Tópico de Actualidad enero 2012
De CEES
Año 53. Enero del 2012. N.o 1,008
Nota del editor:
Alberto Benegas Lynch (h) es académico asociado del Cato Institute y Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina. En el tópico Guatemala se enfrenta a las drogas nos lleva a la realidad de que siempre las personas pueden hacerse daño por mano propia, pero también nos sugiere que no debe criminalizarse a quien actúa de esa manera. No hay una correlación directa entre crimen y consumidores, solo entre narcoactividad y prohibición. A fin de cuentas, el Estado existe para proteger derechos y no para corregir los valores de las personas. Tampoco debe suponerse que la legalización de los narcóticos tiene como fin despenalizar otras actividades ilegales, o permitir su uso a menores, o aligerar las responsabilidades civiles por crímenes cometidos bajo sus efectos. Nadie debe creer con esto que las drogas son buenas: son malas en sus efectos personales y sociales. Sin embargo, los grandes perdedores de la legalización son precisamente los que comercian con ellas. GWM.
Guatemala se enfrenta a las drogas
Por Alberto Benegas Lynch (h)
Otto Pérez Molina, el nuevo presidente guatemalteco en ejercicio, acaba de pronunciarse por abrir de par en par las puertas al debate sobre la posible despenalización de las drogas alucinógenas para usos no medicinales. En conferencia de prensa el pasado 13 de febrero del corriente año, manifestó que piensa trasladar la referida discusión al seno de la asamblea legislativa y que, de este modo, resulta imperioso terminar con el flagelo que está destruyendo las entrañas de esa nación centroamericana.
En el mismo sentido de la necesaria e inmediata liberalización de los estupefacientes se pronunciaron los exmandatarios de México —Vicente Fox—, de Brasil —Fernando Henrique Cardozo— y de Colombia —César Gaviria—, todos con sobrada experiencia de lo que ocurre con las drogas en sus respectivos países.
Siempre habrá personas que se hacen daño a sí mismas con dietas perversas, con deportes riesgosos —algunos incivilizados, como el boxeo, cuyo objetivo es destrozar al adversario—, el consumo de alcohol, los cigarrillos y tantos productos perjudiciales para la salud del cuerpo. También, si es que le damos mayor importancia al espíritu que a la materia, hay lecturas, producciones cinematográficas y obras teatrales que pervierten, pero de ahí no se desprende que el aparato estatal deba imponer conductas que no lesionan derechos de terceros, con la absurda y vana pretensión de jugar a Dios, o tener la arrogancia superlativa de ser más que Dios, puesto que estamos dotados de libre albedrío y, consecuentemente, debemos asumir la responsabilidad por nuestros actos.
La prohibición de la producción, tenencia y consumo de las referidas drogas traslada el tema a la órbita criminal, con todas las implicaciones que esto tiene. De este modo se atestan las cárceles de adultos que han decidido hacerse daño, con el agregado de los monumentales estímulos para colocar la droga en todos lados, dados sus enormes márgenes operativos, como resultado de unas leyes que penalizan la comercialización. Esto no solo genera la producción artificial de las drogas sintéticas, sino que todo opera en el contexto de normas que hacen que los crímenes producidos bajo el efecto de las drogas constituyan un atenuante (en lugar de un agravante), y contamina las contabilidades con sospechas de “lavados” y lesiones graves a las libertades individuales, mediante la violación del secreto bancario, las escuchas telefónicas, las requisas sin orden de juez competente y las detenciones sin el debido proceso. Igual que sucedió con la nefasta Ley Seca, la corrupción de jueces, policías, gobernantes, y las propias oficinas encargadas de “luchar contra las drogas” (una expresión esta un tanto atrabiliaria, puesto que, como ha señalado Milton Friedman, “no se decreta una guerra contra las drogas del mismo modo que no se decreta una guerra contra la aspirina”, puesto que las guerras no son contra objetos ni contra métodos, sino contra personas o grupos de personas).
En muchas ocasiones se presenta una anomalía estadística mediante un error de inclusión, en cuanto a la relación drogas-crimen, tal como lo señalan Bruce Benson y David Ramussen en Illicit Drugs and Crime. No es relevante tomar el universo de crímenes y comprobar que existe una alta proporción de drogadictos. Lo relevante es tomar el universo de drogadictos y comprobar que hay una proporción mínima de personas que cometen crímenes —muchas de ellas estimuladas por el mencionado disparate legislativo de mitigar sus castigos cuando cometen un delito drogados—.
Como he escrito antes, es menester subrayar nuevamente que unos cuatro mil años constituyen una muestra suficientemente representativa en cuanto a que desde dos mil años antes de Cristo hasta 1971, en que comenzó la “guerra a las drogas”, no hubo problemas con esas sustancias para usos no medicinales —salvo la decimonónica Guerra del Opio, debido precisamente a su prohibición en China—. Reitero también al margen que, aunque el tema de fondo no es utilitarista, sino de principios del derecho, la revista Time (abril 26 del 2009, Drugs In Portugal: Does Decriminalization Work?) informa que en el 2001, a diferencia de las incoherencias establecidas en Holanda, el Gobierno de Portugal liberó la comercialización, el consumo y la tenencia de marihuana, cocaína, crack y heroína, y desde entonces el consumo de drogas disminuyó, especialmente en las franjas de los adolescentes. John Stossel presentó un notable documental, el 3 del corriente mes de marzo, en Fox News, donde mostró las impresionantes estadísticas de la caída vertiginosa en la criminalidad en Portugal, como consecuencia de la liberalización de las drogas —se destaca en ese documental que lo mismo tuvo lugar en Estados Unidos, después de la liberalización del alcohol—, junto a declaraciones de observadores y funcionarios públicos —algunos vivamente sorprendidos, porque no eran partidarios de liberar el mercado— que subrayaron los efectos “extraordinariamente positivos” también en los niveles de adicción, después de diez años consecutivos de experiencia.
Pero, insistimos, el punto central no consiste en medir mayores o menores conductas viciosas, sino en tener bien presente que el aparato estatal en una sociedad abierta no es para echar mano de procedimientos violentos para modificar acciones que no lesionan derechos de otros. Sin duda que si la gente en libertad desea constiparse hasta morir, eso sucederá, pero el aparato de la fuerza que llamamos Gobierno es para proteger derechos, no para hacer de padres putativos, intentando corregir las estructuras axiológicas de cada cual, y mucho menos hacer padecer a quienes son ajenos a esas inclinaciones. El tema de las drogas es que no solo obliga a los drogadictos a internarse en el circuito criminal y también a los comerciantes, sino que redunda en un drama de proporciones gigantescas, para quienes no se vinculan en nada con las drogas —desde el transporte vedado, de cierto monto de efectivo, hasta el resto de libertades que deberían protegerse y no atropellarse en nombre de la ley—.
Por otra parte, la liberalización de las drogas hace suponer erróneamente a algunos que todos se drogarán en masa por todas partes, sin tener en cuenta que nadie contrata para trabajar a personas drogadas o adictas. Paralelamente, los comercios, bibliotecas, restaurantes, centros de estudio y demás lugares no aceptan en sus locales a gente que no puede controlarse a sí misma. Lo mismo ocurre en las calles —no importa si el estado de descontrol se debe al alcohol, a ciertos tranquilizantes o a determinadas drogas, de igual modo que no se permite a los automovilistas que circulen de noche sin luces o sin frenos en cualquier circunstancia—.
Las matanzas, los secuestros y las batallas campales se suceden a diario en Guatemala. El caos presenta un cuadro siniestro y todo por el entredicho con las drogas, por las que deben pagar, con sus vidas y recursos, inocentes que nada tienen que ver con los estupefacientes. Es, como ha escrito el aludido Premio Nobel de Economía Milton Friedman, pionero en señalar los peligros de la prohibición: “Las drogas son una tragedia para los adictos. Pero criminalizar su uso convierte la tragedia en un desastre para la sociedad, tanto para los que las usan como para los que no las usan”. Inmediatamente después de terminada la aludida conferencia de prensa del presidente guatemalteco, la embajada de Estados Unidos en ese país emitió un comunicado, oponiéndose a la propuesta del mandatario en cuestión, como si el solo hecho de un debate abierto pudiera amenazar a los mercados estadounidenses en el negocio de marras, luego de lo cual viajó el vicepresidente Joe Biden, con la intención de frenar esas iniciativas en la región.
En el marco de la liberalización, el trato con menores sería igual que lo que ocurre con la pornografía, las licencias de conducir y el alcohol: no se permitirá la publicidad de las drogas en lugares públicos y, con base en elementales juicios prudenciales, en casos de ataques a niños por nacer, cualquiera podría actuar como subrogante respecto a madres embarazadas que ingieran drogas tan riesgosas que deforman y mutilan a las creaturas. En resumen, el mercado se saneará en lo posible, debido a la desaparición del “fruto prohibido”, a la desaparición de las repulsivas figuras del “pusher” y el “soplón”, y la referida inexistencia de publicidad.
Es deseable que el anunciado debate en Guatemala tenga lugar y que la liberalización sea completa, sin cortapisas ni artilugios, como el de abrir las posibilidades al consumo, pero mantener la prohibición de la producción, como se ha hecho en algunos lugares. Una situación como esta significaría el mejor de los mundos para los barones mafiosos de la droga, ya que tendrían expedito el camino del consumo, mientras retendrían sus astronómicos márgenes operativos.
Es necesario, además, que separemos con la mayor nitidez la liberación y consecuente despenalización de las drogas de aquellas situaciones en las que, bajo el manto declarado de esos supuestos objetivos, en realidad se apaña a la mafia y se ocultan negocios entre gobernantes y sus secuaces en el submundo criminal, cubriéndoles las espaldas a facinerosos, y tapando todo tipo de maniobras fraudulentas y hasta homicidios perpetrados contra enemigos de la rapiña y competidores en el delito.
Moralmente, no corresponde criminalizar lo que no es por su naturaleza un crimen. La drogadicción es una tragedia. Habitualmente produce lesiones cerebrales irreversibles, destrucción psíquica, distorsión de los sentidos y de la capacidad perceptual. La abstinencia suele estar acompañada por dolores musculares intensos, calambres por todo el cuerpo, expulsión de abundantes fluidos, escalofríos, notoria disminución de la actividad cerebral, debilitamiento extremo, aumento de la frecuencia respiratoria, dilatación de las pupilas, todo lo cual ocurre en un marco de tremenda zozobra. En este contexto se ha sostenido que el drogadicto no es libre, como si no hubiera elegido la ingesta, lo cual nos recuerda una vez más aquel parricida que pedía clemencia al tribunal porque era huérfano.
Sean bienvenidas todas las campañas que muestran los acuciantes problemas apuntados, realizadas siempre con recursos propios, pero la penalización provoca los problemas que muy telegráficamente hemos expuesto en estas líneas a raíz del caso de Guatemala, un tema general sobre el cual nos hemos extendido en otras oportunidades en artículos, ensayos y en un libro publicado en el 2006, La tragedia de la drogadicción: una propuesta, con prólogo de Carlos Alberto Montaner. En una etapa fui partidario de la prohibición, hasta que varios académicos de Cato Institute y, sobre todo, algunos alumnos míos me convencieron de la mayúscula equivocación en la que incurrí. Mi padre era de entrada partidario de la liberalización de las drogas, pero no logró persuadirme, a diferencia de su decidida y manifiesta influencia en mí respecto a los fundamentos de los aspectos filosóficos, económicos y jurídicos del liberalismo —por lo que le estaré eternamente agradecido, puesto que, si no hubiera sido por su paciente y perseverante tarea de “mostrarme otros lados de la biblioteca”, hubiera sido socialista-keynesiano, como en aquella época eran mis colegas de estudios en mis dos carreras universitarias y dos doctorados—.
Hace tiempo, cuando estaba en lo que ahora estimo como la posición equivocada en la materia, mantuve una larga conversación con mi amigo mexicano Agustín Navarro que, como médico y economista, sostenía la conveniencia de liberar el mercado de las drogas. Recuerdo que le pregunté en esa ocasión por qué no publicaba un libro sobre el tema, y me respondió que lo había intentado, pero que desistió en vista de las truculentas amenazas que recibió en su país, a través de varios canales, por parte de los narcos, especialmente, aunque no exclusivamente, referidas a su hija, en ese momento de nueve años. Terminó nuestro intercambio con un comentario un tanto cáustico de mi amigo: “Nada hay más nocivo para los narcotraficantes que se les termine el negocio liberando el mercado”. Luego descubrí que esos mafiosos —después que se levantó la veda al alcohol— fueron los que inventaron y promovieron la prohibición de las drogas, mediante aparatosas estructuras de lobby, tal como lo documenté más adelante en mi referido libro.
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