos artículos cortos e interesantes, que compartiremos con nuestros lectores. En el primero, Gabriel Calzada (Instituto Juan de Mariana, España) nos ilustra con el ejemplo de la Gripe A ,sobre cómo las limitaciones estatales en la producción de medicinas pueden complicar la posibilidad del tratamiento para salvar vidas humanas. En el segundo, Juan Carlos Hidalgo (Instituto Cato, EE.UU.) comenta cómo la libertad de expresión puede ser atacada incluso en Internet e ilustra la situación guatemalteca con el ejemplo del “twitero” Jeanfer.
Actitud porcina
Por Gabriel Calzada, Instituto Juan de Mariana, España Revista Expansión 30/04/09
El virus de la gripe porcina (o Gripe A) ha logrado propagarse por todos los medios de comunicación del planeta, ha quebrado la ya de por sí maltrecha salud bursátil de cadenas hoteleras y aerolíneas, y ha matado a decenas de personas en México.
La incertidumbre y el miedo avanzan incluso más rápidamente que la enfermedad, que ha desatado una verdadera psicosis global. La inexistencia de una vacuna preventiva –aunque se especula sobre la posible eficacia relativa de la vacuna contra la gripe de este año–, invita a reflexionar sobre algunos de los principios que rigen la producción farmacológica en la actualidad.
La aparición de enfermedades nuevas y mortales pone en evidencia los procesos regulativos a la hora de aprobar nuevos medicamentos. La puesta hoy en el mercado de una nueva medicina requiere entre 10 y 15 años, desde que se comienza a investigar hasta que el medicamento es aprobado por las autoridades sanitarias.
La mayor parte de ese largo periodo se debe a las exigencias reguladoras, que impiden que fármacos cuyos efectos curativos se conocen sean comercializados hasta que se conocen también perfectamente sus efectos secundarios. Es más: una vez terminadas las investigaciones, la aprobación de un medicamento se demora más de un año, hasta superar los obstáculos de la burocracia estatal.
Durante ese tiempo, miles de personas enferman y mueren de enfermedades para las que sí hay curación.
La excusa oficial para permitir, o incluso causar, tanta muerte es que hay que prevenir. Y ahí está la paradoja: una especie de principio de precaución reduce, y a veces estrangula, hasta la posibilidad de producir y aprobar fármacos nuevos.
Para quienes tienen una enfermedad terminal, o simplemente de graves consecuencias en su salud, que el Estado les obligue a ser precavidos y les impida acceder a medicamentos realmente preventivos, o que les brindan amplias posibilidades de curarse, esto es un chiste cruel. Por desgracia, esa actitud porcina es lo único que cabe esperar cuando se centraliza la gestión del riesgo: quienes regulan no obtienen el beneficio de la curación, pero sí pueden ser acusados de los efectos secundarios que pueda producir el nuevo medicamento que hayan aprobado.
Mientras los pacientes están dispuestos a aceptar elevadas dosis de riesgo, políticos y burócratas impiden o retrasan su tratamiento, por temor a las consecuencias políticas. Es el resultado típico de la expropiación de la responsabilidad individual por el Estado.
Otro gallo nos cantaría si imperase el principio de proacción, defendido por filósofos como Max More, que resalta los beneficios de la libertad de innovación y la valoración de los riesgos, de acuerdo con el conocimiento científico existente en cada momento.
Trámites burocráticos
No me cabe la menor duda de que, ante la posibilidad de una pandemia como la que enfrentamos ahora, las autoridades sanitarias agilizarán los trámites burocráticos.
De hecho, la OMS ha hecho ya declaraciones en este sentido. Ahora las preguntas son éstas: ¿Por qué los seres humanos no tienen derecho a la misma rapidez de atención cuando el número de afectados es menor o no cabe la posibilidad de una epidemia? ¿Por qué quienes padecen, por ejemplo, un cáncer terminal, para el que ya existen medicinas experimentales, no tienen el mismo derecho al rápido acceso a las medicinas? ¿Vale su vida menos que la de quienes se ven afectados por epidemias? ¿Quién debe valorar los costes y beneficios?
La sinrazón del modelo público sanitario se solucionaría con un doble sistema farmacológico. Quienes quieran la garantía del Estado que esperen hasta la aprobación final. Pero reconozcamos la libertad de aquellos cuya situación les lleve a preferir el riesgo de los efectos secundarios. Que las farmacéuticas o las agencias de certificación acrediten el número de pruebas realizadas y sus resultados, pero que sean los pacientes quienes libremente elijan.
A este doble sistema, defendido en España por Medicina en Libertad, y a nivel internacional por personalidades como el premio Nobel de Economía Vernon Smith, se le conoce como dual tracking (doble vía).
Sin embargo, cuando los políticos europeos no permiten al paciente ni siquiera el acceso a la información y a la publicidad sobre los fármacos, provocando así enormes problemas de salud pública, resulta impensable que nos dejen a nosotros mismos la elección ante riesgos vitales.
El caso de la gripe porcina y la voluntad declarada de la OMS de acortar los plazos para que lleguen al mercado vacunas específicas, es una pequeña puerta abierta a la esperanza de que un día recuperemos nuestra libertad y responsabilidad en el campo médico.
Mientras tanto, el principio de precaución aplicado al mundo de la producción de fármacos debería provocar una psicosis, como mínimo tan grande como la porcina, porque el mayor virus al que nos enfrentamos es el intervencionismo.
Libertad de expresión vs pánico financiero
Por Juan Carlos Hidalgo, Instituto El Cato, EE.UU.
@jeanfer: Primera acción real “sacar el pisto de Banrural” quebrar al banco de los corruptos. #escandalogt
Por enviar dicho mensaje a través del servicio de mensajería Twitter, Jean Ramsés Anleu Fernández, un internauta guatemalteco, fue arrestado por las autoridades de dicho país. Este mensaje, según tan acuciosas autoridades, constituye el delito de generar pánico financiero. El mensaje de Anleu nació a partir de las denuncias del abogado Rodrigo Rosenberg, quien, en un video distribuido después de su asesinato, acusa al presidente guatemalteco Álvaro Colom como culpable de su muerte, y denuncia una serie de irregularidades en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural).
El dilema, claro está, es si hubo delito o no. Muchos equiparan generar pánico financiero con gritar “fuego” en un teatro lleno, cuando el fuego no existe. Es una acción alevosa, no respaldada por el derecho a la libre expresión. La ley guatemalteca dice lo siguiente: “Comete delito de pánico financiero quien elabore, divulgue o reproduzca, por cualquier medio o sistema de comunicación, información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de clientes, usuarios, depositantes o inversionistas”. El mensaje de Anleu no tenía como intención menoscabar la confianza de los clientes en Banrural. En ningún momento divulgó información falsa o inexacta, tendiente a generar el pánico financiero. Lo suyo fue una opinión propia, instando a la gente a retirar su dinero, ante los hechos de corrupción denunciados.
En este sentido, la Constitución guatemalteca establece lo siguiente: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de su cargo”. ¿Ante qué estamos aquí: ante un acto criminal o ante el simple ejercicio de la libertad de expresión? Yo me inclino por lo segundo. Una cosa es difundir el rumor de que un banco está en una mala situación financiera, con el fin de generar pánico, y otra es instar a la gente a retirar su dinero de un banco sobre el que se están reportando múltiples casos de corrupción. ¡Liberen a jeanfer!
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