Tópico de Actualidad agosto 2011

De CEES

Año 52. Agosto del 2011. N.o 1,003

Nota del editor:

Julián Sánchez es académico titular de investigaciones del Cato Institute. En este artículo hace una crítica de la ley SOPA, bajo este sugestivo y realista título. De manera muy clara, el autor denuncia los apoyos a esta ley —que se materializan incluso en la compra de voluntades en la industria del entretenimiento, para proteger también sus intereses económicos— y detalla la oposición que tal instrumento jurídico ha generado. No importa si ahora se "engaveta" o no; lo importante es conocer la tentación permanente de controlar Internet, y las fuerzas a favor y en contra de tal posibilidad. GWM.

EE.UU.: Matando a Internet para salvar a Hollywood

Por Julián Sánchez

Hollywood esperaba como regalo de Navidad que el Congreso aprobara la Ley para detener la piratería en Internet (SOPA por sus siglas en inglés), y la industria ha entregado sacos de efectivo a los legisladores, con la esperanza de que se “porten bien” en materia de derechos de autor.

Pero la ley —que otorgaría poderes al Gobierno estadounidense para que empiece a censurar sitios Web extranjeros— sería un mal regalo para cualquier usuario de Internet.

El propósito de SOPA —y de su contraparte en el Senado, la Ley para proteger la IP— es suficientemente legítimo: combatir a los violadores de derechos de autor y falsificadores que administran sitios más allá de la jurisdicción de las cortes estadounidenses. El problema de esto es el método. Estas leyes le dan al fiscal general el poder de emitir órdenes que obliguen a miles de proveedores de Internet a bloquear supuestos “sitios ilegales”, forzando a los buscadores a redactar sus resultados y exigiendo que las redes de publicidad y los procesadores de pagos corten su relación con ellos.

Conscientes de que al que madruga Dios le ayuda, los partidarios de SOPA han adoptado la resolución de presionar en el propio mes de enero por la aprobación de estas leyes en el Congreso, ignorando los plazos para escuchar la opinión de los expertos sobre las consecuencias no intencionadas de la ley.

Como han indicado en Sandia National Labs los expertos en seguridad cibernética del Gobierno estadounidense, la medida “probablemente no será efectiva”. Cualquiera con algo de conocimiento técnico puede evadir fácilmente los bloqueos propuestos, mediante un sinnúmero de medidas muy simples.

Para los ignorantes en materia de computadoras, hay varias herramientas que requieren un solo clic y ya están circulando. Tal como lo hemos comprobado una y otra vez a lo largo de la última década, cerrar los sitios y servicios piratas a fin de cuentas vale poco para obstaculizar o impedir la piratería.

Pero SOPA no solo sería costosa y fútil: también desalentaría la innovación, interferiría en la expresión legal protegida por la Primera Enmienda y —como los nerds en Sandia lo han dicho—“afectaría de manera negativa a EE.UU., a la seguridad cibernética y a la funcionalidad de Internet a nivel global”.

Con SOPA, cualquier sitio extranjero que permitiese a los usuarios cargar —o incluso únicamente conectarse— contenido tendría que temer ser calificado por error de “sitio ilegal”, ser clausurado y ser asimismo privado de ingresos, hasta poder comprobar su inocencia en una corte estadounidense. Ese es el tipo de riesgo que hace que los inversionistas salgan corriendo y la razón por la cual los empresarios de tecnología están entre los que se han opuesto bulliciosamente a la ley.

Más de 100 importantes académicos constitucionalistas se han sumado a esta oposición. Ellos señalan que bloquear nombres de dominio de sitio Web completos, luego de una audiencia en la que solo se escucha a una parte, inevitablemente dará por terminados los foros de discusiones en los que la expresión legal coexiste con enlaces a contenido violatorio, y bloqueará el acceso de los estadounidenses a sus propios archivos legales, junto con otro material pirateado, como ya hemos visto que ocurre con las actuales autoridades. Tal “circunspección previa” contradice descaradamente nuestras tradiciones en virtud de la Primera Enmienda.

Más preocupante todavía es que SOPA podría conducir a la creación de una sofisticada arquitectura legal y tecnológica para la censura: una sola lista negra de Internet, implementada a lo largo del país. Una vez que esa estructura esté en su lugar, será fácil —demasiado tentador incluso— para las futuras administraciones utilizar esa lista negra con otros propósitos. Los ciudadanos tendrán que confiar en que el Gobierno solo bloqueará los sitios verdaderamente criminales, o unirse a los piratas, evadiendo los bloqueos, para juzgar por sí mismos.

También los ingenieros de sistemas rechazan ley SOPA: los nerds más prominentes que construyeron la Internet moderna nos han advertido que el bloqueo de dominios —y los inevitables esfuerzos por parte de los usuarios para evadirlos— tendría consecuencias impredecibles y perjudiciales para la arquitectura de la red. Stewart Baker, ex funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad Doméstica, ha señalado en la ley un lenguaje que, según él, podría “matar” cualquier esfuerzo costoso y continuo para lograr que Internet sea más seguro.

La misma cláusula “anti-circunvención”, aunque es una broma para los piratas, podría amenazar a los programadores que construyen las herramientas vitales que nuestro propio Departamento de Estado ha promovido y financiado para disidentes que buscan escapar de una censura más agresiva en regímenes como China e Irán. Estos regímenes seguramente estarían encantados de poder señalar que también EE.UU. bloquea sitios extranjeros que considera “peligrosos”.

Estos y otros son parte de los altos costos que hay que pagar por una ley que, en el mejor de los casos, resultaría en un gesto impotente y simbólico en contra de la piratería. Los legisladores deberían ser precavidos y no meterse con una tecnología que ellos mismos admiten que no entienden, y deberían centrarse en medidas orientadas a detener el flujo de dinero hacia los criminales, sin empezar a transitar por el oscuro camino de las listas negras de Internet y firewalls estatales.

Este artículo fue publicado originalmente en New York Post (EE.UU.) el 21 de diciembre del 2011.

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